La fiscal boliviana Sandra Gutiérrez ha anunciado que se emitirá una orden de aprehensión contra el expresidente Evo Morales (2006-2019) para que declare ante el Ministerio Público dentro de la investigación que se le sigue en un caso de trata de personas y estupro. El entorno de Morales ya había advertido que no acudiría y denuncia que el caso es una “persecución política”.
La denuncia que tiene en su poder la Fiscalía boliviana acusa a Morales de cometer delitos de trata de personas y estupro (violación de una persona mayor de 14 años y menor de 18) con una menor de edad con la que supuestamente tuvo un hijo. La víctima, que tenía 15 años en ese momento, presuntamente pertenecía a un grupo juvenil creado por el exmandatario durante su Presidencia, llamado 'Generación Evo'. Según la denuncia, habría ocurrido en 2016, cuando Morales era presidente.
La fiscal de la región sureña de Tarija, donde se investiga el caso, argumenta que corresponde la aprehensión porque Morales y los otros investigados “han sido notificados debidamente sin ninguna vulneración de ninguno de sus derechos”.
Morales estaba citado a declarar en Tarija, pero su defensa presentó una excusa legal para no asistir, alegando que existe una sentencia constitucional que ordena que el caso se trate en la región central de Cochabamba, donde vive el exmandatario y líder del gubernamental Movimiento al Socialismo (MAS). “No asistirá porque todo esto es un chantaje”, defendió Pedro Llanque, dirigente del Pacto de Unidad de los seguidores de Morales.
Además del expresidente, fueron llamadas a declarar otras dos personas que también están investigadas en este caso y que tampoco se presentaron. La fiscal sostiene que “no se está vulnerando ningún derecho”, como han asegurado Morales y sus abogados defensores, y afirmó que “todo se está haciendo de manera transparente y apegados a la norma legal”.
Denuncia una persecución política
Las organizaciones sociales afines a Morales advirtieron en esta jornada que si la Fiscalía emite una orden de aprehensión contra el expresidente comenzarán un bloqueo nacional de caminos.
El exmandatario boliviano, que está distanciado del Gobierno del presidente Luis Arce, ha manifestado que se defenderá de esa “batalla jurídica”, que para él es una “persecución política” y ha señalado que hay más de 200 abogados que lo llamaron para defenderlo “gratuitamente”.
La denuncia en contra del expresidente se presentó el 26 de septiembre en la Fiscalía de Tarija, tres días después de la llegada a La Paz de una caminata liderada por Morales por diversas demandas, entre ellas la validación de un congreso partidario en el que fue nombrado “candidato único” del MAS para las elecciones generales de 2025.
El Grupo de Puebla, un foro político y académico que está integrado por representantes de la izquierda política de Latinoamérica, expresó su preocupación por la “campaña de lawfare” o judicialización política en contra el líder del MAS.