Los dos primeros meses de las protestas contra la reforma de las pensiones se desarrollaron entre movilizaciones masivas y pocos incidentes. Una situación que cambió notablemente después del pasado 16 de marzo, cuando el Gobierno utilizó el artículo 49.3 de la Constitución para aprobar el proyecto de ley -que retrasa la edad mínima de jubilación de 62 a 64 años- sin someterla a votación en la Asamblea Nacional.
En los siguientes días se multiplicaron los enfrentamientos entre grupos de manifestantes y la policía, tanto al final de las manifestaciones oficiales -la última este jueves en París- como en concentraciones espontáneas. Ciertas escenas han aparecido en medios de comunicación de todo el mundo: en Burdeos un grupo de manifestantes incendió la puerta del ayuntamiento, en Nantes saquearon el tribunal administrativo, en Lorient la comisaría de policía fue el objetivo de varios ataques.
En este contexto de aumento de la tensión, Emmanuel Macron, que se encuentra en desplazamiento oficial en China, ha intentado presentarse como el “orden republicano” frente al caos causado por las “masas” a las que el jefe de Estado no reconoce ninguna legitimidad democrática. Y mientras la Primera Ministra, Élisabeth Borne, sale fragilizada de esta secuencia política, el ministro del Interior Gérald Darmanin -con ambiciones declaradas para suceder a Macron en 2027- ocupa cada vez más espacio político y mediático.
La gestión policial ha ocupado la portada de los principales diarios franceses en los días previos a la jornada de movilizaciones de este jueves, convocada por la intersindical. Con el aumento de las tensiones, la respuesta policial ha atraído las críticas de los sindicatos y de los partidos de izquierda, en especial Francia Insumisa y de su líder Jean-Luc Mélenchon. Se acusa a los agentes de detenciones arbitrarias para limitar el acceso a las manifestaciones y de uso excesivo de gases lacrimógenos y cargas para dispersar las concentraciones no autorizadas.
Muchos observadores consideran la dureza de las tácticas de las fuerzas policiales como una estrategia de disuasión para reducir el número de manifestantes, que este jueves fueron menos numerosos que en jornadas anteriores. “Se percibe la misma voluntad que en el otoño de 2018 contra los chalecos amarillos, en la que el Gobierno se presenta como baluarte contra el caos en su discurso público, al tiempo que se insinúan los posibles riesgos físicos de ir a las manifestaciones, incluso a las autorizadas”, explica Vincent Denis, profesor en la Universidad de París-I-Panthéon-Sorbonne e historiador especializado en la policía francesa. “Desde hace dos semanas, la presión policial, incluso durante las manifestaciones de la intersindical, ha aumentado considerablemente, con una presencia policial visible, incluso intrusiva, en los cortejos (cargas, gases lacrimógenos totalmente injustificados...)”.
Comisión parlamentaria
El ministro del Interior compareció este miércoles ante una comisión parlamentaria para explicar estas acciones, tanto en las manifestaciones contra la reforma de las pensiones como en la que se desarrolló el pasado 25 de marzo en Sainte-Soline contra la instalación de un gran depósito de agua. En esta última, varias asociaciones acusan a las fuerzas del orden de impedir el paso de las ambulancias y el personal sanitario para asistir a los heridos. Pero, como había hecho en sus declaraciones de las últimas semanas, Darmanin utilizó la comisión para señalar a la “ultraizquierda” como única responsable de todos los enfrentamientos y negó la existencia de violencias policiales.
“En Sainte-Soline, aunque la manifestación estaba prevista desde hacía varias semanas, la publicidad que ha dado el ministro del Interior a la supuesta ‘violencia’ de los manifestantes está claramente instrumentalizada con fines políticos en el contexto de la movilización contra las reforma de las pensiones, aunque las dos movilizaciones sean de naturaleza diferente”, señala Vincent Denis.
Además, en las últimas semanas, la Brigada motorizada de represión de acciones violentas (Brav-m) ha estado implicada en numerosas escenas de violencia contra los manifestantes. En una grabación de audio difundida en varios medios de comunicación policías de esta compañía amenazan, intimidan y golpean a varios jóvenes cerca de la plaza de la Bastilla. Otro vídeo filmado por La Luciole acusa a la Brav-M de golpear a una manifestante en la plaza de Italia, también París.
“La generalización del uso de tácticas como la nasa (estrategia en la que se rodea totalmente a los manifestantes) y el recurso a brigadas como la Brav-m se están dirigiendo contra grupos de manifestantes indiscriminadamente”, explicaba el sociólogo Sebastian Roché en una entrevista en Libération. “Las detenciones sistemáticas -la mayoría de las veces injustificadas, ya que luego son puestos en libertad- no son el resultado de decisiones de los agentes sobre el terreno; requieren planificación y, por tanto, una verdadera estrategia de intimidación de los responsables políticos”.
“Brutalización” de las fuerzas del orden
Más allá de estrategias políticas, las críticas contra la dureza de la gestión policial en Francia es un debate recurrente en las últimas décadas. En el libro ‘Politiques du désordre’ los sociólogos Olivier Fillieule y Fabien Jobard señalaban que los métodos utilizados en respuesta a las manifestaciones de los chalecos amarillos ilustran el proceso de “brutalización” de las fuerzas del orden en la última década.
Una estrategia asociada a técnicas poco utilizadas en otros países europeos, como son las escopetas de balas de defensa o las granadas aturdidoras. “La brutalización de las actuales intervenciones está en el centro de la estrategia policial francesa”, señalaba esta semana Olivier Fillieule en una entrevista en Le Monde. “Las consignas son claras: impedir cualquier ocupación de la vía pública, disuadir a los ciudadanos de manifestarse y aislar constantemente a los pequeños grupos radicalizados que consideran que la simple protesta ya no basta para hacerse oír”.
Un endurecimiento francés que, según los autores, va a contracorriente con la gestión en la mayoría de países de Europa occidental en las últimas dos décadas, que avanza hacia tácticas de desescalada. Marcados por los enfrentamientos al margen de varias cumbres internacionales en los años 2000, las policías de varios países europeos impulsaron en 2010 el proyecto Godiac (acrónimo de ‘Buenas prácticas de diálogo y comunicación como principios estratégicos para la actuación policial en manifestaciones políticas en Europa’), que propone un modelo de desescalada basado en la comunicación con los organizadores, basado en la constatación de que la violencia radicaliza a los manifestantes.
Sin embargo, los expertos señalan que en Francia, ante la presencia en las manifestaciones de los llamados ‘blacks blocks’ y por los disturbios en las 'banlieues' de 2005, se optó por una respuesta autoritaria, basada en detenciones masivas y en el refuerzo de la presencia policial, a menudo con efectivos no especializados en la gestión de manifestantes.
“Los ‘blacks blocks’ son una figura -un tanto fantasiosa- que apareció en el debate público en Francia en la década de 2000, sin que nadie supiera realmente quiénes o qué son. Un término que permite meter en el mismo saco a todo tipo de opositores (tanto a personas que se enfrentan a la policía con una causa política como a ‘saqueadores profesionales’) creando una especie de grupo mal definido, misterioso e inquietante”, explica Vincent Denis. “Los gobiernos utilizan esta amenaza para tratar a las manifestaciones y a la expresión política como problemas de orden público. No es cuestión de negar la presencia de manifestantes violentos, pero ésta se debe, en parte, al descontento con las respuestas de los gobiernos a las protestas democráticas y también con los aparatos sindicales”.