El 3 de agosto de 2017, el periodista y activista socialista Hamza Yalçın fue detenido en el aeropuerto de Barcelona gracias a una notificación roja de Interpol solicitada por Ankara. Un día después, Yalçın, sueco de origen turco, fue trasladado a prisión, donde estuvo hasta el 28 de septiembre. “España sabía que tenía la nacionalidad sueca. No era difícil imaginar que me señalaron porque estaba en contra de Erdogan, que no es el rey de todos los países, ni tampoco de Interpol. Erdogan es conocido mundialmente por su intolerancia extrema contra la prensa independiente. Me sorprendió que España ayudara a Turquía en este asunto”, señaló el periodista en un artículo escrito desde prisión. Finalmente, España rechazó su extradición.
Días más tarde de su detención, el 19 de agosto, la policía entró en un hotel de Granada y arrestó al escritor izquierdista DoÄŸan Akhanlı, ciudadano alemán de origen turco sobre el que también había una notificación roja de Interpol. Akhanlı fue puesto en libertad condicional un día después, pero se le obligó a permanecer en España hasta que se resolviese su extradición, que también fue rechazada. “Es terrible porque pensaba que estaba a salvo en Europa. Abusan del derecho internacional”, dijo. Incluso la canciller Angela Merkel denunció lo ocurrido en España: “No se puede abusar de organizaciones internacionales como Interpol”. Su entonces ministro de Exteriores, Sigmar Gabriel, dijo: “Sería terrible que Turquía pudiese llegar a la otra punta de Europa para arrestar a gente que levanta la voz contra Erdogan”.
Con 194 miembros, Interpol es una de las organizaciones internacionales más grandes del mundo y su objetivo es “hacer del mundo un lugar más seguro” gracias a la cooperación policial. Sin embargo, muchos países autoritarios la han convertido en una herramienta muy útil para “dar caza” a sus enemigos políticos en cualquier punto del planeta, incluido España. Yalçın y Akhanlı quedaron pronto en libertad y no fueron extraditados, pero otros muchos no han tenido la misma suerte y son extraditados o quedan atrapados durante mucho tiempo en cárceles del extranjero.
Uso y abuso
Una de las principales herramientas de abuso de la organización, aunque no la única, son las notificaciones rojas, que son alertas para localizar y detener a determinadas personas. En los últimos 20 años las notificaciones rojas se han disparado, multiplicándose por diez. “Hay un problema sistemático de abuso de la organización”, dice a elDiario.es Lyudmyla Kozlovska, activista ucraniana fundadora de la ONG Open Dialogue Foundation, organización que aboga por la renovación del organismo internacional.
Michael Polak, abogado de Church Court Chambers, director de Justice Abroad y experto en casos de Interpol, señala: “El uso de las notificaciones de Interpol ha aumentado considerablemente con la interconexión global. El uso de las notificaciones para atacar a disidentes por razones políticas también parece estar en aumento”. Actualmente hay 66.370 notificaciones rojas, de las cuales solo 7.669 son públicas, por lo que es imposible saber cuántas de ellas tienen motivaciones políticas. Tampoco es público el número de notificaciones emitidas por cada país, lo que permitiría identificar a los grandes abusadores, ni el número de notificaciones rojas rechazadas. La publicación de estos datos sería “un gran castigo para ellos y para su reputación”, dice la activista.
El abuso de los mecanismos de Interpol preocupa. En 2017, un documento filtrado publicado por la agencia de noticias AP reveló que Interpol estaba revisando alrededor de 40.000 notificaciones rojas para determinar si tenían motivaciones políticas. En 2019, un informe del Consejo de Europa indicaba: “Se debe lograr un equilibrio razonable entre el interés legítimo en prevenir la impunidad y los derechos de las personas sujetas a una solicitud de extradición. La cooperación internacional en términos de legislación penal requiere un alto grado de confianza mutua basada en estándares comunes y prácticas. La confianza se destruye cuando los mecanismos de cooperación internacional se utilizan incorrectamente con objetivos políticos o corruptos”.
El anfitrión
Desde este martes hasta el jueves, Interpol celebra su Asamblea General anual en Turquía, uno de los países que más abusan del sistema. “La localización de la Asamblea General no tiene ninguna conexión con el trabajo diario de la secretaría general. Las reuniones se celebran de acuerdo con los cuatro principales principios que gobiernan la organización: soberanía nacional, respeto de los derechos humanos, neutralidad y cooperación constante y activa”, dice un portavoz de la organización a elDiario.es.
