“El abajo firmante, consciente de las consecuencias penales previstas en caso de declaraciones falsas a funcionarios públicos, declara bajo su propia responsabilidad...”. La frase encabeza, junto a un varios campos para rellenar datos como la fecha de nacimiento, el domicilio o el DNI, el documento que los ciudadanos de Italia tienen que llevar consigo cada vez que salen de casa desde hace diez días, cuando el Gobierno italiano decretó la restricción de movimientos en todo el país como medida para detener la epidemia de coronavirus que ha dejado cerca de 50.000 casos positivos y 4.000 muertes.
Desde entonces, los residentes en Italia deben portar consigo el papel, conocido como la 'autocertificazione' [autocertificado], para justificar que están en la calle por los motivos autorizados por el Ejecutivo, similares a los que se han decretado en España: “necesidades de trabajo comprobadas”, regreso al lugar de residencia, razones de salud o situaciones de necesidad, como ir a hacer la compra o a la farmacia. Si no cumplen con estas restricciones, se exponen a sanciones penales. El primer ministro Giuseppe Conte ha adelantado esta semana que las limitaciones serán “inevitablemente” prolongadas más allá del 3 de abril.
Los italianos tienen que descargar el formulario y rellenarlo, ya sea a mano o en el ordenador, e imprimirlo. Si la Policía efectúa un control a una persona que no lleva consigo el documento porque no ha podido imprimirlo o se le olvida, se puede hacer la declaración de forma verbal, que será transcrita por el agente, y después se firma. Según ha explicado el ministerio del Interior, el certificado se verifica posterioremente.
En los últimos días, algunos medios de comunicación locales se han hecho eco de una aplicación móvil que, supuestamente, permitía rellenar el documento con el teléfono y sustituir al papel. Pero Interior ha desmentido que tal posibilidad sea posible: “Aunque aparentemente motivado por la necesidad de simplificar y acelerar los procedimientos, el uso de las aplicaciones es contrario a la normativa vigente”, han dicho. “El formato digital, además de tener un perfil de riesgo para la privacidad del usuario, no permite que el agente de Policía adquiera el original” para verificarlo posteriormente, indican.
Hay que portar el documento para cada movimiento permitido por el Gobierno. “Trabajo en/ estoy regresando a mi casa en/ tengo una visita médica”, son algunos de los ejemplos que pueden escribir los ciudadanos, de acuerdo con el texto. Según han explicado fuentes conocedoras de la situación a este medio, hay controles policiales que son “muy estrictos” –especialmente en las zonas más afectadas por el brote, al norte–, y se llevan a cabo parando al azar a los coches que circulan. La persona que conduce debe rellenar el formulario con el motivo de su traslado. Estas mismas fuentes detallan que los agentes piden, “si es posible”, una prueba sobre sus razones para estar fuera de casa, como certificados médicos, una receta de un medicamento o un ticket del supermercado.
“Me descargué el formulario desde la página web del ministerio del Interior y lo llevo siempre conmigo cuando voy a hacer la compra o voy a la farmacia”, explica a eldiario.es Vincenzo, un joven abogado que vive en Nápoles. “Justo este jueves me han parado. Hay mucha gente que no está respetando el decreto. Lo rellené y lo llevaba conmigo. Me preguntaron adónde iba, y efectivamente iba al supermercado, que estaba a una manzana, a unos 200 metros de mi casa. Comprobaron mi DNI y me dejaron pasar”, sostiene.
Aunque los italianos deben usar este papel desde el 10 de marzo, esta semana el Gobierno ha cambiado el modelo que tienen que utilizar para añadir una importante novedad: la persona tiene que declarar que no se encuentra sometido a una prohibición absoluta de moverse de su domicilio por estar en cuarentena por haber dado positivo en el coronavirus SARS-CoV-2 o para aquellos que han entrado en contacto con una persona infectada.
