“¿Dónde vas? ¿Crees que eres un tipo duro?”. Cristian Herrera, cocinero greco-chileno, caminaba por la calle en Exarjia, Atenas, cuando se cruzó con un grupo de antidisturbios. Desde la llegada al poder del partido conservador Nueva Democracia, este barrio de tradición libertaria ha cambiado: la policía, antes situada en los márgenes, está permanentemente apostada en muchas de sus esquinas.
Él no contestó. Al cabo de unas horas, volviendo a casa, pasó por el mismo sitio. “Corrieron detrás mío, me agarraron y me pusieron en una esquina, oscura. Me levantaron la camiseta, comentaron mis tatuajes. Me pusieron las manos en la ropa interior, para ver si llevaba algo. Me retuvieron como 10 minutos, intimidándome”, denuncia Herrera. “No tenían razón para pararme, lo hicieron porque podían”, señala.
Las denuncias de actuaciones violentas o arbitrarias por parte de la policía se han convertido en una tendencia creciente en Grecia en las últimas semanas. Algunas implican a personas muy jóvenes. Una chica de 22 años que fue sorprendida al salir de la universidad o un chico de 20 años que esperaba en la parada del bus han afirmado a los medios locales haber sido obligados a desnudarse en sitios como parkings o baños de restaurantes en presencia de los agentes.
“La brutalidad policial parece ser parte de un plan más general que se vale de la demostración de arbitrariedad para infundir miedo entre los ciudadanos y alimentar la creencia de la impunidad policial”, cuenta Niki Georgiou, abogada y miembro del recién creado “Equipo de Ayuda Legal”, cuyo objetivo es monitorear este tipo de casos.
Para contrarrestar las crecientes críticas, el Gobierno impulsó a finales de noviembre la creación de una Comisión para Investigar la Violencia Policial, bajo el paraguas del Defensor del Pueblo. Sin embargo, su presidente, Nikos Alivizatos, nombrado por el Ejecutivo, lamentó recientemente en una carta enviada al ministro de Protección Ciudadana que su presidencia “coincida con un aumento en los casos de violencia policial arbitraria” y advirtió que “la creación de esta comisión no puede actuar como una coartada”. El ministro, por su parte, defendió las actuaciones policiales y las enmarcó dentro de la legalidad.
eldiario.es ha contactado con el Ministerio de Protección Ciudadana para contar con su visión pero han declinado hacer comentarios.
El Gobierno también ha reorganizado el cuerpo de policía y ha creado unidades nuevas, como los Panteras Negras: fuertemente armados, uniformados en negro y desplegados en estaciones de transporte concurridas. También ha reactivado otras unidades especiales como la Drassi -antes Delta- a la que el anterior ministro de Protección Ciudadana, Nikos Toskas, desmanteló por ser los “hooligans de la Policía”, según declaró el pasado sábado en un canal de televisión griego.
Un chivo expiatorio
El barrio donde Cristian Herrera sufrió el episodio relatado con la policía, Exarjia, es uno de los epicentros de la vida política y el movimiento ‘okupa’ en Atenas. En este céntrico vecindario, el Gobierno de Kyriakos Mitsotakis ha focalizado buena parte de la estrategia “ley y orden”, concepto acuñado por la oposición y los medios. Para Yanis Almpanis, activista local, el Gobierno usa este barrio “como chivo expiatorio para toda Atenas”.
El pasado miércoles, el Ayuntamiento instaló un árbol navideño en la plaza principal. Fue pasto de las llamas en pocas horas. “Nadie puede quemar la Navidad”, afirmó el alcalde Kostas Bakoyannis, sobrino de Mitsotakis, cuando se volvió a colocar el adorno, que sería quemado otra vez poco después.
Además del despliegue permanente de policía en Exarjia, la estrategia de Mitsotakis se ha plasmado en el desalojo de prácticamente todos los espacios okupados de la zona, donde vivían personas migrantes y refugiadas desde hacía años, muchos tras la emergencia humanitaria de 2015.
“Es una victoria fácil de vender a una sociedad deprimida sin perspectiva de futuro. [El Gobierno] crea una situación inexistente y así se presentan a sí mismos como los que salvarán a la sociedad”, explica Almpanis. El pasado 22 de noviembre, el Gobierno dio un ultimátum para que todos los inmuebles okupados de Grecia fueran abandonados en un plazo de 15 días. Ninguno acató y la respuesta del Gobierno, aunque no inmediata, no se hizo esperar.
Los últimos desalojos se produjeron la semana pasada en el barrio ateniense de Koukaki. Fue una actuación que creó polémica porque, según el relato a los medios locales, la policía intentó entrar a través de una vivienda vecina sin orden judicial previa, los inquilinos se negaron y acabaron esposados y, según declararon, apaleados.
