Una carta firmada presuntamente por cientos de militares peruanos retirados pide a los comandantes en jefe de las Fuerzas Armadas que desconozcan la validez de la victoria de Pedro Castillo en los comicios presidenciales. Los autores de la carta esgrimen que si la Justicia desestima las reclamaciones por fraude que ha presentado la candidata derechista Keiko Fujimori, el Ejército debería levantarse contra “un presidente ilegal e ilegítimamente proclamado”.
Fuentes del Ministerio de Defensa han confirmado a Efe que los jefes del Comando Conjunto de las FF.AA. recibieron una misiva en la que se argumenta que las autoridades militares “no podrían aceptar a un jefe supremo ilegítimamente investido producto de un fraude” o fruto de “irregularidades”.
Keiko Fujimori, que salió perdedora tras el recuento de votos en las pasadas elecciones presidenciales, es, junto a sus aliados políticos, la única que sostiene la existencia de un fraude electoral, sin haber aportado pruebas fehacientes. Por ello, solicitó a los tribunales electorales anular centenares de miles de sufragios en los bastiones electorales de Castillo.
La misiva fue recibida por el Jefe del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, general César Astudillo; el Comandante General de la Marina de Guerra, almirante Ricardo Menéndez; el Comandante General del Ejército, general Manuel Gómez de la Torre, y el Comandante General de la Fuerza Aérea, general del aire Rodolfo Pereyra.
El presidente peruano en funciones, Francisco Sagasti, ha asegurado este viernes que tanto las Fuerzas Armadas como la Policía Nacional son “neutrales y no deliberantes” y que la carta ha sido remitida al Ministerio Público para que valore si incurre en “conductas lesivas al orden constitucional”.
La carta suscribe los argumentos de Fujimori
En el documento, los exoficiales expresan su “profunda preocupación por la amenaza que se cierne contra la estabilidad democrática” del país, a raíz de la forma en que se ha realizado la segunda vuelta electoral, en la que Castillo obtuvo un 50,12% de los votos.
Los militares retirados recogen la versión de Fujimori de que el partido de Castillo, Perú Libre, habría cometido “fraude sistemático” con firmas falsas y adulteraciones en la votación.
En ese sentido, sostienen que si el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) ignora o desestima las denuncias de Fuerza Popular, el partido de Fujimori, y proclama a un ganador “obviando sus funciones y responsabilidades, tendríamos un presidente ilegal e ilegítimamente proclamado, por ser consecuencia de un delito cometido por parte de los actores electorales”.
El JNE ya está analizando las reclamaciones presentadas por Fuerza Popular, la inmensa mayoría presentadas fuera del plazo legal establecido.
De momento, ningún caso de los analizados ha dado la razón a Fujimori, que no aportó ninguna prueba fehaciente de sus acusaciones.
Según estos militares retirados, la Constitución reconoce el derecho a la no obediencia y a desconocer como presidente y jefe supremo de las Fuerzas Armadas y Policía Nacional “a una persona que haya sido nombrada violando la Constitución y las Leyes de nuestro país, pudiendo recurrir al Congreso de la República para dar una solución democrática y de acuerdo a Ley”.
Asimismo, afirman que la población civil “tiene el derecho de insurgencia en defensa del Orden Constitucional” y que “son nulos los actos de quienes usurpan funciones públicas”.
La carta de los exoficiales se suma a otras difundidas en redes sociales en los últimos días por parte de otros militares en la reserva, que han alimentado el clima de tensión e incertidumbre sobre los resultados electorales.
El JNE ha señalado que solo proclamará los resultados de la segunda vuelta presidencial cuando haya resuelto todas las actas observadas y los pedidos de nulidad, que se pudieron presentar legalmente hasta las 20:00 horas del pasado 9 de junio.
Dudas sobre la autenticidad de la misiva
Sin embargo, la carta, avalada al parecer por un extenso listado de nombres, no tiene firmas, y se observa que en ella hay por lo menos cuatro o cinco fallecidos entre quienes supuestamente la suscriben, han indicado las fuentes oficiales.
Por ese motivo, el Ministerio someterá el escrito a una investigación para verificar su autenticidad y luego “determinar si procede una denuncia” sobre su contenido, que podría incurrir en graves delitos por incitar a quebrantar la Constitución y las leyes peruanas.