El nepotismo y la corrupción son dos de los males endémicos que se reproducen desde hace generaciones en Oriente Próximo. Si durante el Proceso de Oslo llegaron a aflorar en el marco de varias iniciativas conjuntas como la del casino de Jericó, en las que algunos dirigentes palestinos e israelíes se repartieron pingües beneficios en detrimento del interés general, todo apunta a que esta disfunción podría extenderse ahora a otros países árabes.
La reciente cumbre de Bahrein, celebrada a finales de junio, que tuvo como ponente principal al exprimer ministro británico Tony Blair ha creado el terreno de cultivo idóneo para que la corrupción se extienda aún más por la región.
Celebrada en Manama en junio, esta iniciativa pretende generar 50.000 millones de dólares para invertir en el desarrollo y prosperidad de la zona (asignando 28.000 a Cisjordania y Gaza, dividiéndose el resto entre Jordania, Egipto y Líbano). Para los veteranos dirigentes de la Autoridad Nacional Palestina (ANP) y de la Organización para la Liberación de Palestina (OLP) que boicotearon la Conferencia, esta iniciativa tiene como objetivo último liquidar la causa nacional palestina. Pasar del axioma de 'paz por territorios' de Oslo al de 'paz por prosperidad'.
En este contexto, las acusaciones de corrupción entre unos y otros se han convertido en la principal arma arrojadiza. “Se trata de un claro intento de que parezca que vivimos dentro de un oasis de lujo y corrupción, a partir de la filtración de documentos que nos presentan como si todos fuéramos ladrones y corruptos”, señala el responsable de Información de Al Fatah, Munir Al-Jaghoub. “Ahora Jason Greenblatt (enviado especial de la Administración Trump) parece muy preocupado por el aumento de sueldo del que se han beneficiado los ministros palestinos, pero, sin embargo, no dice ni una sola palabra sobre los tres casos de corrupción de su amigo Netanyahu”, añade indignado, enfatizando que el primer ministro israelí está siendo investigado desde hace dos años por la Fiscalía General del Estado.
Filtraciones interesadas
En vísperas de la Conferencia de Bahrein, la delegación de la agencia Associated Press en Ramala recibió varios documentos que pusieron en entredicho la transparencia y rendición de cuentas de la ANP. Uno de ellos mostraba cómo en 2017 la Oficina del Presidente palestino, Mahmoud Abás, autorizó un aumento de sueldo de 4.000 a 6.000 dólares mensuales para el Primer Ministro, y de 3.000 a 5.000 para el resto de miembros del Gabinete, en ese momento liderado por el ya dimitido Rami Hamdala. Dicho incremento salarial del 67% tuvo lugar con carácter retroactivo desde la formación de gobierno en 2014, dentro de una coyuntura económica adversa en la que la ANP llevó a cabo importantes recortes entre sus funcionarios civiles y de seguridad (cuyos salarios oscilan entre los 700 y los 1.500 dólares), provocando la ira popular y obligando al Presidente a anular el incremento salarial de los ministros.
“En mi opinión, los sueldos de los ministros se mantuvieron bajos durante mucho tiempo, por lo que el incremento tenía su lógica”, explica la corresponsal para asuntos palestinos del diario Haaretz, Amira Hass. “Las personas con talento se están marchando a trabajar para compañías internacionales y no para la burocracia estatal de la ANP. El hecho de que los salarios sean bajos es una de las razones por esta fuga de cerebros”, continúa Hass, una de las mejores conocedoras de la realidad palestina. Aún consciente de que el nepotismo y la corrupción corroen el sistema político, la israelí anima siempre a los observadores externos a proceder con cautela y a contrastar de forma rigurosa las múltiples acusaciones que circulan por las redes sociales.
“Recuerdo una filtración que leí en Facebook que decía que el nieto de Abás, de 5 años de edad, había recibido un pasaporte diplomático de la ANP. ¿Pero es verdad o es falso?”, se pregunta Hass. “La gente de Mohamed Dahlán (importante dirigente político palestino —y rival de Abás— que fue expulsado en 2010) probablemente filtra muchas de estas acusaciones, ya que la gente del Presidente extiende a su vez acusaciones incriminatorias contra ellos”, agrega. “¿Qué creer?, es difícil saberlo ya que no existe una tradición de periodismo de investigación palestino”, concluye Hass en entrevista con eldiario.es.
“Lo cierto es que Abás y sus hijos no dejan de incrementar su riqueza”, acusa el fundador del nuevo partido Reforma y Desarrollo, Ashraf Jabari, quien precisamente ha encabezado la delegación de 15 hombres de negocios de Cisjordania que optó por hacer caso omiso al boicot impulsado desde la ANP contra la Conferencia de Bahrein. “La Comisión Anticorrupción no es más que una cortina de humo para esconder los escándalos y satisfacer a la UE”, añade Jabari, quien reclama durante una de las entrevistas del documental 'Terror, Racket and Corruption' que el bloque comunitario debería poner en marcha una auditoría de las cuantiosas donaciones entregadas a la ANP desde 1994, “que pondría en evidencia cómo han desaparecido miles de millones de dólares del erario público”. Una cinta en la que su director magnifica las acusaciones de corrupción, presentándola como un fenómeno generalizado que reparte de forma desigual la riqueza no sólo en Cisjordania, sino también en la Franja de Gaza.
