Vitoria, 30 ago (EFE).- El Gobierno Vasco ha reconocido como víctimas de vulneraciones de derechos humanos a Joxe Benito Mujika “Xenki” y Mikel Martínez de Murgia “Murgi”, dos integrantes de ETA muertos en una operación de la Guardia Civil en la localidad vizcaína de Lekeitio en 1972.
La versión oficial de su muerte hacía referencia a un enfrentamiento con agentes de este cuerpo pero la Comisión de Valoración de las solicitudes de reconocimiento como víctima presentadas en virtud de la llamada ley vasca de abusos policiales entre 1978 y 1999 cree que son “muertes compatibles con una ejecución arbitraria o extrajudicial”.
Tras estudiar las pruebas del caso y escuchar diversos testimonios para recabar información sobre lo ocurrido en Lekeitio el 2 de septiembre de 1972, la Comisión de Valoración consideró que se trata de muertes “compatibles con las vulneraciones de derechos humanos” recogidas en el artículo 2 de la citada ley.
La organización Egiari Zor Fundazioa, que agrupa a familiares y víctimas de la violencia policial, se ha felicitado por este reconocimiento a través de las redes sociales y ha anunciado un acto en Lekeitio el próximo viernes, 2 de septiembre, con el lema “Es hora de saber la verdad”.
El reconocimiento de “Xenki” y “Murgi” como víctimas de violencia policial está recogido en el informe anual de actividad de esta Comisión de Valoración y fue presentado en junio en el Parlamento Vasco, aunque en ese momento no trascendieron los nombres de las 46 personas que fueron reconocidas como víctimas.
En el informe, que comprende el trabajo de la comisión entre septiembre de 2021 y junio de 2022, se precisa que en esos meses se resolvieron 573 expedientes, de los que cuatro fueron desestimados o desistidos y 46 fueron resueltos favorablemente.
De esos 46 casos (entre ellos los referidos a los dos etarras muertos en Lekeitio), 28 corresponden a tortura y maltrato grave, seis a fallecimientos, cinco a lesiones por impacto de bala, cuatro a lesiones por pelotas de goma, dos a lesiones graves por agresión, y uno a vulneración de integración moral y psíquica.
Los causantes fueron la Guardia Civil, Policía Nacional, Ertzaintza, Fuerza Nueva, Triple A, Batallón Vasco Español y Guerrilleros de Cristo Rey.
Entre los casos admitidos también estaba el de Mikel Zabalza. La comisión consideró que su muerte en 1985 tras ser detenido por la Guardia Civil tuvo “naturaleza violenta” y fue “resultado de prácticas de tortura con posterior desaparición”.
Entre los casos inadmitidos destacan las 473 solicitudes de miembros de las fuerzas de seguridad del Estado, que la comisión rechazó al no tener “encaje en la ley”, ya que ser víctimas de ETA no se corresponde con violaciones de derechos provocadas “por abuso de poder o uso ilegítimo de la violencia estatal”.