La imagen es impactante. Un visiblemente envejecido Julian Assange, con una tupida barba blanca y gesto de desesperación, es arrastrado fuera de la embajada de Ecuador en Londres por la policía metropolitana de la capital británica. Tras casi siete años asilado en la misión diplomática, el ciberactivista australiano fue entregado este jueves a Scotland Yard, que lo arrestó tras una petición de extradición de Estados Unidos.
De esta forma, Ecuador ha pasado de defender la integridad y el legado del creador de Wikileaks, que en 2010 reveló documentos clasificados de Washington sobre las guerras de Irak y Afganistán, a considerarlo una piedra en el zapato para su política exterior.
En un vídeo publicado en su cuenta de Twitter, el presidente del país andino, Lenín Moreno, aseguró que “la paciencia del Ecuador ha llegado a su límite”. Las reiteradas intromisiones de Assange en los asuntos internos de países como España o Estados Unidos fueron la razón fundamental del distanciamiento entre el activista y el Gobierno ecuatoriano, que le concedió asilo en 2012 bajo el mandato de Rafael Correa.
En su alegato, Moreno se quejó de haber heredado esta situación de su antecesor, con quien ha mantenido una agria disputa política desde que llegó a la presidencia en 2017. A pesar de alcanzar el poder con el apoyo de Correa, de quien fue vicepresidente entre 2007 y 2013, Moreno acometió un proceso de 'descorreización' del Estado del que no ha escapado la política exterior ecuatoriana.
El apoyo al autoproclamado presidente de Venezuela, Juan Guaidó, o la reciente retirada de la UNASUR, organización impulsada por dirigentes como Hugo Chávez, Néstor Kirchner o Lula, son prueba de ello. A través de un mensaje en Twitter, Correa calificó a su exdelfín Moreno como “el traidor más grande de la historia ecuatoriana y latinoamericana”.
La decisión de conceder el asilo diplomático a Assange, que desde finales de 2017 y hasta este miércoles también contaba con nacionalidad ecuatoriana, se enmarcó dentro del distanciamiento de Correa y otros líderes progresistas latinoamericanos con respecto a Estados Unidos, tradicional gendarme de la región. El ciberactivista alegaba que EEUU le quería llevar ante la justicia por las filtraciones de Wikileaks y el entonces presidente ecuatoriano le ofreció asilo en su embajada en Londres.
El fin del mandato de Correa y el viraje llevado a cabo por Moreno puso en duda la continuidad del estatus de protección otorgado al australiano, que era reclamado por Suecia debido a una acusación de delitos sexuales.
La precaria situación de Assange en la Embajada empeoró tras la revelación por parte de Wikileaks de correos electrónicos del Partido Demócrata en el marco de las elecciones estadounidenses en 2016. Más tarde, los tuits del activista defendiendo la independencia de Cataluña y criticando al Gobierno español tensaron aún más la cuerda. Quito decidió cortar las comunicaciones de Assange e implementar un estricto protocolo de conducta que limitaba las visitas que podía recibir en la legación diplomática. Además, entre las medidas impuestas se especificaba que el activista debía hacerse cargo de la limpieza del baño y mejorar las condiciones de higiene de su gato. La situación llegó a ser tan tensa que, en diciembre del pasado año, Moreno invitó públicamente a Assange a abandonar la Embajada.
Finalmente, la revelación de Wikileaks a finales de marzo sobre la investigación que la Asamblea de Ecuador estaba llevando a cabo sobre un supuesto caso de corrupción contra Lenín Moreno fue la gota que colmó el vaso. La trama respondía a los conocidos como INA Papers, que vinculan al presidente latinoamericano con la compra de una casa en España a través de una empresa offshore con sede en Panamá.
Las críticas contra Assange se multiplicaron y el tema de los gastos derivados de su asilo se convirtió en asunto recurrente en la opinión pública del país andino, que identificaba al australiano con la década correísta. Entre 2012 y 2018, Ecuador gastó 5,5 millones de euros en la seguridad y manutención del hacker, según datos oficiales.
El acercamiento de Moreno a Estados Unidos, puesto de manifiesto con las visitas de Paul Manafort, jefe de campaña de Donal Trump, y Mike Pence, vicepresidente norteamericano, así como el reciente acuerdo firmado con el Fondo Monetario Internacional, allanaron el camino para la decisión tomada este jueves.
“La entrega de Julian Assange a la policía británica y su pérdida de estatus de asilado hay que entenderla en el contexto del cambio de orientación de los países latinoamericanos respecto a la geopolítica internacional”, afirma el analista Decio Machado. “En los últimos tres años se ha producido un giro desde una órbita pro-China a un regreso hacia la esfera clásica de la hegemonía estadounidense. No es algo específico de Ecuador, está ocurriendo en Brasil, Argentina y Chile. Y es posible que con las elecciones de este año en Bolivia y Uruguay estos países sigan el mismo camino. Solo dentro de este cambio conservador se entiende el nivel de entreguismo político del gobierno de Lenín Moreno a los intereses estadounidenses”, recalca.
El ministro ecuatoriano de Relaciones Exteriores, José Valencia, anunció este jueves que Reino Unido se comprometió por escrito a no extraditar a Assange a un tercer país en el que pueda ser torturado o condenado a muerte, como es el caso de Estados Unidos. No obstante, Machado no descarta que este compromiso sea incumplido. “El Canciller de Ecuador, que ha negado hasta horas antes que la expulsión de Assange de la Embajada se iba a producir, dice ahora que hay un acuerdo con Londres para no extraditar a Assange a Estados Unidos. Para mí, no tiene ninguna credibilidad”, declara el analista político.
“Evidentemente, la retirada del asilo a Assange es una demanda de los norteamericanos desde hace 7 años, cuando llegó a la embajada. Ahora está en manos de Scotland Yard, pero no sabemos dónde estará mañana”, concluye Machado.
En cualquier caso, la presidencia de Ecuador afirmó poco después del arresto que Assange “no tiene al presente ningún pedido de extradición del que tenga conocimiento el Estado ecuatoriano”. Minutos después, la policía británica confirmó que la detención respondía a una petición estadounidense.