“Estamos en un momento crucial”. Es uno de los mensajes que dejó la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, en la rueda de prensa junto a Pedro Sánchez tras la reunión del Gobierno y el colegio de comisarios en el pistoletazo de salida de la presidencia europea del Consejo de la UE. Se refería a los dosieres que los 27 tienen que sacar adelante en los próximos meses, antes de las elecciones europeas. Se trata de un tercio de las 250 propuestas que Bruselas ha impulsado y que están ahora mismo sobre la mesa de España, a cuyo Gobierno le corresponde pilotar las negociaciones de esos expedientes antes de que acabe la legislatura. Sacarlos adelante será un trabajo arduo, según les dijo Von der Leyen a los ministros el lunes, pero supondrá una enorme satisfacción.
No será fácil. Como todo en la UE, el camino será tedioso, plagado de intereses cruzados e incluso de amenazas de vetos. Especialmente, para aquellos expedientes que se han marcado como prioritarios para finalizar este mismo semestre: las reglas fiscales, la revisión del Marco Financiero Plurianual, la reforma del mercado eléctrico o el pacto migratorio.
El ultraderechista Viktor Orbán dejó claro la semana pasada que pretendía convertirse en la principal piedra en el zapato de los 27 en los próximos meses. ¿El motivo? El acuerdo alcanzado por los ministros de Interior para repartir una cuota de 30.000 refugiados al año y que el rechazo al asilo suponga 20.000 por persona. Hungría y Polonia se oponen a ese pronunciamiento y han iniciado una batalla bajo la premisa de que esa decisión se debería tomar por unanimidad. “Está en los tratados”, dijo este lunes Sánchez recordando que la mayoría cualificada es suficiente para esa materia.
Orbán y su colega polaco, Mateusz Morawiecki, encontraron la ocasión perfecta para mostrar su malestar durante el Consejo Europeo de la semana pasada en el que aprovecharon para bloquear las conclusiones relativas a migración, a pesar de que el borrador incluía una generalidad sobre la dimensión exterior del fenómeno, que es en lo único sobre lo que hay consenso en la UE. Lograron hacer ruido en una cumbre que debería haber sido de trámite y dar la impresión de un bloqueo en un pacto que avanza por primera vez tras haber permanecido años en el cajón. “Nos negamos a convertir nuestra tierra en un gueto de inmigrantes. Nos oponemos firmemente a estas decisiones y luchamos con todas nuestras fuerzas. No implementaremos medidas que comprometan nuestra soberanía”, expresó el dirigente ultraderechista.
La Hungría de Orbán no participa
Más allá de la política y la dialéctica, Hungría vuelve a chantajear a la UE al amenazar con bloquear la revisión del presupuesto europeo que la Comisión Europea presentó hace un par de semanas y que se negociará durante el semestre español. Fuentes gubernamentales admiten que les tocará remangarse como árbitro de esas conversaciones. El equipo de Orbán ha sido el único que no ha querido participar en la ronda de consultas previas que ha hecho el Ejecutivo español con el resto de estados miembro para preparar el terreno.
A lo que apuntan las mismas fuentes para intentar llegar a un acuerdo es a la necesidad de dar incentivos en algunas políticas y proyectos europeos para que a Orbán no le salga a cuenta bloquear ese marco financiero y quedar como el país que niega 33.000 millones de ayuda a Ucrania. El Ejecutivo húngaro cuestiona el destino del dinero que por ahora se ha entregado a Volodímir Zelenski y mantiene un discurso prácticamente antieuropeísta por la congelación de los fondos que decidió la UE por su deriva autoritaria.
Pero no sólo Orbán será una de las dificultades para la negociación presupuestaria. Países como Alemania o Países Bajos han mostrado reticencias a la ampliación de las contribuciones estatales para hacer frente al incremento de los tipos de interés, por ejemplo, dado que de los 66.000 millones que pide Bruselas, 19.000 irían a hacer frente al aumento de la deuda.
La Alemania de la austeridad
Alemania es, además, el principal obstáculo para las reglas fiscales que los 27 pretenden tener renovadas para 2024. La UE ha decidido recuperar el Pacto de Estabilidad y Crecimiento que quedó suspendido con la pandemia para reducir la deuda y el déficit, con el objetivo de llegar al 60% y el 3% del PIB, respectivamente.
En el Gobierno español asumen que el ministro de Finanzas, Christian Lindner, será un hueso duro de roer en esa negociación y explican que la intención en las conversaciones será encontrar un equilibrio entre dar seguridades a Alemania y los frugales respecto a la consolidación económica -exigen que haya unos objetivos comunes mínimos- al tiempo que se respeta la flexibilidad para que sean los países los que propongan su senda fiscal. Todo está abierto en esa negociación, incluso la fecha en la que puede terminar porque fuentes gubernamentales reconocen que la aprobación puede demorarse más allá de diciembre, pero lo que rechazan en el Ejecutivo es volver a unas exigencias automáticas e inalcanzables como las que aplicaban hasta 2020 y que suponían la reducción de una veinteava parte de la deuda al año.
La otra gran patata caliente durante el semestre español será la reforma del mercado eléctrico, que hereda tras fracasar el intento de la presidencia sueca para alcanzar una posición común de los 27 antes de iniciar las negociaciones con la Eurocámara y la Comisión.
Francia defiende su energía nuclear
El principal conflicto está en la aspiración de Francia de que los contratos por diferencia –en los que se acuerda un precio entre comprador y vendedor, que se liquida posteriormente– se apliquen a las instalaciones de generación de electricidad a través de energía nuclear existente donde se realice una inversión para incrementar su capacidad de generación o prolongar su vida útil. Es decir, dan subsidios a la energía nuclear. Una decena de países, entre ellos Alemania y España, rechazan de plano esa posición y las conversaciones por parte del Gobierno han comenzado ya para intentar acompasar la fijación de postura de los gobiernos a la del Parlamento Europeo en septiembre y cumplir con el objetivo de tener un nuevo sistema a finales de año.
Aparte de la negociación de los expedientes legislativos que ya están en marcha, Sánchez pretende dar un empujón a la autonomía estratégica de la UE para reducir las dependencias de otras potencias, como China, que puedan poner en dificultades a los 27, como ocurrió durante la pandemia con la escasez de materiales como las mascarillas. El Gobierno está elaborando un documento de trabajo que busca que se analice en la cumbre que se celebrará en Granada el próximo mes de octubre. El foco está puesto en los alimentos, la energía, las tecnologías de la información y la salud.
La cita de Granada será junto con la cumbre de la UE con los países latinoamericanos y caribeños (CELAC), uno de los hitos importantes del semestre al margen de las negociaciones, que es la principal labor del Gobierno que asume la presidencia. Sánchez ha marcado cuatro retos principales: la reindustrialización de la economía, la agenda medioambiental y energética, el pilar social y la unidad en la UE. Pero la duda que planea en el arranque de la presidencia española es en manos de quién acabará toda esa agenda.