Primero fue Reino Unido, después Estados Unidos, luego Canadá. Las imágenes de las primeras personas siendo inoculadas con vacunas autorizadas contra el coronavirus dan la vuelta al mundo, celebradas como un éxito extraordinario de la ciencia. Mientras tanto, cada vez más voces alertan del acaparamiento de las primeras dosis por parte de los países de mayores ingresos y cómo esta competencia puede dejar atrás a las partes más empobrecidas del planeta, donde el inicio de la vacunación puede empezar más tarde, según avisan los expertos.
La Organización Mundial de la Salud (OMS) se ha mostrado preocupada en reiteradas ocasiones por el reparto equitativo de vacunas contra la COVID-19. “Disponer de vacunas seguras y eficaces contra un virus que nos era completamente desconocido hace sólo un año es un logro científico asombroso. Pero un logro aún mayor sería asegurar que todos los países disfruten equitativamente de los beneficios de la ciencia”, dijo la semana pasada el director general de la agencia, Tedros Adhanom Ghebreyesus.
“Hemos trabajado arduamente para asegurar el compromiso político de los líderes mundiales para el acceso equitativo a las vacunas, pero nos gustaría que ese compromiso se tradujera en acción”, reclamó.
Un estudio publicado esta semana en la revista médica British Medical Journal (BMJ) y difundido por medios especializados como la publicación de información científica Stat News ha analizado los compromisos de compra antes de la comercialización de las vacunas y concluye que los países de altos ingresos se han asegurado suministros futuros de dosis, pero el acceso para el resto del mundo aún es “incierto”. Mientras, los esfuerzos para coordinar el acceso global a través de COVAX, la iniciativa de la Alianza por la Vacunación (Gavi), parecen quedarse rezagados con respecto a estos acuerdos.
Más de la mitad de dosis para el 14% de la población mundial
Con datos a 15 de noviembre, los investigadores calculan que algo más de la mitad de las dosis acordadas (de 13 productores) hasta ahora se destinará a países de ingresos altos –incluidos los de la Unión Europea–, que representan el 14% de la población mundial. Los de ingresos bajos y medios tienen el resto, a pesar de que en ellos vive más del 85% de la población global. Según el estudio, los acuerdos alcanzados hasta ahora brindan una fotografía de “quiénes probablemente controlarán” las dosis que salen de las líneas de producción.
“Asegurar una respuesta eficaz a esta pandemia requerirá el compromiso de los países de altos ingresos de participar en una distribución equitativa de las vacunas COVID-19 en todo el mundo”, señalan los autores Anthony D So y Joshua Woo, de la Escuela de Salud Pública Bloomberg de la Universidad Johns Hopkins de Baltimore (EEUU).
El estudio estima que, para finales de 2021, hasta el 40% de las dosis contra la COVID-19 de los principales productores podrían estar disponibles para países de ingresos bajos y medios. Serán menos si los países ricos amplían las compras existentes y más, “si estos países comparten lo que han adquirido”. Según sus hallazgos, incluso si estas empresas lograsen alcanzar su máxima capacidad de producción estimada, casi una cuarta parte de la población mundial no tendría acceso a una vacuna hasta por lo menos 2022.
Este posible retraso, explica Anthony D So a elDiario.es, está relacionado principalmente con la capacidad mundial estimada de fabricación. “Pero hay muchos factores que seguirán dificultando la entrega de estas vacunas, aparte del suministro disponible de vacunas COVID-19 eficaces. Cuando nuestro artículo se iba a publicar, veíamos también lo incierto que puede ser el camino hacia la aprobación regulatoria de algunas de estas candidatas. Por ejemplo, la candidata de la Universidad de Queensland/CLS ha sido retirada recientemente y la candidata de GSK/Sanofi también ha experimentado un importante revés”.
De acuerdo con su análisis, la incertidumbre sobre el acceso mundial a las vacunas se debe no solo a que aún hay ensayos clínicos en marcha, sino también al “fracaso” de los gobiernos y los productores de vacunas a la hora de ser más transparentes en estos acuerdos, desde la fijación de precios justos hasta la asignación equitativa.
