El expresidente argentino Alberto Fernández ha sido imputado este miércoles por los delitos de lesiones graves doblemente agravadas por el vínculo y por darse en un contexto de género y amenazas coactivas en perjuicio de su expareja y ex primera dama, Fabiola Yañez, que fue la que denunció las agresiones.
La medida ha sido tomada por el fiscal federal Ramiro González en un dictamen en el que dispuso las primeras medidas de prueba de la causa.
El fiscal ha señalado que Yañez “sufrió una relación atravesada por hostigamiento, acoso psicológico y agresiones físicas en un contexto de violencia de género e intrafamiliar” sobre una “relación asimétrica y desigual de poder que se ha desarrollado a lo largo del tiempo, la cual se vio acrecentada exponencialmente por la elección de Fernández como Presidente de la Nación y el ejercicio del cargo”.
González ha dispuesto varias medidas de prueba como la citación de testigos como María Cantero, exsecretaria privada de Alberto Fernández; Federico Saavedra, ex jefe de la Unidad Médica Presidencial; Miriam Yañez Verdugo, la madre de Fabiola, Sofía Pacchi, amiga de Fabiola y una de las que estuvo en la fiesta de Olivos, y la periodista Alicia Barrios.
También ha sido citado Daniel Rodríguez, intendente de la Quinta de Olivos durante la presidencia de Fernández.
El fiscal ha requerido las filmaciones de las cámaras de seguridad de Olivos de 2021 a 2023 del chalet residencial y de la casa de huéspedes, a donde Yañez ha relatado que tuvo que ir a vivir con su hijo.
También pidió los antecedentes de la exprimera dama sobre el tratamiento psiquiátrico que se realizó en la clínica INECO y el de fertilidad para quedar embarazada, además de su historia clínica completa.
El inicio de la investigación
La denuncia de Fabiola Yañez ha sucedido después de que en el marco de la causa 'Nación Seguros' se detectaran conversaciones entre ella y la exsecretaria de Alberto Fernández, María Cantero, que daban cuenta de que existían situaciones de violencia de género. Ante esto, la Justicia le otorgó intervención a la Oficina de Violencia Doméstica, pero informó que no realiza evaluación de riesgo solamente en base a constancias escritas o imágenes sobre las que no se puede indagar, por lo que para verificar el hecho de necesitaba la comparecencia de la ex primera dama.
Según las actuaciones del Ministerio Público Fiscal, en este contexto, el 28 de junio hubo una audiencia virtual entre Yañez y la Justicia donde ella expresó que “no deseaba dar impulso a la acción penal”, pero el 6 de enero cambió de idea y declaró. Dijo que la vez anterior había decidido no avanzar “debido a que no se encontraba en condiciones aptas para tomar una decisión en relación con ello y a que le fue solicitado que no lo hiciera”. Explicó que cambió de decisión por “las circunstancias actuales y la difusión pública de estos sucesos” y agregó que sufría “terrorismo psicológico”.
De acuerdo a la Fiscalía, Yañez expresó: “Siempre tengo que terminar haciendo lo que dicen que haga” y subrayó su necesidad de proteger su integridad física y mental. Refirió que sufrió acoso telefónico diariamente por parte de Alberto Fernández y que había sido víctima de violencia de género durante cinco años.