“Celebrar la Asamblea General en Turquía envía el mensaje equivocado sobre los valores de Interpol y sobre su capacidad de enfrentarse a regímenes autocráticos corruptos”, denuncia Polak. “También se enviaría un mensaje terrible si la asamblea elige a Ahmed Naser al-Raisi, un alto cargo de seguridad de Emiratos Árabes Unidos (EAU), como futuro presidente de la organización. Raisi supervisa los servicios de seguridad, que han perseguido al destacado abogado de derechos humanos Mohammed al Roken (condenado a 10 años), al activista Ahmed Mansoor (condenado a 10 años) y al economista Nasser bin Ghaith (condenado a 10 años). Además, EAU ha utilizado el sistema de notificaciones con fines políticos”.
Kozlovska opina que esta asamblea “destroza la reputación de la organización y le da a Turquía la posibilidad de mostrarse como un estado poderoso al que acuden todos los otros países”. Otra de las formas de abuso de Ankara es la anulación de miles de pasaportes de opositores. “Esto es un nuevo nivel de abuso. Si el Estado informa a Interpol y la institución te corta del sistema, esto significa que tu documento ya no lo es y no puedes cruzar ninguna frontera”, dice la activista.
Kazajistán también destaca en este ámbito por la complejidad de su estrategia de abuso. El país utiliza a otros Estados aliados para emitir varias notificaciones rojas sobre la misma persona, dice Kozlovska. “No tiene precedentes y era difícil de demostrar que Kazajistán está detrás de esta estrategia”, dice. “Gracias a una gran filtración de datos, recopilamos correos electrónicos durante un año que mostraban claramente que Kazajistán utilizaba otros países como Rusia y Ucrania para perseguir a gente”.
Aunque la detención no es obligatoria bajo las notificaciones rojas, muchos países lo cumplen por la confianza mutua en la que se basa la organización. “Los países son vagos y se presupone que la persona tiene que ser detenida de forma preventiva. [Los países autoritarios] lo saben y por eso Interpol es tan peligroso. Los Estados prefieren detener, comprobar y después liberar, pero eso lleva meses, destroza vidas y ayuda a los regímenes a mantener a las personas aisladas”.
El proceso
En teoría, cuando un Estado solicita una notificación, Interpol revisa el caso antes de aprobarla. “En 2016 se creó una unidad de trabajo en la sede de la secretaría general con la responsabilidad de revisar el cumplimiento de todas las notificaciones rojas antes de su publicación. Una notificación solo se publica si cumple con la constitución de la organización, bajo la cual está prohibida la intervención de carácter político, militar, religioso o racial”, señala a elDiario.es un portavoz del organismo.
Los activistas, sin embargo, denuncian la insuficiencia de esos controles. “Normalmente, la comisión de control, responsable de todas las notificaciones rojas, se compone de entre seis y ocho personas, por lo que es físicamente imposible revisarlas”, señala Kozlovska. “Por esta razón, el proceso es automático y recaba información de internet. Lo que ocurre es que los Estados pueden publicar todas las mentiras y en todos los idiomas que quieran, por lo que si tu nombre aparece asociado al terrorismo, extremismo, blanqueo o cualquier otra acusación, entras en la lista”. Polak coincide: “Está claro que Interpol no estudia las solicitudes con suficiente detalle y acepta peticiones de Estados no democráticos sin considerar adecuadamente sus motivos”.
El pasado mes de julio, el activista uigur Yidiresi Aishan, que recoge testimonios de abuso de las autoridades chinas en la región de Xinjiang, fue detenido en Marruecos por una notificación roja emitida por China, otro de los países que abusan del sistema. Aunque Interpol retiró a posteriori la notificación, Aishan sigue detenido y esta semana se celebra el juicio de extradición. Otro caso reciente es el del opositor bielorruso Mariusz KamiÅ„ski, que fue detenido en Polonia ante la notificación roja solicitada por Minsk. Aunque fue liberado poco después, el ministro de Interior polaco, Mariusz KamiÅ„ski, dijo: “La detención de ayer es el resultado de un nuevo intento del régimen bielorruso de hacer un uso político de la notificación roja de Interpol”.
Kozlovska señala que la organización ha mejorado en sus controles, aunque todavía es insuficiente. “En 2013 era una de las instituciones más poderosas y desconocidas. Era como una caja negra. Ahora por lo menos hay un criterio que te permite que seas eliminado de la lista en unos seis meses o menos”. Polak ha redactado con éxito algunas de esas solicitudes para eliminar a sus clientes de la lista. “El problema es el tiempo que lleva, en el que en ocasiones se produce la extradición”.
“Se te puede perseguir y se te puede destrozar la vida sin recibir ninguna compensación. Tiene que haber un fondo de compensación. Ello aumentaría la reputación de Interpol y obligaría a países como Turquía, China, Kazajistán o Rusia a pagar”, dice Kozlovska. “Por el momento no hay precedentes porque es algo interestatal. No puedes demandar a Interpol. No hay jurisdicción donde hacerlo porque Interpol es como un buzón. No puedes demandar a un buzón”.