“Los gobiernos y los productores deberían dar las garantías que tanto necesitan para la asignación equitativa de las vacunas COVID-19 mediante una mayor transparencia y rendición de cuentas sobre estos acuerdos”, escriben los autores. En concreto, los expertos reclaman una mayor transparencia sobre los acuerdos con los fabricantes, así como de los costos derivados de I+D, la financiación del sector público para las vacunas candidatas y los acuerdos de precios. Sin embargo, recuerdan que ni los gobiernos ni los fabricantes de vacunas están obligados a divulgar los contratos públicos que contienen compromisos de compra previos a la comercialización, lo que a su juicio es una de las limitaciones de su estudio.
De los 13 productores que habían sellado acuerdos en el momento del análisis, solo seis habían vendido a países de ingresos bajos y medios. De las dosis destinadas a estas naciones, la mayoría provienen de las vacunas de AstraZeneca y la Universidad de Oxford así como Novavax, la firma rusa Gamaleya Research Institute y las firmas chinas SinoVac y CanSino. Otra diferencia que señala la investigación es que mientras países como EEUU, Reino Unido, el bloque la Unión Europea, Canadá y Japón, entre otros, han adquirido candidatos a vacunas en diversas etapas de investigación y desarrollo, los países de ingresos bajos y medianos solo han reservado candidatos a vacunas en los ensayos de fase 3 y fase 2/3, es decir, las fases finales, cuando ya está más claro que una vacuna es eficaz.
La vacuna de AstraZeneca y de la Universidad de Oxford –que aún no ha sido autorizada pero ha dado datos provisionales de su fase 3 con una eficacia media del 70%– es, así, la que más acuerdos tiene para países de ingresos bajos y medios. Además de tener el precio más bajo, necesita condiciones de refrigeración normales para su transporte y almacenamiento. Por el contrario, según subraya el estudio, solo los países de ingresos altos y medianos altos han podido adquirir vacunas de tecnología ARNm, especialmente de Pfizer y BioNTech (la primera autorizada, aunque no lo estaba en el momento del análisis) y Moderna. Estas vacunas requieren una infraestructura de cadena de frío que no está disponible en entornos con recursos limitados, recuerdan los investigadores.
Si se calculan las dosis necesarias para vacunar per cápita –teniendo en cuenta que todos estos candidatos a vacunas lograran ser exitosos–, Canadá ha reservado más de cuatro ciclos de dosis (las necesarias para inocular, teniendo en cuenta que la mayoría de vacunas requieren dos dosis) por persona. La UE ha reservado cerca de dos ciclos de dosis por persona, EEUU, uno, mientras naciones de ingresos bajos y medianos como Brasil e Indonesia han reservado menos de uno.
Algunas de las vacunas estudiadas han recibido fondos de I+D, como recuerdan los autores. Ponen el ejemplo de la vacuna de Pfizer y BioNTech, que “se ha beneficiado de 375 millones de euros del Ministerio Federal de Educación e Investigación de Alemania y otros 100 millones en refinanciación de deuda del Banco Europeo de Inversiones”. “Sin embargo, estos fondos han financiado en gran medida acuerdos bilaterales entre países de ingresos altos y fabricantes de vacunas específicos, y en esta etapa no se pueden documentar compromisos públicos para compartir estas dosis de vacunas reservadas con países de ingresos bajos y medianos. Estos acuerdos bilaterales generan la preocupación de haber subido el precio de las vacunas”.
Las conclusiones de los investigadores son muy similares a las cifras recopiladas (basándose en la información disponible) por el Centro de Innovación en Salud Global de la Universidad Duke, en Carolina del Norte. Según sus datos, actualizados a 14 de diciembre, hasta ahora las compras confirmadas en todo el mundo de vacunas ascienden a 7.400 millones de dosis. De ellas, 3.900 (52,7%) han sido adquiridas por países ricos. 1.000 y 1.800 millones, por países de ingresos medios altos y medios bajos, respectivamente.
