Podría ser tentador llamarlo el juicio del siglo si no fuera por la sensación de dejá vu. Esta semana Donald Trump se enfrenta a un juicio de impeachment en el Senado de Estados Unidos. Sí, otro más. Está acusado de instigar una rebelión por alentar a sus seguidores a “luchar” contra su derrota electoral poco antes de que el 6 de enero asaltaran el Capitolio de Estados Unidos. El incidente acabó con cinco fallecidos.
En cierto modo, será una repetición del primer impeachment de hace un año. Una vez más, el propio Trump estará ausente; y, una vez más, dada la actitud sumisa del Partido Republicano, la absolución parece inevitable.
Pero en esta segunda ocasión hay diferencias cruciales. Trump es ahora un expresidente y el primero en ser juzgado por el Senado tras dejar la Casa Blanca. Por ese motivo, será Patrick Leahy, el senador demócrata más veterano con 80 años, quien presida esta vez las sesiones en lugar de John Roberts, el presidente del Tribunal Supremo.
Durante el primer juicio, Trump iba haciendo comentarios por Twitter, pero ahora ha sido expulsado de la plataforma por sus declaraciones incendiarias.
Una secuela más descarnada
Acusado de abuso de poder y de obstrucción al Congreso, aquel juicio se basó en tratar de establecer si los documentos y los registros telefónicos demostraban presiones al presidente de Ucrania para que abriese una investigación contra Joe Biden. La secuela, sin embargo, promete ser más descarnada y visceral.
El proceso se desarrollará en la escena del crimen: la sagrada cámara del Senado invadida por los alborotadores, entre los que había grupos de supremacistas blancos. Se espera que los nueve demócratas a cargo de la gestión del impeachment aporten nuevos vídeos y testimonios presenciales que evoquen claramente el terror sentido por los miembros del Congreso cuando se atrincheraron en las oficinas temiendo por sus vidas.
“Si los demócratas hacen lo que se está diciendo y presentan pruebas visuales, será la primera vez que se vea algo así en un juicio en el Senado”, dice Charlie Sykes, fundador y editor del sitio web Bulwark. “Va a ser una narración gráfica de los preparativos, la agresión, la violencia y el alcance de la amenaza y va a ser muy difícil minimizarlo, sobre todo porque cada uno de esos senadores fue, de alguna manera, testigo de lo ocrrido”.
“Realmente creo que va a ser más potente de lo que algunos esperan. El resultado está cantado, no me hago ilusiones sobre eso, pero teniendo en cuenta la forma en que se han ido acumulando pruebas en las últimas semanas, espero que sea algo sobrecogedor”, dice.
La mitad de los juicios políticos
Sólo ha habido cuatro impeachments presidenciales en la historia de Estados Unidos y Trump es responsable de la mitad. El segundo proceso comenzó en enero con una votación en la Cámara de Representantes en la que fue acusado de incitar a la violencia contra el Gobierno de Estados Unidos –todos los demócratas y 10 congresistas republicanos votaron a favor–.
Eso preparó el terreno para el juicio que ha comenzado esta semana. Los documentos jurídicos presentados por ambas partes ofrecen una previsualización de la pelea que se avecina. Los fiscales de la Cámara sostienen que Trump fue “responsable a título individual” del asalto al Capitolio –en un momento en que se estaba certificando la victoria electoral de Biden–, por “crear un barril de pólvora, encender la cerilla y luego buscar su propio beneficio en la confusión resultante”.
Los fiscales argumentan que sería “imposible” imaginar un ataque como el que se produjo sin Trump agitando a la multitud hacia la “histeria”. Este es el mismo argumento que ha expresado Liz Cheney, congresista republicana por Wyoming, cuando se rebeló contra la línea del partido y votó en favor del impeachment.
La defensa del expresidente
En un escrito de 14 páginas donde la palabra “negó” o “niega” aparece en unas 29 ocasiones, el equipo jurídico de Trump, montado apresuradamente, sostiene que no se puede responsabilizar al expresidente porque nunca incitó a nadie a “tener un comportamiento destructivo”. Los “responsables” del ataque están siendo investigados y procesados, alega.
Pero el escrito de la acusación abunda en detalles del miedo que sintieron los políticos y sus asistentes durante el asalto. “Algunos congresistas llamaron a sus seres queridos por miedo a no sobrevivir al asalto de la turba insurrecta del presidente Trump”, dice el escrito.
La angustia que sintieron ha quedado clara estos últimos días, con el recuerdo de los traumáticos sucesos del 6 de enero que las representantes Alexandria Ocasio-Cortez y Rashida Tlaib hicieron durante sus discursos en la Cámara. Tlaib rompió a llorar mientras suplicaba a sus colegas: “Por favor, por favor, tomen en serio lo que ocurrió el 6 de enero, llevará a más muertes y podemos hacerlo mejor”.
Según los demócratas a cargo de la gestión del impeachment, el comportamiento de Trump no sólo “puso en peligro la vida de todos y cada uno de los miembros del Congreso”, sino que también puso en peligro “la transición de poder pacífica y la línea de sucesión”. En su escrito detallan las amenazas contra el entonces vicepresidente Mike Pence y contra Nancy Pelosi, presidenta de la Cámara de Representantes, mientras la turba pro-Trump iba de “caza” contra ellos. En las imágenes de vídeo se escucha a algunos corear: “¡Ahorquen a Mike Pence!”, a quien acusan de traidor por negarse a anular el resultado electoral.
