La Corte Penal Internacional (CPI) ha emitido las órdenes de detención solicitadas en mayo por el fiscal del tribunal, Karim Khan, contra el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, y su antiguo ministro de Defensa, Yoav Gallant, por crímenes de guerra.
“Este es el día que tanto he soñado. Como romántico abogado revolucionario creí en el Estado de derecho y en la dignidad del hombre. Haremos que los criminales israelíes rindan cuentas como se merece”, dice a elDiario.es Raji Sourani, abogado palestino y uno de los principales impulsores del caso en la Corte Penal Internacional. Durante años, Sourani se ha reunido en varias ocasiones con Khan y reprocha a la Corte no haber actuado antes.
Las órdenes de detención están clasificadas como “secretas”, sin embargo, el tribunal ha hecho pública parte de la información porque “al parecer, se están llevando a cabo conductas similares a las contempladas en la orden de detención”, sostiene la Corte Penal Internacional en un comunicado. “Además, la sala considera que redunda en interés de las víctimas y de sus familiares que se les ponga en conocimiento la existencia de las órdenes de detención”.
“Con respecto a los crímenes, la sala ha encontrado motivos razonables para creer que Netanyahu y Gallant tienen responsabilidad criminal por los siguientes crímenes: el crimen de guerra de inanición como método de guerra; y los crímenes de lesa humanidad de asesinato, persecución y otros actos inhumanos”, sostiene el comunicado.
Netanyahu ha dicho que las acusaciones contra él son “absurdas y falsas” y ha rechazado la orden emitida por la CPI. “La decisión antisemita de la CPI equivale al moderno juicio a Dreyfus, y también terminará así”, ha asegurado.
Los jueces también creen que hay “motivos razonables” para pensar que ambos líderes políticos israelíes tienen “responsabilidad criminal” como superiores civiles para crimen de guerra de “atacar directa y deliberadamente a la población civil”.
El tribunal considera que también hay motivos razonables para pensar que ambos “negaron a sabiendas e intencionadamente a la población civil de Gaza elementos indispensables para su supervivencia, incluida la comida, el agua y suministros médicos”. El comunicado del tribunal sostiene que cuando esa asistencia humanitaria se produjo “fue una respuesta a la presión de la comunidad internacional o solicitudes de EEUU”, no por cumplir sus obligaciones del derecho internacional humanitario.
Los jueces consideran que esa estrategia “creó las condiciones de vida pensadas para acabar con parte de la población civil y resultó en la muerte de civiles, incluidos niños, por malnutrición y deshidratación”.
“La sala no ha podido determinar que se cumplieran todos los elementos del crimen de lesa humanidad de exterminio. Sin embargo, sí ha determinado que existen motivos razonables para creer que se cometió el crimen de lesa humanidad de asesinato”, señala la CPI, que recuerda que la falta de suministros médicos “obligaron a los doctores a operar a personas y llevar a cabo amputaciones, incluido en niños, sin anestesia”.
Lo Corte justifica el “crimen de persecución” argumentando que “la población fue atacada en base a razones políticas y/o nacionales”.
Más de 44.000 palestinos han muerto en Gaza desde octubre de 2023 y miles se encuentran bajo los escombros, según las autoridades locales, que denuncian que Israel ataca viviendas y edificios en los que se cobijan los desplazados, así como los campos de tiendas de campaña en los que se han reubicado.
La Sala de Cuestiones Preliminares también ha rechazado por unanimidad las impugnaciones presentadas en septiembre por Israel, que negaba la jurisdicción de la CPI sobre la situación en el Estado de Palestina en general, y sobre los ciudadanos israelíes en particular.
El 1 de enero de 2015 el Estado de Palestina aceptó la jurisdicción de la CPI para hechos ocurridos desde junio de 2014 y en marzo de 2021 finalmente el fiscal anunció la apertura de una investigación.
El presidente israelí, Isaac Herzog, ha criticado la decisión, calificándola de “hazmerreír universal”. “La decisión ha elegido el lado del terror y el mal frente a la democracia y la libertad, y ha convertido el propio sistema de justicia en un escudo humano para los crímenes contra la humanidad de Hamás”, sostiene el presidente.
Por su parte, el ministro de Seguridad Nacional, el ultraderechista Itamar Ben-Gvir, también se ha referido al anuncio del tribunal, proponiendo una anexión ilegal de todo el territorio palestino: “La respuesta a las órdenes de detención: aplicar la soberanía sobre todas las zonas de Judea y Samaria [Cisjordania] y asentamientos judíos en todo el territorio”.
El alto representante de la UE para la política exterior, Josep Borrell, ha recordado que esta decisión de la CPI es “vinculante para todos los Estados parte del tratado, incluidos todos los miembros de la UE”.