“Los datos indican que nos dirigimos a un escenario en el que los países de altos ingresos pueden vacunar a toda su población antes de que los países de bajos ingresos hayan cubierto los grupos de alta prioridad. Hemos escuchado mucho compromiso con la distribución equitativa de los países de altos ingresos, pero los datos muestran que todavía estamos lejos de eso”, dijo en noviembre a elDiario.es Andrea Taylor, subdirectora del centro.
Su investigación apuntaba ya entonces a una “conclusión desalentadora”: la mayoría de las personas en los países de bajos ingresos “esperarán hasta 2024 para recibir las vacunas COVID-19 si los países de altos ingresos siguen participando en lo que algunos llaman 'vacunacionalismo”.
El temor al fracaso de COVAX
Según las cifras actualizadas de Duke, COVAX, el mecanismo puesto en marcha para tratar de asegurar el acceso equitativo (en el que no participan ni Rusia ni EEUU) ha anunciado acuerdos para aproximadamente 700 millones de dosis. A juicio de los investigadores de Duke, si los países ricos destinan fondos a la iniciativa y al mismo tiempo cierran acuerdos directos con grandes cantidades para cubrir sus propias poblaciones pueden estar debilitando los esfuerzos de COVAX.
Para los autores del estudio publicado en el BJM, COVAX puede “desempeñar un papel clave” para garantizar el acceso a las vacunas contra el coronavirus, pero su objetivo de 2.000 millones de dosis para fines de 2021 aún está por alcanzarse.
En una carta editorial a la revista especializada, Jason Schwartz, profesor asistente de política sanitaria de la Escuela Yale de Salud Pública de New Haven (EEUU), recalca que el mecanismo COVAX es un paso importante hacia un acceso mundial equitativo, pero “es necesario estar alerta para garantizar que esas aspiraciones se hagan realidad en los meses y años venideros”. “Entre las numerosas áreas que requieren mayor transparencia y claridad están la orden en que los fabricantes de vacunas atenderán los pedidos de los gobiernos u organizaciones multinacionales, y cómo se gestionarán los desafíos y costos adicionales asociados a los programas de vacunación (más allá del costo de las vacunas), particularmente en los países de ingresos bajos”.
Esta semana, Reuters ha revelado que COVAX se enfrenta a un riesgo “muy alto” de fracaso, lo que podría dejar a miles de millones de personas sin acceso a las vacunas hasta 2024, según documentos internos a los que ha tenido acceso a la agencia de noticias. En concreto, estos dicen que el programa está teniendo dificultades por “la falta de fondos, los riesgos de suministro y los acuerdos contractuales complejos que podrían hacer que sea imposible lograr sus objetivos”, informa la agencia. “El riesgo de que no se establezca un COVAX exitoso es muy alto”, dice un informe interno a la Junta de Gavi. También explica que el riesgo de fracaso es mayor porque el sistema se estableció muy rápidamente, operando en “territorio inexplorado”, recoge Reuters.
Según informa The Guardian, miembros de la OMS dicen que las negociaciones con las empresas farmacéuticas que hasta ahora no se han adherido al plan, así como con los distintos países para suministrar dosis sobrantes, siguen en curso, y se espera nuevos anuncios en breve.
“COVAX ya ha reclutado a los países participantes que comprenden el 90% de la población mundial. Las excepciones notables son Estados Unidos y Rusia, pero incluso entre los países participantes necesitamos ver un mayor compromiso, en particular de los países de altos ingresos, para compartir equitativamente las dosis”, opina Anthony D So. “Ha llegado el momento de que los países suban a bordo. Es el único tren que sale de la estación para asegurar el acceso mundial a las vacunas contra la COVID-19”.