Pero por escalofriantes que sean las pruebas, el equipo de Trump niega que el caso sea jurisdicción del Senado porque ya no está en el cargo y es un ciudadano privado. Los demócratas rechazan esa argumentación basándose en el antecedente de William Belknap, un secretario de Guerra que dimitió en 1876 y después fue sometido a un juicio político en la Cámara de Representantes y otro en el Senado.
También argumentan que la Constitución permite explícitamente al Senado inhabilitar a un exalto cargo condenado para que no ejerza nuevas responsabilidades en el futuro, un asunto clave teniendo en cuenta que Trump no ha descartado presentarse de nuevo a la presidencia en 2024.
Sin embargo, parece probable que la defensa logre la absolución de Trump impugnando la constitucionalidad del juicio. En el Senado, 45 de los 50 republicanos ya votaron en ese sentido en un intento de terminar el juicio antes de que comenzara, incluido el líder de la minoría, Mitch McConnell.
Para condenar a Trump haría falta una mayoría de dos tercios en el Senado. En la cámara de 100 miembros, eso significa que 17 republicanos tendrían que sumarse a los 50 demócratas, pero la mayoría de los republicanos ha demostrado una y otra vez su lealtad a Trump y su temor a posibles represalias de la base electoral del magnate.
“Es posible que al final consigas siete u ocho republicanos votando a favor de una condena, pero [los republicanos] son débiles y tienen miedo de perder su pequeño y preciado escaño”, dice el expresidente del Comité Nacional Republicano Michael Steele. “‘Que se joda el país, voy a seguir siendo senador, tengo que ser reelegido’… Eso es lo más importante para ellos. Sacrificarían a su madre para mantener el escaño: a eso se reduce todo”.
Aun así, sigue habiendo cierto suspense en torno a las posibles presiones de Trump para que su equipo jurídico siga con “la gran mentira” de las elecciones robadas. A lo largo de dos meses, sus infundadas declaraciones de fraude electoral han sido rechazadas por los tribunales, las autoridades estatales y su propio fiscal general.
El escrito de la defensa se sirve de la primera enmienda (que protege la libertad de expresión) para afirmar que Trump tenía derecho a “expresar su creencia de que los resultados electorales eran sospechosos”. Pero insistir con ese tema en el juicio podría terminar siendo un espectacular gol en propia puerta porque haría más complicada su defensa a los republicanos.
“Si presentan eso como argumento, no podrán ser tomados en serio”, comenta Steele. “En verdad, estarían mintiendo, presentando pruebas falsas; si hacen la acusación y yo soy senador, les diría 'a ver, muéstrenme la prueba', ¿quieren decir que ustedes tienen pruebas que no tuvieron 60 tribunales ni el Tribunal Supremo?”.
El público clave: barrios residenciales de la periferia
Una figura clave en el juicio será el profesor de Derecho Constitucional Jamie Raskin. Pese a ser un miembro relativamente nuevo de la Cámara, se ha destacado como uno de los principales responsables en la gestión del impeachment. Su hijo Tommy se suicidó en Nochevieja, a los 25 años. Estudiaba Derecho en Harvard y luchaba contra la depresión. “No voy a perder a mi hijo a finales de 2020 y mi país y mi república en 2021”, dijo Raskin a la CNN en enero.
Raskin ha pedido que Trump, que ahora vive en su lujosa finca de Florida, declare bajo juramento en el juicio. Pero Bruce Castor y David Schoen, los abogados del expresidente, rechazaron la petición con el argumento de que era un “truco publicitario”. Aún no está claro si los fiscales podrán llamar a declarar a otros testigos, como los agentes de policía aún en recuperación por las graves heridas sufridas.
El impeachment es forzosamente un juicio político y el hecho de que todo el proceso sea dirigido por Leahy, un demócrata, y no por el neutral presidente del Tribunal Supremo, sólo puede significar más fuego cruzado entre los senadores, siempre pensando en las próximas elecciones.
“El público clave de este juicio, si es que hay uno, es el formado por los votantes en los barrios residenciales de la periferia. Abandonaron a los republicanos en las presidenciales y los abandonaron en la segunda vuelta de las elecciones al Senado en Georgia”, dice Wendy Schiller, profesora de Ciencias Políticas en la Universidad de Brown en Providence, Rhode Island.
“Si los demócratas pueden ganar terreno con esos votantes vinculando a los actuales senadores republicanos con Donald Trump en los próximos dos años, eso les ayudaría a mantener el Senado y esa es la razón por la que este juicio está ocurriendo”, explica.
“Se puede entender por qué la Cámara abrió el impeachment contra Donald Trump”, dice Schiller. “En primer lugar, porque todavía estaba en el cargo; y en segundo, para proteger al país contra cualquier abuso de poder que pudiera cometer en los diez días entre el juicio político y el 20 de enero. [Pero] es muy difícil argumentar que este juicio signifique algo”.
Traducido por Francisco de Zárate.