Marc Tarabella y Andrea Cozzolino. Son los dos eurodiputados bajo la lupa de la justicia belga por la trama de corrupción por los sobornos de Qatar a miembros del Parlamento Europeo que verán próximamente levantada su inmunidad para que la investigación que les afecta continúe la marcha. El procedimiento contra ellos fue distinto que en el caso de la exvicepresidenta Eva Kaili, a quien las autoridades la pillaron en ‘flagrante delito’ al avisar a su padre de la operación para que huyera con una maleta con 150.000 euros. Por eso ella está imputada y en prisión desde el pasado mes de diciembre. Para lo que sí pidió el levantamiento de la inmunidad la Fiscalía fue por otra causa relacionada con el uso de las dietas parlamentarias. El procedimiento, en su caso, tendrá que esperar porque la Eurocámara tiene que aprobar un cambio normativo para que ese organismo tenga capacidad para pedir la inmunidad.
La presidenta de la Eurocámara, Roberta Metsola, ha activado el mecanismo para que se levante la inmunidad a los otros dos eurodiputados socialistas (aunque expulsados ya del grupo) involucrados en el Qatargate. La petición la recibió a principios del mes de enero y este martes lo ha anunciado formalmente en el Pleno que se celebra en Estrasburgo. De esta manera se activa el procedimiento, que pasa ahora a la Comisión de Asuntos Jurídicos (JURI) para que elabore el correspondiente informe, que deberá ser ratificado en la siguiente sesión plenaria. Antes de eso, los afectados pueden declarar ante la comisión. Metsola ha puesto en marcha un procedimiento de urgencia para que la resolución esté lista el 13 de febrero.
Tarabella era vicepresidente de la delegación para las relaciones con la Península Arábiga y miembro de la comisión de investigación sobre la herramienta de espionaje gubernamental Pegasus -que tiene en Marruecos uno de sus principales objetivos-. Tras resistirse porque clama por su inocencia, el viernes renunció a ambos puestos. Su domicilio fue registrado el pasado mes de diciembre y las autoridades sospechan de su relación con el país del Golfo, al que en 2020 viajó invitado sin declararlo a la Eurocámara, como dicen las normas, en 2020, según Politico. Los investigadores también consideran que Cozzolino usó la comisión de investigación sobre Pegasus como infiltrado del reino alauita.
El Parlamento Europeo sigue así dando pasos para intentar salir de la conmoción que supuso el mes pasado el estallido del Qatargate, una rede de sobornos de hasta 1,5 millones de euros en el que están involucrados eurodiputados y exparlamentarios así como asesores. La Eurocámara votará este miércoles el nombramiento de un nuevo vicepresidente que sustituya a la griega Eva Kaili. En principio el puesto tendría que ser para el socialdemócrata luxemburgués Marc Angel, aunque los verdes han lanzado a la francesa Gwendoline Delbos-Corfield. El temor en el grupo socialista es que haya voto de castigo o que puedan funcionar otras alianzas, aunque hay un pacto tácito para el reparto del poder de la Eurocámara que en principio tendría que respetarse.
La presidenta presentó la semana pasada a los grupos sus propuestas para mejorar los controles en el seno de la institución. “No somos una torre de marfil imaginaria”, ha dicho Metsola en el inicio de la sesión este lunes en la que ha dado formalmente a conocer los nombres de Tarabella y Cozzolino. “Cualquier uso o abuso se tienen que tratar de forma fuerte, sistemática y tratar las debilidades. Los eventos de este último mes han llevado a la necesidad de recobrar la confianza”, ha agregado al presidenta sobre el Qatargate antes de resumir someramente los planes que expuso la semana pasada a los grupos y sobre los que van a trabajar en las próximas semanas.
Se trata de 14 medidas entre las que se encuentran la prohibición de pertenecer a grupos de amigos de terceros países, la publicidad de las reuniones que eurodiputados o asesores mantengan con terceros que estén relacionadas con asuntos objeto de debate en el Parlamento o intentar poner coto a las puertas giratorias para que los parlamentarios no puedan ejercer en ningún lobby vinculado a las instituciones en un periodo de tiempo tras dejar el acta. Otra de las iniciativas es impedir que los antiguos parlamentarios tengan acceso directo al Parlamento con una acreditación, como ocurre ahora, y también mejorar el control de personas que acceden para que, además ir acompañadas por quien las acredita, tengan que declarar el motivo de la visita. También reforzar las sanciones por el incumplimiento de las reglas o la declaración de regalos o los viajes son algunas de las propuestas para mejorar la transparencia.
Metsola dio de margen a los grupos hasta este miércoles para que le presenten otras medidas y, a partir de ahí, designar a un grupo de trabajo que eleve una propuesta. Algunas de las cuestiones que están sobre la mesa se pueden activar de forma automática, dado que son administrativas, pero otras requerirían cambios en el reglamento de la Eurocámara.
La mayoría de los grupos consideran que el borrador de Metsola es insuficiente y reclaman más ambición. La creación de un organismo ético que vigile la actuación de los parlamentarios y de la Eurocámara es una propuesta común de varios grupos así como la protección de los denunciantes. Otro de los puntos coincidentes es la exigencia de reforzar el registro de transparencia para que no pueda participar ningún lobby sin formar parte del mismo.
“Los flujos de financiación externos, incluidos los procedentes de terceros países, a organizaciones que figuran en el Registro de Transparencia de la UE deberán verificarse periódicamente”, plantean los socialistas y demócratas. Es una medida similar a la que defienden Los Verdes, que también apuestan por que los eurodiputados tengan que declarar su patrimonio antes de iniciar el mandato y al concluirlo.
“Para combatir la corrupción en el Parlamento Europeo pedimos la protección de los denunciantes y un organismo ético independiente. Las reglas de transparencia tienen que ser reforzadas y aquellos que las vulneren sean sancionados en consecuencia”, señala Martin Schirdewan, del Grupo la izquierda europea.
Renew Europe, el grupo en el que está integrado Ciudadanos, plantea, además, un código de conducta interinstitucional, es decir, que aplique tanto al Parlamento como a la Comisión o el Consejo. El PP europeo quiere aprovechar que se abre el ‘melón’ de la reforma reglamentaria para cuestionar las ‘urgencias’, unos debates que se introducen a última hora en los plenos del Parlamento Europeo sobre asuntos de actualidad y sobre los que los grupos se deben posicionar.