Los sospechosos habituales
El principal sospechoso de la corrupción palestina es el ex-director del Servicio de Seguridad Preventiva en la Franja de Gaza, Mohammed Dahlán, posiblemente el político que más polémica y polarización social ha generado durante estos últimos años, dado que era uno de los principales candidatos para asumir la presidencia de la ANP –de hecho, el favorito de la comunidad internacional–, pero cayó en desgracia cuando Abás sintió que estaba conspirando contra él. Desde entonces, Dahlán reside exiliado en los Emiratos Árabes Unidos (EAU) y se le atribuye una riqueza de más de 100 millones de euros, acumulados a partir de la inversión de los beneficios que le reportaron los sobrecostes que recaudaba en los pasos fronterizos de la Franja.
Igualmente el antiguo asesor personal de Yaser Arafat, Mohammed Rashid, se convirtió en persona non grata en Palestina después de vaciar las arcas gubernamentales y trasladar su centro de operaciones desde Ramala a El Cairo, y de ahí a Londres. El fiscal general de la Autoridad Nacional, Ahmed al Mughani, imputó al escurridizo Rashid, que fue juzgado in absentia por el Tribunal Anticorrupción en junio de 2012 y condenado a cumplir 15 años de prisión y a pagar una multa de 15 millones de dólares, además de devolver otros 34 millones de dólares esquilmados del Fondo de Inversiones Palestino. Al Mughani intentó tramitar una orden de busca y captura a través de Interpol, pero como la ANP no pertenece a la organización al no ser todavía un Estado miembro de la ONU, Rashid continúa viviendo tranquilamente en el exilio y haciendo lucrativos negocios privados con el dinero de todos los palestinos.
Otro sospechoso habitual es el ministro de Asuntos Civiles, Hussein A-Sheikh, sobre el que penden acusaciones de tenencia ilícita de armas (A-Sheikh dispone de una milicia privada en Ramala, aunque no tan numerosa como la que llegó a tener Dahlán en Gaza), corrupción económica y acoso sexual. Acusaciones ante las que el titular la de Comisión Anti-Corrupción, Rafik Al-Natche, siempre se ha puesto de perfil.
Asimismo, el ministro de Exteriores, Riad Malki, tiene varios expedientes abiertos por supuestos casos de corrupción en varias de sus Embajadas y por uso fraudulento de pasaportes diplomáticos. La Fiscalía nunca ha llegado a actuar contra Malki dado que cuenta con el favor del presidente Abás, lo que le ha permitido retener su cartera de forma indefinida.
Combatiendo la corrupción
El complejo entramado institucional que funciona en Cisjordania –en el que interseccionan las estructuras de Al-Fatah con las de la OLP y a su vez éstas con las de la ANP, a pesar de que luego cada una tenga sus propios presupuestos y donantes– dificulta la articulación de mecanismos eficaces de control y prevención. Así, Palestina no tiene una rama nacional de la ONG especializada Transparencia Internacional (a diferencia de Israel, que tiene la oficina en Tel Aviv, dirigida por Heli Olami). En cambio, sí dispone de una organización asociada conocida bajo el nombre de AMAN, Coalición para la Transparencia y la Integridad.
A pesar de que durante el mandato de Abás “la ANP se ha dotado de una serie de instrumentos institucionales específicos para combatir la corrupción –tales como la Comisión Anticorrupción, el Tribunal Anticorrupción, la sección de delitos económicos de la Fiscalía General del Estado, el Consejo del Poder Judicial y la figura de un Ombudsman de todas las fuerzas de seguridad con la capacidad de investigar cualquier tipo de alegación presentada contra ellas– al final todas quedan subordinadas al poder Ejecutivo”, apunta el director de la coalición AMAN, Mahdi Abu Zeid. “A esto se une el hecho de que el Consejo Legislativo no funciona desde 2007, por lo que tampoco hay un control parlamentario al Gobierno”, resalta.
Desde AMAN consideran que la solución al problema pasa por “el desarrollo e implementación de un plan nacional con la participación de todos los actores implicados en la lucha contra la corrupción, que debería ser liderado por la Comisión Anticorrupción y articular un sistema eficaz de evaluación con indicadores inteligentes, además de la urgente necesidad de introducir una mayor transparencia en la gestión del presupuesto público”, añade Abu Zeid. Un plan que debería contar también con la participación de los donantes, especialmente la UE, haciendo valer el popular axioma de la Ley de Mahoma: tan culpable es el que da como el que toma.