Más de 60.000 denuncias en diez días
Si el autocertificado contiene información que no es verdadera, la persona se arriesga a sanciones penales por declaración falsa a un funcionario, castigado en la ley italiana con penas que van desde uno a seis años.
Según una directiva del Ministerio del Interior, quienes incumplen las restricciones de movimiento salvo las excepciones válidas son sancionados con el artículo 650 del código penal, que prevé multas de hasta 206 euros o el arresto de hasta tres veces. En Bérgamo, por ejemplo, la Policía detuvo a un hombre que paseaba con su perro a 30 kilómetros de su casa o a una joven de 18 años que dijo que iba a ver a su abuela cuando en realidad iba a casa de su amiga, informan los medios locales. Esta semana, los agentes efectuaron un control a dos jóvenes que estaban en un cementerio en la provincia de Varese (Lombardía) para comprobar los motivos por los que no estaban en casa. “Estamos jugando a Pokemon Go”, dijeron. Fueron denunciados.
Además de estas sanciones, indica la cartera de Luciana Lamorgese, se podría activar la hipótesis de delitos más graves, en concreto contra la salud pública, castigados con hasta 12 años de cárcel en el código penal para “cualquiera que cause una epidemia a través de la propagación de gérmenes patógenos”. Por ejemplo, La Repubblica informó del caso de un hombre de Aosta, en los Alpes italianos, que tendrá que ir a juicio presentarse con síntomas en la clínica donde se iba a hacer una rinoplastia y dio positivo. El cirujano, el anestesista y el enfermero se contagiaron también.
Entre el 11 y el 19 de marzo, la Policía italiana ha interpuesto un total de 61.085 denuncias penales a personas que incumplieron, según las fuerzas del orden, la obligación de no salir salvo por motivos laborales, de urgencia sanitaria o por necesidades básicas. También se han impuesto 1.340 sanciones por “falsa declaración al oficial público” (agentes) o “falsa declaración de identidad”. En total, según Interior, se han efectuado controles a 1.427.011 ciudadanos en toda Italia desde que se aplicaron las medidas de aislamiento para contener el brote del SARS-CoV-2. Los registros se extienden también a los comercios, con controles en un total de 743.532 empresas y 1.873 propietarios denunciados por no respetar la normativa.
Cuestionada por la proporcionalidad de estas sanciones, la sección italiana de Amnistía Internacional considera que las multas “actúan como elemento disuasorio en este momento y las medidas adoptadas están destinadas a perseguir un objetivo legítimo, la protección de la salud de la población” y no se pronuncia sobre el importe de las mismas.
“Estamos vigilando de cerca el comportamiento de las fuerzas policiales para verificar cualquier abuso de los controles y desproporciones claras en la aplicación de las sanciones, especialmente en lo que respecta al equilibrio con la libertad de circulación”, señala en declaraciones a eldiario.es Giulia Groppi, directora de políticas y lobby de la ONG especializada en derechos humanos.
No obstante, precisa que la organización no está siguiendo ningún caso en particular, salvo las sanciones que se están aplicando “injustamente a las personas sin hogar”, dice Groppi, que no pueden encerrarse. El primer caso se produjo en Milán el 12 de marzo. “Aunque la Jefatura de Policía de Milán ha indicado que la denuncia no seguirá adelante, es evidente que esta situación de fragilidad debe ser abordada sin más demora”, explicaron en un comunicado.
El presidente de la región más afectada, la Lombardía, Attilio Fontana (de la ultraderechista Liga Norte), ha reclamado en los últimos días que se endurezcan las normas de confinamiento y ha pedido el despliegue del Ejército en sus calles. “La presencia de los militares tiene un gran efecto de disuasión. Uno se lo piensa dos veces antes de salir a la calle cuando ve pasar una patrulla del ejército”, ha dicho este viernes en una entrevista en la radio. El despliegue de militares es una de las solicitudes que se han puesto sobre la mesa del primer ministro para que se aprueben restricciones más drásticas que obliguen a los ciudadanos a quedarse en casa.