Honduras recibe la detención del expresidente por narcotráfico entre los festejos y el miedo al estigma

Con cadenas, esposado de pies y manos, cubierto con un chaleco antibalas, gorra y mascarilla. Así detenía el martes la policía al expresidente de Honduras, Juan Orlando Hernández, en Tegucigalpa después de que Estados Unidos solicitara su captura con fines de extradición tras acusarle, entre otros delitos, de traficar miles de kilos de cocaína. Había dejado el poder el pasado 27 de enero tras ocho años en el Gobierno. 

La impactante imagen de Hernández rodeado de agentes armados a las puertas de su casa, como si se tratara del jefe de una organización criminal, no es la única que pasará a la historia de este país en el que la mayoría de las violaciones de derechos humanos y los delitos de corrupción quedan impunes. También quedará para la posteridad la de cientos de personas que festejaron en las calles su detención al considerar que se ha hecho justicia, según informaron medios locales. 

Este lunes la Cancillería de Honduras informó que Estados Unidos había solicitado “el arresto provisional de un político hondureño con el propósito de extradición”, sin mencionar el nombre de Hernández. Poco después, las fuerzas de seguridad rodeaban la residencia del exmandatario para evitar cualquier intento de fuga, y este martes por la tarde, era finalmente detenido sin ofrecer resistencia. 

La semana pasada el jefe de la diplomacia estadounidense, Antony Blinken, dijo que Hernández había sido incluido en julio de 2021 en el listado de personas señaladas por corrupción o por socavar la democracia en Centroamérica, por lo que le retiró el visado.

Ahora la Corte Suprema de Justicia de Honduras deberá aprobar o denegar la solicitud de extradición del exmandatario. De momento, este miércoles Hernández fue notificado de los cargos en su contra y la segunda audiencia se ha fijado para el 16 de marzo.

EEUU lanza “un mensaje” a la región

Estados Unidos acusa a Hernández de tener vínculos con el crimen organizado, traficar con armas e introducir en ese país toneladas de cocaína desde 2004 procedentes de Venezuela y Colombia. La droga se habría movilizado por distintas rutas aéreas o marítimas desde Honduras para llegar finalmente al país norteamericano.

El expresidente estaba en la mira de los fiscales estadounidenses desde que su hermano menor, Juan Antonio “Tony” Hernández, fue sentenciado a cadena perpetua por narcotráfico en Nueva York hace un año, pues en el juicio varios testimonios de criminales le comprometían. 

Según Estados Unidos, el exmandatario “recibió a cambio millones de dólares por sobornos y ganancias de múltiples organizaciones de narcotráfico en Honduras, México y otros lugares”. Por su parte, Hernández siempre ha negado las acusaciones en cualquier tipo de actividad ilícita.

Su detención “es una vergüenza para el país”, indica a elDiario.es Carlos Hernández, director de la Asociación para una Sociedad más Justa (ASJ) y representante de Transparencia Internacional en Honduras. 

“Todos sabemos que el narcotráfico, la corrupción y el crimen organizado penetró desde hace muchos años toda la institucionalidad púbica, y eso debilitó el estado de derecho y provocó impunidad en su máxima expresión. Cuando ves que el primer mandatario es señalado por EEUU, y que desde 2004 participaba en actos ilícitos, sin duda provoca una reflexión profunda de cómo el crimen cooptó al país mucho más allá de lo que uno pudiera imaginar”, comenta. 

Con la detención de Hernández, continúa el experto, “Estados Unidos está dando un mensaje al resto de la región [centroamericana] de que no va tolerar altos funcionarios vinculados al narcotráfico”, aunque, a su juicio, también es un mensaje dirigido al nuevo Gobierno de Honduras, cuya presidenta, Xiomara Castro, asumió el pasado 27 de enero el cargo.  

Se trata de que en el Ejecutivo “no solo haya un discurso contra la corrupción y la criminalidad, sino que se produzcan acciones concretas para combatir esos problemas”, según dice el representante de Transparencia Internacional a este medio.

¿Qué país deja el expresidente?

Juan Orlando Hernández, del conservador Partido Nacional, asumió la presidencia en enero de 2014 con la promesa de luchar contra la corrupción y la violencia. Sin embargo, ocho años después, Honduras ha alcanzado la posición más baja desde 2012 en el Índice de Percepción de la Corrupción. Con una puntuación de 23 sobre 100, el país centroamericano se sitúa entre los más opacos y corruptos de toda América Latina y el Caribe.

En cuanto a la violencia, Honduras cerró el año pasado con un promedio de 40 homicidios por cada 100.000 habitantes, tres puntos más que en 2020, lo que supone una de las tasas más altas de la región. Apenas cuatro crímenes de cada 100 son investigados, según datos del Observatorio Nacional de la Violencia de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras.

El analista político Rafael Jerez explica a elDiario.es que durante los primeros cuatro años del mandato de Hernández “sí hubo algunas medidas orientadas a combatir el crimen y el narcotráfico”, pero a partir de su reelección, “se hicieron unas contrarreformas y lamentablemente desde el Congreso nacional se fue legislando para reducir los espacios para luchar contra la corrupción y se aprobaron pactos de impunidad que protegían a la élite política del país”, sostiene.

La Constitución hondureña en su artículo 239 prohíbe la reelección presidencial, pero Hernández se benefició en 2015 de un cuestionado fallo de la Corte Suprema de Justicia que declaró inconstitucional ese artículo. De hecho, es el primer presidente reelecto en el país centroamericano desde el regreso de la democracia en 1981.

Jerez asegura que la reelección de Hernández “fue un punto de quiebre que deterioró el estado del Partido Nacional y de su presidencia, porque además Honduras venía de un episodio similar ocurrido en 2009 que resultó en un golpe de estado” contra Manuel Zelaya, después de que este convocara una consulta informal sobre una reforma de la Constitución que le permitiera la reelección.  

Además de la polémica reelección por medio de la Corte Suprema de Justicia, las elecciones de 2017 en las que Hernández volvió a lograr la victoria también fueron “muy controvertidas y cuestionadas por organismos internacionales”, recuerda Jerez, por lo que su segundo mandato carecía de legitimidad. 

Los resultados que ha dejado la Administración de Hernández tampoco son positivos para la organización de derechos humanos Human Rights Watch, que denuncia en su informe de 2021 los estragos generados por las pandillas, el uso excesivo de la fuerza por parte de policías y militares en operativos de seguridad pública y los ataques que sufren activistas, periodistas y ambientalistas en el país, entre otras muchas cuestiones.

Jerez critica que en los últimos ocho años “se ha producido un deterioro de los poderes del Estado y los órganos contralores (fiscalizadores)”. “Tenemos un Ministerio Público cuestionado, un fiscal general ausente de perseguir casos de alto nivel e instituciones como el Tribunal Superior de Cuentas con una dinámica clientelar”, resume el analista, quien advierte que la eventual extradición de Hernández “es solo una pieza del rompecabezas”. “Aún quedan muchas más con un papel protagonista en el Estado hondureño”, señala.