Era el invierno de 2015, un grupo de inmigrantes españoles y latinoamericanos compartían una clase de alemán en Berlín. El mayor de ellos era un argentino de 67 años. Con cierto tono paterno, a varios de ellos les resultaba muy agradable. Las charlas después de clases y los encuentros se repitieron hasta que una tarde alguien le preguntó por su historia. Él les dijo que había sido buzo táctico de la Marina y que estuvo en Malvinas. Cuando le consultaron cómo vivió los años de la dictadura, contestó que todo era “muy distinto de como lo cuentan”. Los que escuchaban se enrarecieron con su relato. A la semana, uno buscó su nombre en Internet y se quedó helado: aquel compañero simpático era el represor Luis Esteban Kyburg, acusado de matar y torturar a 123 personas. A los pocos días, Kyburg fue denunciado en la Embajada argentina en Alemania y ahora es investigado por la Justicia de ese país, que debe decidir si lo juzga en su territorio por crímenes de lesa humanidad.
La Base Naval de Mar del Plata fue un centro de detención y tortura durante la dictadura. Allí Kyburg era el segundo comandante de la unidad de Buzos Tácticos. Nueve de sus integrantes fueron condenados a cadena perpetua por torturas, secuestros y asesinatos en 2016. Kyburg no participó en ese juicio porque tres años antes se fugó del país y desde entonces tiene un orden de captura internacional. Después de las denuncias de sus compañeros en Berlín, Argentina solicitó su extradición, pero Alemania se la denegó porque Kyburg tiene nacionalidad de ese país y su constitución prohíbe entregar a sus ciudadanos para que sean juzgados fuera de su territorio. El caso parecía cerrarse pero la Fiscalía General de Berlín decidió pedir parte de la causa de la Base Naval a la Justicia de Mar del Plata y comenzó el proceso de declaración de testigos en Europa, algo imprescindible al entender de los funcionarios judiciales alemanes.
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El 18 de septiembre de 1976, un grupo de militares pateó la puerta de la casa de Omar Marocchi y Susana Valor en Mar del Plata. A la pareja la llevaron a la Base Naval y nunca más se supo de ellos. Anahí Marocchi, hermana de Omar, se presentó como querellante en la causa en Alemania y espera declarar frente al fiscal Dirk Feuerberg. “Este hombre (Kyburg) se apropió de un pasaporte alemán para cobijarse. Espero que la Justicia alemana lo entienda así y lo puedan juzgar. Él sabe muchas cosas e hizo muchas cosas. En la Base Naval había muchos grupos de militares y él era el segundo a cargo. No quiero que tenga una condena por una necesidad personal sino para que no haya impunidad. Cada juicio sirve para develar un poco más lo que sucedió”, explica Marocchi.
Después de que Marocchi se presentara en Alemania, la fiscalía de Berlín mandó diligencias a distintos países. En Barcelona y Estocolmo se tomaron testimonios a dos víctimas que pasaron por la Base Naval y luego se exiliaron. Lo mismo sucedió con un testigo que vive en Valencia y que en breve hará su declaración. Respecto a los testigos de Argentina, los que viven en Buenos Aires declararán en la embajada alemana y los de Mar del Plata en la fiscalía que allí investigó a Kyburg.
Toni Hervida es un periodista argentino que vive en Berlín. En marzo de 2017 se enteró de que Kyburg estaba en Alemania. Había cambiado de casa y no sabía por dónde comenzar a buscarlo. Estuvo tratando de encontrarlo casi dos años y medio. Hasta que le llegó una pista que lo llevó al este berlinés, al barrio Prenzlauer Berg. En ese lugar de edificios restaurados, cafés, restaurantes y parejas jóvenes, Toni se sentó a esperar. Un día vio entre la gente a alguien que le resultaba parecido a Kyburg. Dudó, pero se acercó rápido tratando de no llamar la atención. Vio cómo entraba a un edificio. En el portero eléctrico estaban los nombres de las familias y ninguno era el del represor. Hasta que se dio cuenta de que uno de ellos estaba tapado con cinta. Lo levantó y vio que decía “Kyburg”. “Listo, te tengo”, pensó en ese momento.
“Me acuerdo de que hacía mucho frío en Berlín. Yo había comprado un objetivo para sacarle fotos desde lejos. En un momento salió al balcón y le enfoqué. Cuando lo vi en el visor me tembló un poco el pulso, pensé: ”Este tipo mató a muchísima gente y ahora lo tengo enfrente“, explica Hervida.
El 10 de julio del año pasado, Hervida y otros cinco periodistas del diario Bild montaron guardia hasta que Kyburg salió por la puerta de su casa. Llevaba puesta una chaqueta azul y una mochila negra en su hombro derecho. Llevaba barba y bigote y estaba peinado hacia atrás. Lo rodearon y, con una impresión de la orden de captura en la mano, también comenzaron a preguntarle por su pasado. “Esto está mal, lea la historia argentina”, fue lo primero que respondió. Le mostraron los nombres de sus ex compañeros condenados y dijo: “Conozco a todas estas personas. Son gente muy hermosa. Yo mismo era sólo un buceador en ese momento”. La publicación del diario fue titulada: “¿Hay un torturador caminando por Berlín?” y la acompañaba una foto de Kyburg con una mascarilla en la mano. A partir de que el caso se hizo público en Alemania, la investigación contra Kyburg se aceleró.
