El juicio militar contra la trabajadora humanitaria española Juana Ruiz Sánchez, acusada por Israel de pertenencia a organización ilegal entre otros cargos, ha comenzado este martes después de tres aplazamientos en la Cisjordania ocupada.
“El caso contra nuestra cliente Juana Ruiz es infundado y es parte del esfuerzo de Israel por criminalizar toda actividad y organización humanitaria externa en los territorios ocupados (palestinos)”, ha declarado a Efe su abogado, Avigdor Fledman, antes de la vista.
Ruiz Sánchez, de 62 años, entró esposada y visiblemente cansada en la sala de la cárcel militar de Ofer, en Cisjordania, donde estaba su marido y dos representantes del Consulado General de España en Jerusalén.
Detenida desde el pasado 13 de abril, la trabajadora española ejerce como coordinadora de proyectos en la ONG palestina Comités de Trabajo para la Salud, y hasta mayo no fue acusada formalmente por la Justicia militar.
La española está siendo juzgada por cinco cargos, entre ellos, “pertenencia a una organización ilegal”, “participación en actividades de una organización ilegal” y “formar parte de la junta directiva de una organización ilegal”.
Israel considera que la entidad donde trabaja desviaba fondos a la actividad del Frente Popular para la Liberación de Palestina (FPLP), al que considera terrorista, al igual que la UE y Estados Unidos.
El Ministerio de Exteriores israelí denunció que el FPLP estaría operando una red de organizaciones humanitarias en Cisjordania, entre las que destacó a los Comités de Trabajo para la Salud, cuya directora, Satha Odeh, también fue detenida en julio, junto con el actual contable de la organización, Tayseer Abu Sharbak y el anterior contable, Saeed Abbad.
Estas ONG, según Israel, desvían fondos que países europeos donan como cooperación internacional a través de un mecanismo de fraude, falsificación y tergiversación de documentos.
El pasado jueves, el Alto Representante de la Política Exterior de la Unión Europea (UE), Josep Borrell, señaló: “Hasta la fecha, (la UE) no ha encontrado pruebas fundamentadas de uso indebido o desviación en Palestina”. “Ahora está examinando las recientes acusaciones de las autoridades israelíes al respecto”, argumentó Borrell en respuesta parlamentaria al requerimiento de la eurodiputada, Soraya Rodríguez.
“La UE está perfectamente al corriente del asunto de la ciudadana española Juana Ruiz Sánchez”, aseguró el jefe de la diplomacia europea y añadió que “proporcionar a Ruiz Sánchez unas condiciones de detención adecuadas y garantizar que reciba asistencia consultar y asesoramiento jurídico siguen revistiendo extrema importancia”.
Borrell mostró el compromiso de la UE por seguir “apoyando a las organizaciones de la sociedad civil como contribuyentes esenciales a la buena gobernanza, la protección de los derechos humanos y el desarrollo sostenible”.
Mientras tanto la familia de la trabajadora española ha tenido que abrir una cuenta de recogida de fondos para sufragar los elevados gastos de la defensa jurídica de Juana Ruiz que ha logrado ya obtener el 60% del total necesario.