Pasar de las palabras a los hechos. Es lo que cada vez más líderes internacionales, como Josep Borrell, van poniendo sobre la mesa ante la masacre en Gaza. Y en esa línea se han pronunciado Pedro Sánchez y su homólogo irlandés, Leo Varadkar, que han pedido a la Comisión Europea que lleve a cabo una revisión de los acuerdos comerciales con Israel ante la matanza de la población civil palestina. En una carta remitida a la presidenta, Ursula Von der Leyen, recuerdan que el Acuerdo de Asociación UE-Israel se sustenta en el cumplimiento de los derechos humanos y los principios democráticos por ambas partes.
Los líderes de España (socialista) e Irlanda (de la familia del PP) expresan su preocupación por el incumplimiento del derecho internacional por parte de Israel en su ofensiva sobre Gaza, por lo que piden a la Comisión Europea que analice si el Gobierno de Benjamín Netanyahu está cumpliendo con sus “obligaciones”. “Si considera que ha cometido una infracción, que proponga al Consejo medidas adecuadas para que éste las examine”, señala la misiva. Hace meses que algunos líderes europeos, como el presidente del Consejo Europeo, Charles Michel, o Borrell, ya apuntaron a que el asedio a la Franja de Gaza suponía una vulneración del derecho internacional, pero no se ha hecho nada al respecto. Por el momento la Comisión Europea se limita a hacer acuse de recibo de la misiva.
La intención de Sánchez y Varadkar es que Bruselas elabore un informe sobre el cumplimiento del Acuerdo de Asociación por parte de Israel y que lo ponga sobre la mesa de los 27, que serían los que tendrían la última palabra. Hasta ahora, la reacción de la UE ha sido de mínimos ante las distintas sensibilidades de los estados miembros respecto a Israel. Ni siquiera ha habido consenso en la petición de un alto el fuego que países como Alemania consideran que supondría ir en contra de su derecho a la autodefensa. España e Irlanda han sido, junto con Bélgica, los gobiernos que más han elevado la voz contra Netanyahu, que llegó a acusar a Sánchez y el primer ministro belga, Alexander de Croo, de “apoyar el terrorismo” tras su viaje a Oriente Medio y a abrir una crisis diplomática.
“Estamos profundamente preocupados por el deterioro de la situación en Israel y en Gaza, especialmente por el impacto que el actual conflicto está teniendo en palestinos inocentes, especialmente en niños y mujeres”, señalan Sánchez y Varadkar en la carta remitida a Von der Leyen en la que recuerdan que 28.000 palestinos han sido asesinados, 67.000 heridos y un 85% de la población de Gaza se ha visto obligada a desplazarse.
Una preocupación que va a más con el ataque sobre Rafah. “La ampliación de la operación militar israelí en la zona de Rafah supone una amenaza grave e inminente que la comunidad internacional debe afrontar urgentemente”, agregan los dos líderes, que vuelven a condenar los atentados de Hamás del 7 de octubre, a reclamar la liberación de los rehenes y a apelar al derecho a la autodefensa de Iarael.
“La respuesta debe cumplir los principios de distinción, proporcionalidad y precaución. Es importante destacar que el Derecho Internacional y Humanitario impone una clara obligación a todas las partes, en todos los conflictos, de garantizar la protección de los civiles”, reza el texto: “Los horrendos atentados terroristas cometidos por Hamás y otros grupos armados armados no justifican ni pueden justificar ninguna infracción del Derecho Internacional y Humanitario en la respuesta militar, con las consiguientes consecuencias para la población civil de la región”.
Además de advertir de que la situación humanitaria cada vez está más deteriorada sin que ningún lugar sea ya “seguro” en Gaza, Sánchez y Varadkar aseguran que “toman nota” de la resolución de la Corte Internacional de Justicia que apunta a que apunta a que algunos de los hechos denunciados por Sudáfrica en ese procedimiento entran “en el ámbito de aplicación de las disposiciones de la Convención sobre el Genocidio”. Por eso reiteran la necesidad de un alto el fuego humanitario (una posición que ante la ONU avalaron 17 estados de la UE). Además, aplauden las investigaciones en marcha sobre la presunta colaboración de 13 trabajadores de la UNRWA en los atentados de octubre, pero enfatizan la necesidad de que se siga canalizando ayuda a esa organización.
También insisten en la necesidad de darle una “perspectiva política” al fin del conflicto mediante la solución de los dos estados. “La UE tiene la responsabilidad de actuar para que esto sea una realidad, en coordinación con las partes y la comunidad internacional, incluso a través de una conferencia internacional de paz”, finaliza la misiva.