John Nkengasong, director de los Centros Africanos de Control y Prevención de Enfermedades, ha criticado a los países occidentales por acaparar el suministro global de vacunas “por encima de sus necesidades, mientras nosotros en África seguimos teniendo problemas con COVAX”. Nkengasong describió como “un problema moral” la idea de que los países ricos se vacunaran mientras los africanos se quedaban al margen.
El debate sobre una vacuna sin patentes, estancado
La falta de acceso equitativo vacunas inquieta a especialistas y a la sociedad civil. La semana pasada, un grupo de ONG que forman parte de una alianza que reclama una vacuna universal, entre ellas Amnistía Internacional y Oxfam, alertaron de que 67 países pobres solo podrán vacunar a una de cada diez personas contra la COVID-19 el año que viene “si los gobiernos y la industria farmacéutica no toman medidas urgentes para garantizar la producción de dosis suficientes”, basándose en datos recopilados por la empresa de análisis científicos Airfinity.
Las organizaciones han pedido a todas las empresas farmacéuticas que trabajan en vacunas contra la COVID-19 que compartan su tecnología y la propiedad intelectual abiertamente a través del Acceso Mancomunado a Tecnología contra la COVID-19 (C-TAP) de la OMS para que “puedan fabricarse miles de millones de dosis más y haya vacunas seguras y efectivas para todas las personas que las necesiten”.
El estudio publicado en el BMJ subraya otros “desafíos adicionales” que pueden surgir a medida que otros candidatos tengan éxito, entre ellas la vacilación ante las vacunas de la población intensificada por cualquier reacción adversa de la primera generación de vacunas y las “probables barreras a los derechos de propiedad intelectual a medida que surgen las marañas de patentes”.
En estos momentos, decenas de países del sur encabezados por India y Sudáfrica están peleando en la Organización Mundial del Comercio (OMC) para lograr exenciones de propiedad intelectual que permitan que a todos los países no otorgar ni hacer cumplir las patentes y otras medidas en vacunas (así como otras herramientas contra el coronavirus como pruebas y medicamentos) mientras dura la pandemia, lo que permitiría a los fabricantes comenzar a producirla sin temor a ser demandados o procesados.
ONG como Médicos Sin Fronteras (MSF), Oxfam y Amnistía están reclamando a los países ricos que respalden la iniciativa, que consideran clave para facilitar un acceso equitativo a las vacunas en plena pandemia. El debate en la OMC volvió a concluir hace una semana sin consenso, según confirmaron fuentes diplomáticas a elDiario.es. Los países miembros no han mostrado cambio en sus posiciones, muy distanciadas hasta ahora, o señales sobre un probable consenso en el futuro. India y Sudáfrica insisten en que muchos países –especialmente las naciones pobres– pueden tener dificultades al usar las flexibilidades ya permitidas a la hora de aplicar normativas de propiedad intelectual, un proceso que consideran engorroso.
Varios países ricos y en desarrollo han reiterado su oposición a la propuesta, señalando que no hay indicios de que los derechos de propiedad intelectual hayan constituido un verdadero obstáculo para acceder a los medicamentos y tecnologías relacionados con la COVID-19. La Unión Europea defiende que el sistema de propiedad intelectual actual es parte de la solución al desafío del acceso universal y equitativo a las vacunas y tratamientos. El delegado europeo dijo que muchas empresas farmacéuticas se habían comprometido públicamente y ya están colaborando estrechamente con los gobiernos para garantizar que las vacunas estuvieran disponibles y fueran asequibles para todos los que las necesitaran, algo que ha sido rebatido por ONG como MSF.
“Con la excepción de una empresa (Moderna), ninguno de los desarrolladores de la vacuna para la COVID-19 se ha comprometido a tratar la propiedad intelectual de manera diferente al statu quo. Si bien algunas corporaciones han tomado medidas a través de acuerdos de licencia y transferencia de tecnología para utilizar la capacidad de fabricación global existente y así tratar de mitigar la escasez de suministro que se anticipa de las vacunas potencialmente exitosas, esta ha sido la excepción y los acuerdos de licencia a menudo incluyen claras limitaciones”, dice la entidad.