El Parlamento Europeo quiere que todas las agresiones sexuales en las que no haya consentimiento se consideren violaciones, como estableció la ley del “sólo sí es sí” española. Las comisiones de Igualdad y Justicia han fijado la posición de la Eurocámara para las futuras negociaciones de la directiva contra la violencia machista que impulsó el pasado año Bruselas y en la que situaba el consentimiento en el centro, como años antes había sucedido en España. Los denominados trílogos, en los que se acuerdan las iniciativas con los gobiernos, el Parlamento y la Comisión, serán duros ya que los 27 eliminaron el concepto de consentimiento en su propuesta.
La futura normativa europea establecerá un mínimo común denominador para los delitos relacionados con la violencia machista en lo que tiene que ver con la explotación sexual y el ciber acoso, que son las competencias que tiene la UE. En el caso de las agresiones sexuales, el Parlamento Europeo quiere que desaparezca el criterio de la fuerza como elemento a tener en cuenta a la hora de interpretar la comisión del delito y todo pivota en torno al consentimiento.
La Eurocámara ha fijado una horquilla para las penas, que los estados miembros tendrán que ajustar en sus legislaciones. La pena máxima mínima será de al menos ocho años, que aumentarán a diez en caso de que se den agravantes, como que haya repetición o que la agresión se produzca en grupo. También va más allá que el texto de la Comisión Europea al incluir la mutilación genital intersex, la esterilización forzada, el matrimonio forzoso y el acoso sexual laboral en el listado de delitos relacionados con la violencia machista y, por tanto, bajo el paraguas de la directiva.
Lo que las negociadoras de los grupos socialdemócrata y la izquierda no han conseguido que salga adelante es la penalización del proxenetismo, que es una de las claves para luchar contra la explotación sexual, pero en líneas generales están satisfechas con la posición que mantendrá la Eurocámara en las negociaciones con los gobiernos y la Comisión. La postura ha salido adelante con una amplia mayoría: 71 votos a favor, cinco en contra y siete abstenciones.
“La legislación española ha servido en gran parte como ejemplo. Mucha gente pregunta por qué estamos tan entusiastas con esta directiva si en España ya tenemos una ley,: precisamente para blindar los retrocesos que estamos viendo. Los cambios que se han producido tras los procesos electorales implican retrocesos en esto. Me parece peligroso no que Vox esté en estas posturas sino que el PP esté en estas posturas y haya vendido muy barato abandonar la lucha contra la violencia de género”, expresa en conversación telefónica con elDiario.es la eurodiputada del PSOE Lina Gálvez, que celebra especialmente la inclusión de la figura de Coordinador General de la UE, que funcionará de forma similar a la Delegación del Gobierno contra la Violencia de Género española.
“La UE tiene muy pocas competencias en materia penal por lo que el margen de actuación de la Comisión Europea era ya de por sí limitado. Se parte de la base jurídica de la explotación sexual como eurodelito y se propone incluir los delitos de violación, mutilación genital femenina y algunas formas de ciberviolencia. Sin embargo, es especialmente sorprendente que se pretenda dejar fuera de la Directiva al proxenetismo porque precisamente este delito está directamente relacionado con la explotación sexual de las mujeres”, dice la parlamentaria de La Izquierda, María Eugenia Rodríguez Palop, que lamenta, igualmente, que no se considere un delito denegar el derecho al aborto.
“Ninguna mujer en Europa entenderá o estará de acuerdo con eliminar el sexo sin consentimiento como delito en la directiva. Una violación no tiene que ser violenta: si una mujer no consiente, es violación”, asegura en un comunicado otra de las negociadoras, la eurodiputada del PPE Frances Fitzgerald.
“Al menos 50 mujeres en Europa son asesinadas cada semana, por lo que es una directiva que llega muy tarde, pero que a la vez es totalmente necesaria. Este Parlamento ha hablado alto y claro, ha sido aprobada por amplia unanimidad, solo con los votos en contra de la extrema derecha, que se separa de este gran acuerdo y continúa negando esta terrible realidad”, ha apuntado, por su parte, la eurodiputada de Ciudadanos Soraya Rodríguez.