El primer ministro británico, Rishi Sunak, ha empleado el veto que permite al Gobierno británico bloquear una decisión de Escocia por primera vez desde la creación del Parlamento escocés en 1998. El inusual enfrentamiento ha sido para bloquear la ley de protección de las personas trans aprobada en diciembre en Escocia y que permite cambiar la identificación de género sin un certificado médico previo y a partir de los 16 años.
En todo el país, ya está vigente una legislación de 2004 que permite la autodeterminación de género, pero que requiere pasar un examen, que hayan pasado dos años desde la decisión y que la persona sea mayor de edad. Según el Gobierno británico, la nueva ley escocesa puede interferir con la legislación contra la discriminación de 2010 y puede traer “complicaciones significativas” legales por tener dos sistemas en Reino Unido en particular por la diferencia de edad. El ministro encargado de Escocia comunicó la decisión el lunes por la noche a la primera ministra de Escocia, Nicola Sturgeon.
Sturgeon asegura que se trata de “un ataque frontal” contra el Parlamento escocés y su “capacidad de tomar sus propias decisiones en asuntos que están transferidos”. Este martes confirmó que llevará el caso a los tribunales. “Al hacerlo, estaremos defendiendo con fuerza algo más, es decir, la institución del Parlamento escocés y la capacidad de sus diputados elegidos democráticamente de legislar en sus áreas de competencia. En definitiva, estaremos defendiendo la democracia escocesa”, dijo en una entrevista a la BBC.
La sección 35
El Gobierno británico se acoge a la sección 35 de la legislación de 1998 impulsada por el Gobierno de Tony Blair que creó el Parlamento de Escocia y le dio más poderes autónomos a lo que en Reino Unido se denomina “nación”. Este apartado permite al Gobierno central bloquear una legislación si considera que tendrá “un efecto adverso” en la aplicación de la ley en general.
En 2012, un memorando recordaba que sólo se debe utilizar como “último recurso” y de hecho nunca se había empleado hasta ahora. El Gobierno de Sunak habría tenido la opción, por ejemplo, de ir a los tribunales en lugar de recurrir a lo que formalmente se conoce como “la opción nuclear”.
El debate sobre la ley ha abierto una brecha también entre los laboristas escoceses y los del partido nacional. El líder laborista, Keir Starmer, se opone a la que la edad para la autodeterminación de género sea a partir de los 16 años. La mayoría de los laboristas escoceses apoyaron la nueva ley, pero dos diputados dimitieron y votaron en contra.
Pero la cuestión también divide a los conservadores en Londres. La ex primera ministra Theresa May está entre los tories a quienes les gustaría ver una ley sobre la autodeterminación de género como la escocesa aplicada en todo el territorio. También hay conservadores críticos con la interferencia del Gobierno de Sunak en las decisiones del Parlamento escocés y algunos alertan de que esto puede dar alas al independentismo.
Conflicto en Escocia
El Gobierno escocés ya ha sugerido que no aceptará la decisión de Londres y acudirá a los tribunales, en una disputa que puede acabar en el Tribunal Supremo en un caso importante sobre las competencias constitucionales. Sunak también podría intentar negociar los detalles de la legislación para que el Parlamento escocés apruebe una versión modificada. Pero los mensajes del Gobierno escocés indican que se acerca una batalla legal en la que dará “todos los pasos que sean necesarios” para preservar la ley, según dijo Shona Robison, la ministra escocesa de Justicia Social.
Más allá de esta legislación, el paso supone un nuevo enfrentamiento entre el Gobierno británico y Escocia, que en 2016 votó mayoritariamente a favor de la permanencia de Reino Unido en la UE y cuyos políticos empujan para convocar un nuevo referéndum sobre la independencia.
El Ejecutivo de Boris Johnson se negó a sus peticiones. La primera ministra escocesa ha intentado invocar sus poderes para convocar una nueva consulta sin el consentimiento de Londres para el 19 de octubre de este año, pero el Supremo dictaminó el pasado noviembre que Escocia no es competente para legislar por su cuenta sobre este asunto.
Los escoceses están divididos sobre la independencia. En 2014, la mayoría rechazó la ruptura, pero desde 2016 los partidarios de la salida de Reino Unido han ganado adeptos.