Fuentes de la Fiscalía General de Berlín explican que por la reforma a su Código Penal, de todos los delitos que se le imputan a Kyburg, solo se lo puede juzgar por los asesinatos, que en Alemania tienen penas que pueden llegar incluso a la prisión perpetua. También explican que son muy excepcionales los casos en los cuales se otorga el pedido de extradición para los ciudadanos alemanes y que solo podrían ser ante una Corte Internacional.
La semana pasada, elDiarioAR publicó una nota sobre los genocidas prófugos a los que se le había hecho envejecimiento facial de las imágenes para reconocerlos mejor. En esa lista estaba Kyburg, a pesar de que las autoridades argentinas saben dónde está. Desde el Ministerio de Seguridad de Nación explicaron por qué decidieron mantenerlo. “Kyburg sabe que mientras esté en suelo alemán no lo van a poder extraditar, pero si llega a salir a algún país de la comunidad europea entra en vigor la captura internacional. Es una posibilidad más para juzgarlo”, detalló el director nacional de Cooperación Judicial y Ministerios Públicos, Jonatan Firun, que es quien está a cargo de las búsquedas de los represores.
En este momento, Kyburg se mantiene con la jubilación mínima y una asignación social de cerca de 400 euros. Su pensión en Argentina fue bloqueada, pero los que lo investigan sospechan que viejos compañeros de armas le mandaron dinero. El centro de ex Combatientes Islas Malvinas de La Plata había denunciado en 2015 que Kyburg fue incorporado al padrón de veteranos de Guerra en 1994 —por disposición del Consejo Superior de Oficiales de la Armada— y que por eso cobraba una pensión. Ese beneficio se le quitó luego de que se hiciera público el pedido de captura.
“El día que lo grabamos en la calle, Kyburg no nos esperaba y no tenía un discurso preparado. Por eso cuando yo le digo que lo acusaban de matar a cientos de personas, él me respondió: ‘No, yo leí la causa. La historia es distinta. Como nosotros no confesamos, nos endilgaron todas las muertes desde el 76 al 79. Pero ese número no es cierto, son muchos menos’. En el mareo se autoincriminó”, relata Hervida.
“No es simple el proceso que se está llevando adelante en Alemania porque ellos entienden que deben probar cosas que nosotros ya no discutimos. Por ejemplo, la existencia de los campos de detención. Eso hace que haya que entregar prueba en abundancia, que aquí no requeriríamos. Es como si nosotros les pidiéramos que prueben la existencia de Auschwitz. A pesar de esas dificultades, las Justicias de los dos países están trabajando bien juntas”, explica el abogado de Marocchi, César Sivo.
La encargada del enlace internacional de la Secretaría de Derechos Humanos de Nación, Andrea Pochak, también explica la responsabilidad alemana con respecto al proceso contra Kyburg: “Nosotros impulsamos el juicio de los represores en Argentina. Creemos que la Justicia argentina es la que debe juzgar y sancionar estos crímenes de lesa humanidad. Sin embargo, allí donde no se puede y se dificulta la extradición de las personas, los Estados deben hacerse cargo del juicio. En casos de crímenes de lesa humanidad todos los Estados tienen la obligación de extraditar o juzgar. Si por una razón jurídica, Alemania no puede extraditar a Kyburg, tiene que hacer Justicia en su propio país”.
Argentina tuvo muchas dificultades para juzgar a genocidas prófugos. Comienza la historia con Guillermo Suárez Mason, ex jefe del Primer Cuerpo de Ejército, que se fugó a Estados Unidos en 1984. Su captura internacional se dilató varios años. No lo trajeron hasta 1988. Fue condenado y luego indultado por Carlos Menem. Con las leyes de impunidad, una de las estrategias de las víctimas de la dictadura fue utilizar la jurisdicción universal por el carácter de los delitos de lesa humanidad. Italia y España fueron los países que recibieron más denuncias porque muchos de sus ciudadanos sufrieron la represión de la dictadura. Son muy pocos los casos de genocidas argentinos juzgados fuera de las fronteras. El más resonante es el de Adolfo Scilingo, sentenciado en España en 2005. Por eso resulta tan relevante lo que pueda suceder en Alemania con Kyburg.
Al completar el proceso de instrucción, el fiscal Feuerberg deberá decidir si entiende que hay motivos suficientes para llevar a juicio al represor.
Kyburg acaba de cumplir 73 años y tiene enfermedades respiratorias. Los tiempos para que se enfrente a un Tribunal no son muy extendidos. Las víctimas y los familiares esperan que los plazos pandémicos no impidan que por fin se enfrente a la Justicia.
AM