Empezaron siendo pocos. Muy pocos. Pero con el correr de las semanas se han convertido en decenas de miles. Los 'indignados' de Honduras, el segundo país más pobre de América, han tomado las calles para exigir un profundo cambio político en el país. Desde una tienda de campaña frente al palacio presidencial y en manifestaciones cada vez más numerosas, piden también que una comisión independiente de la ONU investigue los casos de corrupción que afectan al partido en el gobierno. Una trama de malversación ha dejado a miles de personas sin medicinas y ha ocasionado, según un informe oficial, la muerte de varias personas.
Gabriela Blen forma parte del germen de #oposiciónindignada, el movimiento que a través de las redes sociales ha conseguido “que la población hondureña despertara después de mucho tiempo de estar adormecida”, explica a eldiario.es. Ella tiene 27 años, es productora audiovisual y diseñadora y está cursando otra carrera en la universidad. La acompañan un ingeniero en sistemas, un abogado, un periodista, un licenciado en administración, otro en finanzas... Son jóvenes profesionales de clase media, politizados –aunque no todos militan en partidos– y en contacto con el ámbito universitario. “Nos movilizamos porque la situación es insoportable, porque los gobernantes se burlan del hambre de la gente, y porque Honduras se merece estar dirigida por personas honorables y no por criminales”, explica Blen.
Ellos empezaron a manifestarse en enero, cuando se conocieron las intenciones del presidente Juan Orlando Hernández de intentar la reelección. “Éramos ocho o diez la primera vez”, cuenta Erlin Mejía, de 19 años, uno de los cuatro acampados que está en huelga de hambre para exigir una reacción del gobierno hondureño. “No estamos aquí como simpatizantes de ningún partido sino como ciudadanos indignados”, confirma Mejía, que se mueve en una silla de ruedas.
Las protestas llevan meses, pero la verdadera mecha de la indignación la encendió un caso de corrupción en el Instituto Hondureño de la Seguridad Social que implica a los máximos representantes del Partido Nacional y también al presidente. El fraude es de dimensiones escandalosas: la sospecha es que se suministraron medicinas adulteradas, se vaciaron las contribuciones de los trabajadores, se sobrevaloraron servicios hasta en un 400%, dejaron de ofrecerse productos médicos de primera necesidad y, con el dinero defraudado –más de 100 millones de dólares–, además de financiar la campaña de Hernández, se compraron docenas de viviendas y vehículos de lujo en Estados Unidos, Honduras y Chile, y se pagaron viajes de placer y fiestas.
Todo esto sucede en un país con ocho millones de habitantes y el triste privilegio de ser el Estado más pobre del continente después de Haití. Además, Honduras figura como una de las naciones con peores infraestructuras del mundo en el Reporte de Competitividad Global del Foro Económico Mundial. En ese ranking queda en el puesto 96º de 124, ya que sus pésimas calificaciones en transporte, electricidad, telefonía o puertos se compensan con otros aspectos en los que sale algo mejor parado. Curiosamente, uno de sus 'fuertes' es el de la sanidad, donde obtiene 5,5 puntos de un máximo de 7.
Actualmente los almacenes de medicinas hondureños están custodiados por el Ejército y en los hospitales y centros de salud falta hasta lo más básico. En los depósitos que debían abastecer al servicio de salud hay fármacos vencidos hace dos décadas.
“Cuando se supo que el dinero que robaron a los enfermos había pagado la campaña electoral, las redes estallaron. Y de ser 10 pasamos a ser 500. Los medios de comunicación por primera vez nos hicieron caso y a partir de entonces fue imparable. Convocamos por las redes a una marcha con antorchas y pagamos 30 dólares para intentar hacerlo más viral”, relata Blen.
Cada pequeña llama debía rendir homenaje a aquellos que habían muerto por culpa del desabastecimiento y los fármacos defectuosos –el informe de la comisión especial del Congreso reconoce que al menos una docena de mujeres fallecieron por suministrarles óvulos en mal estado–. “Compramos 500 antorchas, porque calculábamos una por persona. Hubo cerca de 8.000 manifestantes. Fue increíble”, rememora la joven.
La última marcha, el viernes pasado, fue mucho más concurrida y se multiplicó en decenas de ciudades hondureñas, hasta en las más pequeñas. Decenas de miles de personas, sin banderas políticas, pedían un cambio. En Tegucigalpa, la capital, desde las ventanas del Hospital Escuela enfermos y médicos colgaron mantas en señal de apoyo.
La huelga de hambre
Cuando se retiró la marea de antorchas, frente a la sede del gobierno quedaba la tienda de campaña en la que Erlin Mejía y otro joven comenzaron una huelga de hambre. Hoy ya son cuatro. Buscaban una reacción del gobierno y la consiguieron. La zona se militarizó. La acampada quedó entre dos retenes, aislada y rodeada por decenas de efectivos armados. “No nos dejan pasar. A veces permiten entrar a algún miembro de organizaciones de derechos humanos que acerca comida y agua a las personas que cuidan de los compañeros”, explica Gabriela Blen.
Tras las vallas hay durante todo el día un grupo de entre 100 y 150 personas atentas a lo que sucede, que se va relevando cada pocas horas. “Tenemos miedo de que si no hay nadie vigilando los compañeros puedan incluso desaparecer”, asegura esta portavoz del movimiento.
Este lunes por la noche un coche se acercó a los indignados. Hubo insultos, agresiones y golpes. A final los atacantes fueron detenidos por la policía. “Sabemos que son un exmilitar y empleados de la policía municipal”, asegura uno de los manifestantes. “Y lo que nos dicen es que no pueden garantizar nuestra seguridad. Que no se responsabilizan si hay algún muerto”, remacha Blen.
Por ahora el gobierno hondureño rechaza la principal petición de esta especie de 15M centroamericano: que la Comisión Internacional contra la Impunidad –creada para investigar los delitos cometidos por cuerpos de seguridad ilegales en Guatemala– indague en la corrupción gubernamental. Hernández aduce problemas de financiación, pero los representantes del movimiento, que se han reunido con el comisionado de la ONU para los derechos humanos en el país, aseguran que el organismo internacional garantiza los fondos para su funcionamiento.
Un país lleno de violencia e impunidad
La reclamación tiene sus razones. Honduras es una de las naciones donde se registran los índices de impunidad y violencia más altos del mundo. Hasta un 91% de los delitos cometidos en el país no son enjuiciados nunca, según el Ministerio Público, y presenta una de las tasas de homicidios más altas del planeta: 90,4 por cada 100.000 habitantes, según cifras de la ONU.
Además, es el mismo gobierno acusado el que debería impulsar las pesquisas. Están presuntamente implicados, entre otros, el actual jefe parlamentario del PN, el partido en el Gobierno, Óscar Álvarez; la ministra de Desarrollo Social y hermana del presidente, Hilda Hernández; el vicepresidente Ricardo Álvarez y Yolani Batres, ministra de Salud responsable de los hospitales y de los almacenes de medicamentos.
“Genera esperanza que los jóvenes se estén involucrando en estas marchas. La clase política está descalificada para luchar contra la corrupción”, asegura a AP Julieta Castellanos, rectora de la Universidad Nacional y una de las voces más respetadas del país. Un estudio del Instituto Centroamericano de Estudios Fiscales calcula que el coste de la corrupción en Honduras asciende al 10% del PIB y que consume dos terceras partes de los ingresos fiscales del Estado. Mientras, más del 40% de la población vive en la pobreza extrema. Gabriela Blen está convencida de que comienza una nueva etapa: “Nos hemos despertado”.