El nuevo gobernador del estado de Río de Janeiro, Wilson Witzel (Jundiaí, 1968), logró su estatus tras acercarse a la familia Bolsonaro y participar en mítines a favor del nuevo presidente brasileño. Witzel sigue al pie de la letra la línea dura marcada por el ultraderechista y utiliza terminología bélica como “abatir” –reservada para el campo de batalla o el sacrificio de animales en mataderos– y “eliminación de objetivos” para referirse al asesinato de delincuentes por parte de la Policía Militar.
“Lo correcto es matar a los delincuentes armados”, respondió preguntado en el diario Estado de São Paulo por su estrategia de seguridad pública, relacionada sobre todo con el narcotráfico. “La policía va a hacer lo correcto: apuntar a la cabecita y... fuego. Para que no haya errores”. Ni siquiera los nefastos resultados de la Intervención Federal en la seguridad pública de Río de Janeiro le hacen pensar en una estrategia alternativa. Está centrado, como primer paso, en crear una brigada de francotiradores de élite.
Desde que el Ejército está al mando de las operaciones, los asesinatos han aumentado, los tiroteos han aumentado y la inseguridad ha aumentado. El Observatório da Intervenção monitorea cada movimiento de los militares desde febrero. Pablo Nunes, coordinador de investigaciones, en conversación con eldiario.es, prevé que con Witzel llegará “una política de seguridad pública completamente autoritaria, que ya viene dando pistas de que será más sangrienta”.
La intervención federal y el régimen de excepcionalidad no continuarán oficialmente, pero de una u otra forma el dominio militar sí que lo hará –suelen emplear decretos– porque lo cierto es que la mayoría de la población, tanto en las elecciones presidenciales como en las estatales, ha optado por apoyar a los candidatos que proponían violencia contra la violencia.
Las encuestas del Observatorio dejan entrever que el vacío de poder experimentado tanto con Michel Temer a nivel federal como con Luiz Fernando Pezão a nivel estatal en Río ha sido clave. Los vecinos prefieren la solución militarizada, aunque saben que no es la mejor solución para resolver la inseguridad ciudadana. La oferta de respuestas es tan escasa que prefieren quedarse con una estrategia que por lo menos es visible.
La innovación de Witzel (Partido Social Cristiano, PSC) es suprimir la secretaría de Seguridad Pública y elevar a ese escalafón a la Policía Militar y a la Policía Civil. Su ideología, su discurso y sus primeras decisiones han colocado ya al nuevo gobernador como una nueva amenaza para los derechos humanos.
“Sería muy extraño decir lo contrario”, señala Pablo Nunes“. ”Desde la precampaña ya estaba fomentando este tipo de comportamiento y acción de los policías“. El Ministerio Público Federal, ante tales avisos, ha intervenido remarcando que la actitud de Witzel va contra la Constitución y las leyes brasileñas vigentes, y que en caso de que se produzcan esas ejecuciones extrajudiciales se buscarán responsabilidades en los superiores de los policías que aprieten el gatillo. ”No necesita ni crear una ley“, se lamenta Nunes, ”solo con estos discursos ya legitima y hace ver que habrá impunidad para cometer arbitrariedades“.
El Observatório da Intervenção teme incluso que Witzel pueda llegar a reinstaurar la “gratificación faroeste” [de lejano oeste], empleada en los noventa por el gobernador Marcello Alencar para premiar los llamados “actos de valentía de los policías”, que no eran otra cosa que asesinatos de delincuentes.
Las operaciones militares de la Intervención Federal en la seguridad pública de Río de Janeiro, alentadas por un presupuesto de 1.200 millones de reales (278 millones de euros), han dejado, sobre todo, muertos (van camino de superar el récord de asesinatos de 2007, donde la Policía Militar mató a 1.333 personas) y algún que otro triunfo en lo referente a robo de cargas (descendieron en un 20%). A pesar de las dudas sobre los derechos humanos, la estrategia ha compensado electoralmente a candidatos como Bolsonaro y Witzel, preparándoles el terreno y facilitándoles el discurso.
Humillaciones a la concejala Marielle Franco
El gobernador electo ganó repercusión durante la campaña, demostrando que el discurso violento genera rédito electoral, el día en que en uno de sus mítines se presumió de haber arrancado y partido en dos una placa homenaje a la concejala Marielle Franco, asesinada a tiros el pasado 14 de marzo junto a su chófer Anderson Pedro Gomes. La vejación al recuerdo de la concejala y a lo que significaba su trabajo social, como mujer negra, lesbiana y de la favela, acompañó de cerca a Witzel durante su discurso.
El gobernador Witzel ya adelantó durante la campaña electoral que bajo su mandato este caso sería investigado como uno más. Y es que para buena parte de la población, sobre todo la que en octubre votó en las urnas a Jair Bolsonaro para presidente y a Wilson Witzel para gobernador, activistas sociales como Marielle Franco trabajan a favor del crimen organizado y no a favor de la población en general.
“El campo de los derechos humanos no ha conseguido comunicarse con una parte de la población”, reconoce Pablo Nunes. “Esa lógica de que los derechos humanos defiende a los delincuentes y no a todos ha ido cristalizando seguramente porque no hemos dado la debida importancia a ese discurso”.
Desde el Observatório da Intervenção se preparan para lo que vendrá a partir de ahora: “Una intervención sin intervención oficial. Más decretos de Garantía de la Ley y el Orden (GLO) –que permiten la participación militar en operaciones de seguridad pública– y más generales o comandantes en los principales despachos de la seguridad pública aquí en Río de Janeiro”.
Los últimos movimientos del gobernador, mientras tanto, están relacionados con la organización de un viaje a Israel junto al senador electo Flávio Bolsonaro, uno de los hijos del presidente. El objetivo es claro: ver de cerca cómo funcionan los drones armados del Ejército hebreo.