Atacar al Gobierno con todos los medios a su alcance. Esa parece ser la instrucción que han recibido los partidos de la derecha española y que llevan poniendo en práctica toda la legislatura. Este martes habrá un nuevo episodio en la Comisión de Peticiones del Parlamento Europeo, que preside la portavoz del PP, Dolors Montserrat, con un ‘superdebate’ sobre el Estado de derecho y la amnistía en España. La derecha aprovechó la vacante que dejó la ahora ministra Sira Rego para priorizar ese asunto, que representa una preocupación para el 0,6% de los ciudadanos españoles, según el CIS.
Entre los ciudadanos que quieren expresar una queja y formular una petición está la exeurodiputada y exdirigente de UPyD Rosa Díez. En total hay ocho solicitudes en el orden del día del martes que se han incorporado por el procedimiento de urgencia mientras otros, como la queja por la manipulación de la televisión pública gallega, siguen en el cajón.
A lo largo de toda la legislatura ha habido encontronazos en ese organismo entre los representantes españoles. El último fue a raíz de la maniobra de Montserrat para intentar paralizar 45 minutos la reunión y que diera tiempo a los eurodiputados del PP a llegar a un debate para cuestionar la independencia judicial en España. El impulsor era Santiago Alvarez-Baron Stoof, conocido por sus posiciones antifeministas.
En diciembre, las fuerzas progresistas plantaron la misión a Catalunya para evaluar la inmersión lingüistica al considerar que era una utilización por parte de la derecha. Como era de esperar, el viaje sirvió a los grupos de los que forman parte PP y Vox para arremeter contra el modelo.
Otro de los caballos de batalla en esa comisión fue la reforma educativa conocida como ‘ley Celáa’. Hasta cinco peticiones sobre el asunto se debatieron en marzo de 2021 y los grupos de la oposición, que censuraron la normativa, se llevaron un revés de la Comisión Europea, que aseguró que no veía “ninguna violación de ninguna norma de la UE” que pudiera amparar las quejas.
Maniobras contra los fondos europeos y la gestión de la pandemia
Montserrat llegó a retorcer los datos de la Comisión Europea para dar carpetazo a una petición sobre la contaminación en Madrid, un asunto que estaba incluso judicializado y por el que España llegó a estar condenada. “La Comisión Europea ha dicho que el Ayuntamiento [de Madrid, gobernado por el PP] ha cumplido en 2020”, argumentó Montserrat para cerrar el expediente. Sin embargo, lo que decía el Gobierno comunitario era lo opuesto: “Madrid lleva superando los valores límite anuales y horarios de dióxido de nitrógeno de manera continua y persistente desde el año 2010”.
Para entonces, las fuerzas progresistas habían solicitado amparo a la presidencia de la Eurocámara hacía un año y medio por el “uso partidista” que hacía Montserrat de la comisión, pero no tuvo ningún efecto. “En determinados asuntos, especialmente en aquellas peticiones relacionadas con asuntos críticos con la gestión del Gobierno de España, muchas de las cuales vienen auspiciadas por dirigentes y militantes del Partido Popular español, la presidenta de la comisión está basando su criterio en una posición política y no se están siguiendo los criterios de independencia y justicia que deberían regir la actuación de quien preside un órgano como este, que es, al fin y al cabo, la puerta de entrada de los ciudadanos a las instituciones europeas”, expresaban socialistas, verdes y el grupo de La Izquierda en una misiva al entonces presidente, David Sassoli.
Entre los detonantes que les llevaron a mover ficha estaban decisiones como el retraso de una misión al Mar Menor para enviar otra a Euskadi a investigar los crímenes de ETA o el bloqueo por parte de PP, Vox y Ciudadanos, cuyo grupo ha sido el que ha inclinado la balanza durante toda la legislatura, de un debate sobre las violaciones del Estado de derecho en Hungría mientras daban cobijo a quejas sobre la gestión de la crisis de la pandemia en España elaboradas por un exdiputado del PP. Un informe que seguía el mismo espíritu que esa queja, y que se basaba fundamentalmente en recortes de prensa, llegó al comisario de Justicia, Didier Reynders, de mano de Montserrat, que desoyó los informes técnicos del secretariado de la comisión de Peticiones para desestimar otra queja del mismo exdiputado del PP.
Del Comité de las Regiones al TJUE contra la amnistía
Primero fue la pandemia y luego los fondos europeos. Pablo Casado sacó toda la artillería para cuestionar la gestión del Plan de Recuperación y Resiliencia, que supone para España una inyección de 79.800 millones de euros en subvenciones y préstamos por un importe de 83.200 millones y que en buena medida está ejecutado por las comunidades autónomas. Reuniones con embajadores, con los dirigentes de su familia política… Todo sirvió para sembrar dudas, a pesar de que Bruselas ha ido una y otra vez aprobando los pasos que se daban siendo España incluso el alumno aventajado de la UE.
La Eurocámara aprobó el envío de una misión de control de los fondos europeos y durante semanas la derecha política y mediática la aireó como si volvieran ‘los hombres de negro’ a investigar a España. Los eurodiputados, mandatados por la presidenta de la comisión de control presupuestario del Parlamento Europeo, Monika Hohlmeier (PPE), se limitaron posteriormente a pedir un mejor acceso a los datos.
La matraca con los fondos europeos ha vuelto ahora con la amnistía, que se ha convertido en la nueva batalla de la derecha. El PP llegó a comparar a España con Hungría y Polonia y aseguró que los desembolsos están en riesgo, a pesar de que la Comisión Europea no ha dicho, al menos por ahora, nada parecido, se ha limitado a asegurar que analizará el texto una vez que se apruebe y ha formulado una serie de preguntas al Gobierno al respecto en buena medida por las advertencias que los partidos de la derecha habían hecho al comisario de Justicia, Didier Reynders, y la campaña para llenarle el correo de quejas sobre el asunto. El PP también pretende volver a llevar el asunto al Pleno del Comité de las Regiones. Y es que Feijóo se ha encomendado a Europa para frenar la ley de amnistía, pese a las dudas en su partido.
El que ha dado un paso más en este caso ha sido el eurodiputado de Ciudadanos, Adrián Vázquez, que “comentó su preocupación por la deriva del Estado de Derecho en España” en una reunión con el presidente del Tribunal de Justicia de la UE que tuvo lugar el pasado viernes por su condición de presidente de la Comisión de Asuntos Jurídicos de la Eurocámara. “Adrián Vázquez ha compartido también su preocupación por otras cuestiones que dañan al Estado de Derecho en España como el bloqueo del CGPJ, la utilización de la Fiscalía General del Estado o la admisión del ‘lawfare’ en los acuerdos PSOE-Junts, entre otros”, señaló Ciudadanos en un comunicado tras la cita.