La Fiscalía de Perú ha abierto este martes una investigación preliminar a la presidenta del país, Dina Boluarte, tres ministros y dos exministros por los presuntos delitos de genocidio, homicidio calificado y lesiones graves, a raíz de los al menos 47 fallecidos y decenas de heridos en las manifestaciones de las últimas semanas.
El delito de genocidio es castigado con una pena de cárcel no menor de 20 años por cometer una matanza de miembros de un grupo, lesiones graves a los miembros de un grupo o el sometimiento de un grupo a condiciones de existencia que hayan de acarrear su destrucción física de manera total o parcial, entre otras circunstancias.
El Ministerio Público ha informado de que la fiscal general, Patricia Benavides, ha iniciado una investigación contra Boluarte; el presidente del Consejo de Ministros, Alberto Otárola; el ministro del Interior, Víctor Rojas; y el ministro de Defensa, Jorge Chávez. La fiscal también actúa contra contra “Pedro Angulo, en su condición de expresidente del Consejo de Ministros; y César Cervantes, en su condición de exministro del Interior”.
La investigación abierta es por los presuntos delitos de “genocidio, homicidio calificado y lesiones graves, cometidos durante las manifestaciones en los meses de diciembre de 2022 y enero de 2023 en las regiones de Apurímac, La Libertad, Puno, Junín, Arequipa y Ayacucho”, ha indicado el Ministerio Público.
Boluarte ya tenía en curso una primera investigación preliminar por los fallecidos registrados en las manifestaciones de diciembre, pocos días después de haber jurado el cargo por sucesión constitucional, tras la destitución de Pedro Castillo por haber dado un golpe de Estado fallido.
Organizaciones de derechos humanos han criticado la respuesta gubernamental a las protestas. Amnistía Internacional pidió este lunes “el cese inmediato del uso indebido de la fuerza contra la población civil”. La Coordinadora Nacional de Derechos Humanos, una red de 78 organizaciones en defensa de los derechos humanos, responsabilizó a la actuación de las fuerzas del orden, de la presidenta y de sus ministros de la “masacre” en Juliaca y han pedido a la Fiscalía de Perú que actúe “para detener las violaciones a los derechos humanos”.
Las agencias, fondos y programas de las Naciones Unidas en Perú (ONU Perú) pidieron este martes a las autoridades y fuerzas de seguridad peruanas “a tomar urgentemente medidas para asegurar el respeto a los derechos humanos”. El organismo expresó su “profunda preocupación por el incremento de la violencia” y dijo que se debe realizar “una investigación diligente, independiente, imparcial y transparente para esclarecer las denuncias de violaciones a los derechos humanos”.
Toque de queda
Otárola acudió este martes al Congreso para el trámite de confirmación parlamentaria de su investidura, y anunció que el Gobierno acordó declarar “duelo nacional laborable” para este miércoles “en respeto a los caídos” en las protestas, que en menos de un mes suman 47 personas fallecidas, el último de ellos, un policía de Puno que todavía no ha sido identificado.
Además, el presidente del Consejo de Ministros informó que la aprobación en Consejo de Ministros de “un decreto supremo que declara la inmovilización social obligatoria (toque de queda) en Puno por el plazo de tres días desde las 20:00 horas hasta las 4:00 de la mañana”.
“Esto en salvaguardia de la vida, la integridad y libertad de todos los ciudadanos de Puno”, dijo Otárola ante el pleno del Congreso en referencia a la región que fue foco de violentas manifestaciones y enfrentamientos con la Policía este lunes, cuando murieron 17 manifestantes.
Durante la presentación del primer eje de su programa de Gobierno, denominado “paz social”, Otárola lamentó la “pérdida irreparable” de los peruanos fallecidos en las protestas, que desde diciembre pasado suman 39 manifestantes muertos en enfrentamientos directos con las fuerzas del orden, siete por hechos vinculados a las protestas y el policía cuyo cuerpo fue calcinado esta madrugada.
“El fantasma de la violencia irracional volvió a servirse en el Perú”, dijo tras insistir en su respaldo a las fuerzas policiales.
Otárola acudió este martes al pleno del Congreso para pedir el voto de confianza de su gabinete, un día después de la trágica jornada de violencia en Puno, epicentro de las protestas que exigen la renuncia de Boluarte, el cierre del Parlamento, elecciones para 2023 y una nueva constitución, entre otros reclamos.