Al día siguiente, el exprimer ministro y ahora líder de la oposición, Alexis Tsipras, interpeló a Mitsotakis en sede parlamentaria y señaló que actuaciones como las de Koukaki “no generan seguridad” pero sí la sensación de vivir “en un país ocupado”.
Solicitantes de asilo sin Seguridad Social
Por otra parte, para el Ejecutivo, la migración también es un tema de seguridad. Sin ir más lejos, suprimió el Ministerio de Migración e integró sus competencias en el de Protección Ciudadana. Mitsotakis ha endurecido la política migratoria y de acogida: en enero de 2020 entrará en vigor una nueva ley de asilo criticada por organizaciones como ACNUR o Human Rights Watch por “dificultar el acceso a la protección internacional”.
La abogada Niki Georgiou afirma que implica una “disminución de los derechos de los refugiados y viola los estándares legales europeos e internacionales al levantar barreras permanentes en el acceso al asilo e incrementa las detenciones y las deportaciones”.
Paralelamente, en los últimos meses el Gobierno ha dejado de expedir el número de la Seguridad Social (AMKA) a solicitantes de asilo hasta que se resuelva su petición, un proceso que por lo general dura varios años. Este número es imprescindible para trabajar legalmente y acceder al sistema sanitario. “Supone una clara violación de sus derechos al trabajo y a la sanidad; la gente con problemas de salud severos no tiene acceso a tratamiento médico o medicinas”, denuncia la abogada.
“Una blitzkrieg contra la sociedad”
blitzkriegNontas S., miembro del centro social Nosotros, también en el barrio de Exarjia, recuerda que la primera medida que promovió el gobierno de Nueva Democracia al llegar al poder fue el endurecimiento de penas del Código Penal. “Todo esto era la pre-organización estatal para preparar esta blitzkrieg [guerra relámpago] contra la sociedad y reducir los derechos sociales y civiles”, afirma.
Quién está al mando de esta estrategia es un viejo conocido de los movimientos: Mijalis Jrisojoidis, antiguo ministro del Interior del PASOK y ahora a cargo del Ministerio de Protección Ciudadana como independiente. Este ministro protagonizó algunas polémicas durante su mandato como ministro del Interior en 2012, entre las cuales destacan el escándalo por la detención de una veintena de prostitutas y la difusión de sus fotos y datos personales.
“Jrisojoidis lo sabe todo de los movimientos, tiene un conocimiento profundo sobre cómo suprimirlos”, subraya Nontas.
El activista Yanis Almpanis, que milita en la Red para los Derechos Políticos y Sociales y que formó parte de Syriza hasta septiembre de 2015, cuando el partido sufrió una escisión al aceptar el tercer rescate de la UE, afirma que la represión actual no es algo nuevo. “Es algo que en Grecia pasa una y otra vez, cuando el Estado se siente inseguro”.
Asimismo, cree que existe cierto componente estructural también, ya que el proceso de democratización de la policía griega nunca ha fraguado del todo. “El hecho de que la Policía actuase como un mecanismo de represión durante y después de la guerra civil (1946-1950) y la dictadura de los Coroneles (1967-1974) es un factor crucial para definir qué es este cuerpo”.
Pero no todo son malas noticias para los activistas: tanto Almpanis como Nontas coinciden en que el cambio de gobierno y la represión, paradójicamente, han revitalizado el movimiento. “La situación actual ha forzado a los movimientos sociales a organizarse mejor, ser más políticos y pensar mejor la estrategia”, afirma Almpanis.
Nontas se muestra optimista porque, cuenta, “después de cinco años de Syriza, que devastaron a los movimientos sociales, ahora nos encontramos en un gran momento. Tenemos gente y esperanza”. Según el activista, el partido de Alexis Tsipras “asimiló todos los movimientos” porque sus principales activos provenían de ellos, lo que implicó la pérdida de músculo de los colectivos.
Las últimas movilizaciones cuentan con más gente, más joven y que se desmarca más de partidos o sindicatos. A la movilización de estudiantes contribuyen tanto la supresión del asilo universitario -decretado en agosto por el Gobierno y que permite la entrada de policía en los campus sin permiso del rector- como la inminente aprobación de una reforma educativa.
“Los jóvenes no tienen esperanza de alcanzar algo mejor en el futuro y esto conlleva descontento, infelicidad y rabia, que a su vez genera movilización”, señala Almpanis. “La mayoría de jóvenes que está ahora en las calles se movilizó después de 2015. No tienen la experiencia del chasco de Syriza. Son muy jóvenes y aún tienen esa rabia dentro”, concluye el activista.