El eurodiputado socialista belga Marc Tarabella ha sido imputado y puesto bajo arresto este sábado por supuesta corrupción pública, blanqueo de capitales y pertenencia a organización criminal en el marco de la investigación sobre presuntas injerencias de Qatar y Marruecos en las decisiones del Parlamento Europeo.
La Fiscalía belga ha informado de la imputación y la detención provisional de Tarabella, de 59 años, la cuarta persona detenida en relación con este caso, por supuestamente haber facilitado la injerencia de Qatar y Marruecos en las decisiones del Parlamento Europeo, recogen medios locales.
La semana pasada la Eurocámara había retirado la inmunidad parlamentaria tanto a Tarabella como al italiano Andrea Cozzolino, también socialdemócrata, quien por su parte fue detenido y puesto en prisión preventiva el viernes en una clínica de Nápoles (sur de Italia), siguiendo una orden de arresto europeo de las autoridades belgas.
El hecho de que se haya levantado la inmunidad parlamentaria a ambos diputados permite a los investigadores realizar cualquier acto procesal, en particular registrar su domicilio, interrogarles y, en su caso, llevarlos ante el juez de instrucción.
Registros de la Policía
La Policía belga llevó a cabo el viernes nuevos registros en la casa y la oficina de Bruselas de Cozzolino, así como en el ayuntamiento de Anthisnes (este de Bélgica), ciudad de la que es alcalde Tarabella, quien ha sido interrogado este sábado por segundo día consecutivo, tras pasar la noche en la celda.
La Policía también abrió el viernes una caja fuerte que Tarabella había alquilado en un banco de Lieja, según el diario “Le Soir”, que ha recordado que su domicilio ya había sido registrado el pasado diciembre.
El abogado de Tarabella, Maxime Toller, ha dicho este sábado a la cadena pública francófona RTBF que su cliente “respondió a todas las preguntas de los investigadores con franqueza y en un ambiente tranquilo”.
“No se presentaron nuevos elementos para corroborar las acusaciones de transmisión de dinero, ni se presentó nada nuevo”, ha afirmado, y ha asegurado que las únicas pruebas contra su cliente es lo que haya declarado Pier Antonio Panzeri.
Las declaraciones de Panzeri
Panzeri está considerado el epicentro de la trama corrupta y hace unas semanas alcanzó un acuerdo con la justicia por el que comenzó a tirar de la manta a cambio de una rebaja en su futura condena. Más allá de las sospechas que desde el inicio tienen los investigadores, el exparlamentario italiano apuntó directamente a Tarabella.
“Basta la difamación de una persona, reconocida como jefe de una organización criminal, para provocar tal tsunami y mancillar injustamente al señor Tarabella”, ha señalado el letrado.
Según ha indicado, Tarabella “sigue afirmando su inocencia” y que “nunca recibió dinero ni regalos a cambio de favores”.
Panzeri habría admitido el pago a Tarabella de entre 120.000 y 140.000 euros en varios plazos por su ayuda en casos relacionados con Qatar.
El escándalo del Qatargate
El procedimiento contra estos dos eurodiputados ha sido más lento debido a la prerrogativa de la inmunidad de la que gozan. En el caso de la entonces vicepresidenta de la institución y socialdemócrata griega Eva Kaili sí pudo ser detenida —y permanece en prisión provisional desde diciembre— porque la Policía pudo alegar que la pilló en “flagrante delito” al avisar de la redada a su padre, que trató de huir de un hotel en Bruselas con una maleta cargada de billetes.
El procedimiento para levantar la inmunidad de los dos eurodiputados señalados por la Justicia belga para que pueda investigarles ha sido exprés en este caso desde que la presidenta de la institución, Roberta Metsola, recibió la petición de las autoridades belgas. La trama corrupta noqueó hasta cierto punto a los parlamentarios, especialmente al Grupo de los Socialistas y Demócratas (S&D), que es al que pertenecían los implicados, y a la Cámara como tal, que desde hace tiempo batalla por mejorar su reputación. El Qatargate ha sido todo un golpe.
Por su parte, la Comisión Europea también ha tomado precauciones tras las revelaciones de corrupción y ha paralizado los contratos que tenía con una de las organizaciones presuntamente vinculadas con la trama. El director general de No Peace without Justice, Niccolò Figà-Talamanca, fue detenido en diciembre, en el primer golpe judicial contra la trama, aunque fue liberado con una pulsera electrónica. Según explicó el portavoz de la Comisión Europea, Eric Mamer, la semana pasada, se han suspendido dos proyectos que estaban en marcha con esa organización con la que el gobierno comunitario trabaja desde el año 2006. En total, se firmaron nueve contratos en ese periodo por un importe de 2,7 millones de euros de los que siete ya han finalizado. A la espera del análisis que haga la Comisión, se han paralizado 1,4 millones de euros por los otros dos proyectos que han quedado en stand by.