El Partido Popular Europeo decidió en noviembre refugiarse en las esencias democristianas ante las tentaciones de la extrema derecha, soberanista frente a la UE y sin complejos contra la migración. Pero bastaron unas semanas para que la realidad evidenciara que la agenda de la extrema derecha cala en las políticas de gobiernos europeos.
Países comunitarios como la Hungría de Víktor Orban; la Austria de Sebastian Kurz; la Bulgaria de Boiko Borisov; todos ellos del Partido Popular europeo. O el Gobierno socialdemócrata eslovaco (Robert Fico); el liberal checo (Andrej Babis); los ultraconservadores polacos o la extrema derecha italiana han decidido no ratificar el Pacto Mundial de la Migración. Siguiendo la estela del Gobierno de Donald Trump en Estados Unidos o de Benjamin Netanyahu en Israel. Aducen la pérdida de soberanía y critican que el documento no distinga entre emigración legal e ilegal.
El discurso alarmista sobre la emigración, principio fundamental de la extrema derecha, se ha instalado en numerosos países del mundo, comenzando por Estados Unidos, donde Trump ha hecho del control migratorio una de las grandes banderas de su mandato.
El Gobierno holandés, del primer ministro Mark Rutte, ha estado bajo esa presión de líderes de extrema derecha, como Geert Wilders y Thierry Baudet, y ha necesitado un análisis legal del texto para garantizar que su firma no conlleve ninguna consecuencia legal. El Gabinete finalmente decidió que apoyaría el pacto, pero que agregaría una declaración adicional para evitar consecuencias legales imprevistas.
“Considerar un derecho humano a la migración es ajeno al sistema legal austriaco”, declaró el Gobierno de Kurz, miembro del Partido Popular Europeo, cuando anunció su descuelgue del pacto: “La creación de la categoría internacional inexistente del 'migrante' debe ser rechazada”.
Este mismo pacto es el que ha apuntillado al Gobierno belga, del liberal Charles Michel, quien presentó su dimisión hace diez días. El rechazo de los nacionalistas flamencos de la N-VA al pacto migratorio de la ONU dejó al Ejecutivo sin suficientes apoyos parlamentarios. Tras consultar con los partidos para sondear las aritméticas parlamentarias, el monarca aceptó la dimisión de Charles Michel y dejó el Gobierno en funciones hasta mayo, con el objetivo de evitar elecciones anticipadas.
En el caso español, la narrativa de la extrema derecha ha calado en el Partido Popular y Ciudadanos hasta el punto de normalizar la institucionalidad de Vox. No en vano, los tres han participado de la guerra de las banderas; comparten el “a por ellos” contra el proceso independentista catalán; y han marchado tras las mismas pancartas en manifestaciones en Barcelona. Pero no sólo PP y Ciudadanos se han visto seducidos por esa beligerancia argumental. La propia Susana Díaz, a punto de verse desbancada de la Junta de Andalucía por la alianza de PP, Ciudadanos y Vox, acaba de reclamar la intervención de la autonomía catalana a través del artículo 155 de la Constitución. Como pide Ciudadanos, y el PP, y Vox.
Pero, además, el presidente del PP ha asumido el discurso duro contra la migración desde que accedió al cargo. Casado, en aquel congreso del PP europeo de noviembre en el que su familia política apostó por sus raíces votando a Manfred Weber como candidato a la presidencia de la Comisión, Casado retorció los datos ante los líderes populares europeos para acusar al Gobierno de crear “la crisis migratoria más importante de la última década”. En ese escenario, Casado manejó datos no atribuidos a ninguna fuente para hablar de “efecto llamada”, y llegó a asegurar: “Hay mujeres inmigrantes en la última fase del embarazo, porque hay dos tarifas, la tarifa normal y la reducida, por las que las mujeres son esclavas sexuales”.
Ese hilo narrativo culmina con el pacto de Andalucía, que dejará el Gobierno en manos de Vox. Una decisión que choca con las directrices políticas tanto de Partido Popular Europeo como del liberal, ALDE, que abanderan formalmente la integración europea como seña de identidad frente a la extrema derecha, que representa la impugnación de la UE de los “eurócratas” que intervienen tanto en los países que ni siquiera les dejan hacer sus Presupuestos, como es el caso de Italia. Matteo Salvini, Marine Le Pen y Viktor Orban están por “la Europa de los Estados y las naciones” frente al actual modelo de construcción europea.
Al PP en Andalucía le salen las cuentas gracias al pacto con Ciudadanos y con Vox. Pero ese pacto, tanto para el PP como para Ciudadanos, les supone colocarse fuera de la línea política de sus familias europeas; supone pactar, precisamente, con quienes han sido considerados como enemigos para la CDU de Angela Merkel, o para la CSU de Weber que votó contra Orban en el Parlamento Europeo; o para los conservadores franceses, que tampoco han gobernado nunca con el Frente Nacional de Marine Le Pen –ahora rebautizado como Agrupación Nacional–.
En Italia, la presión de la extrema derecha, al frente del Gobierno –caracterizado por distinguir entre pobres nativos y pobres migrantes, a lo que pone muros en los puertos–, ha contribuido a que el Ejecutivo comunitario buscara un apaño ante el presupuesto de Roma para 2019.
Bruselas ha terminado aparcando la sanción a Italia, a pesar de que mantiene en la manovra –proyecto de presupuestos– una deuda excesiva y de que el déficit es más del doble del previsto en primavera. “Si hubiéramos actuado de otra manera, los antieuropeístas estarían más contentos”, ha reconocido el comisario económico, Pierre Moscovici: “Hemos tenido en cuenta la atmósfera de la UE, el aumento de los partidos nacionalistas, el sentimiento contra la excesiva austeridad o la acusación de ser demasiados burocráticos”.
La agenda de la extrema derecha se cuela en las políticas de los líderes europeos, y la migración, el nacionalismo soberanista frente a la UE, la sospecha de lo islámico y la impugnación del feminismo son sus grandes banderas compartidas.