El cruce alrededor de la plaza de la Bastilla suele ser uno de los más transitados de París. Sin embargo, esta semana, una calma poco habitual se ha apoderado de las calles que rodean este bullicioso espacio de la capital francesa. El miércoles por la tarde la policía había cortado todas las vías de acceso y el ruido de los coches había sido sustituido por una charanga que amenizaba a los peatones y a los clientes de las terrazas.
Entre las filas de vallas alrededor del monumento, un grupo de runners buscaba una forma de cruzar la plaza. “Está cortado por los entrenamientos de la contrarreloj de ciclismo”, les explicó uno de los voluntarios. “Esta noche se irán abriendo algunos tramos, para que se pueda atravesar la plaza, pero sólo a pie”, añadió, antes de advertir que el sábado estaría cerrado toda la tarde por la disputa de esta misma prueba.
Antes incluso de que la ceremonia de apertura marque el inicio oficial a los Juegos Olímpicos, su influencia en la ciudad y en la vida de los parisinos ya es notable. Desde hace meses la Torre Eiffel está decorada con cinco gigantescos anillos olímpicos, seis Venus de Milo -en versión deportista- adornan la fachada de la Asamblea Nacional, la plaza de la Concordia y el Campo de Marte han sido transformados en estadios temporales y la explanada frente al Ayuntamiento en una inmensa terraza para seguir los eventos en pantalla gigante.
Vallas y perímetros de seguridad también han pasado a formar parte del día a día de turistas y residentes. A unos pasos de la plaza de la Bastilla, junto al puente de Austerlitz, comienza el dispositivo de seguridad de la ceremonia de apertura. París ha apostado por organizarla fuera de un estadio, con las delegaciones desfilando en barcos, río abajo hasta el puente de Iéna, entre graderíos en las dos riberas del Sena.
Alojamiento
El sector de la hostelería, por ejemplo, espera que la cita marque un punto de inflexión y sirva de vitrina para todo el país. Según la Oficina de Turismo de París, se espera que asistan 11,3 millones de visitantes, el 87% de ellos franceses (5,3 millones de la región parisina y 4,5 millones del resto del país).
En una ciudad con una gran densidad de población y una red de transportes saturada, muchos de los parisinos han intentado buscar alternativas para escapar de las incomodidades y, de paso, sacar rendimiento económico. Así, en un año, el número de pisos en alquiler vacacional en París se ha disparado un 85%, según un estudio del Instituto París Región (IPR) publicado el jueves 18 de julio.
No obstante, el Ayuntamiento, que en muchas ocasiones ha sido crítico con plataformas como Airbnb, ha recordado las restricciones en vigor a este tipo de alquileres para evitar la especulación: sólo puede realizarse si es la residencia principal y con un límite legal de 120 noches anuales. Además, como también ha ocurrido en la hostelería, la multiplicación de la oferta y los precios de los alojamientos (aproximadamente el doble que en 2023) ha hecho que muchos anuncios no encuentren comprador. AirDNA ha calculado que, para el periodo de los Juegos, la tasa de ocupación de alojamientos en Airbnb es sólo del 46% en París, frente al 59% en 2023 en la misma época.
Invisibilización de los más precarios
La organización del evento y la movilización de los hosteleros también ha tenido un impacto entre las personas en situación de precariedad. En el último año los esfuerzos para mover a los sin techo de la ciudad se han intensificado, una tendencia que las autoridades justifican asegurando que se debe a la saturación del servicio de acogida en París y a la necesidad de una redistribución para una mejor atención.
Las organizaciones que trabajan en el apoyo a colectivos en riesgo de exclusión no lo ven así. Agrupadas en la asociación Le revers de la médaille esperaban que la cita olímpica cumpliera su promesa de ofrecer un “legado social” para todos, como figuraba en el dossier de candidatura. En las últimas semanas han repetido su “decepción”, ya que consideran que las decisiones de las autoridades responden a una “limpieza social” en vísperas del acontecimiento deportivo, basada en expulsión y la “invisibilización” de los más vulnerables. Una realidad que ya se observó en pasadas ediciones de los Juegos Olímpicos y Paralímpicos.
Máxima seguridad
Con la presencia de más de 300.000 espectadores y más de un centenar de Jefes de Estado y de Gobierno, el ministerio del Interior y la prefectura de París han optado por limitar cualquier riesgo. Si finalmente los puestos de los bouquinistes han podido quedarse en su sitio durante la ceremonia, desde el 18 de julio los muelles del Sena están cerrados al tráfico, salvo para los titulares de un pase digital. Además, la presencia policial por toda la capital es claramente más visible en las últimas semanas y las patrullas en coche y a pie se han multiplicado.
“Siempre existe una cierta preocupación”, reconoció recientemente Laurent Nuñez, prefecto de París y principal responsable de la coordinación de seguridad. “Desde que existe la amenaza del terrorismo, su objetivo han sido las grandes concentraciones y también las fuerzas del orden. Pero de cara a la inauguración estamos muy tranquilos, muy determinados. Impacientes por demostrar al mundo entero que Francia es un gran país”.
La seguridad ha hecho que en los cuatro distritos del centro de la ciudad se haya establecido una zona de tráfico limitado, en vigor hasta el final de los Juegos, a principios de septiembre. Las limitaciones impuestas por el dispositivo han logrado, aunque sea de forma temporal, uno de los grandes objetivos que persigue Anne Hidalgo: continuar la peatonalización de tantas zonas de la capital como sea posible. En 20 años, el número de vehículos en París se ha reducido un 40% y se han cerrado al tráfico unas 300 calles.
Inicialmente reticente a una candidatura olímpica -la derrota ante Londres en 2005 fue sonoro un fracaso para el anterior equipo de la alcaldía-, los atentados de 2015 transformaron la visión de Hidalgo sobre los Juegos. “Ante la tragedia, me encontré con una juventud que ya no sabía dónde estaba, que necesitaba que la hiciéramos soñar de nuevo”, explicó la alcaldesa hace unos meses a L'Express.
Casi diez años después de ser elegida ciudad anfitriona, a pesar de los inconvenientes temporales y de las incomodidades, un reciente sondeo de Odoxa muestra que los franceses apoyan la organización de los Juegos (el 60%). No obstante, ese apoyo parece disminuir a medida que se acerca la cita: el 76% opinaba que la organización de los Juegos era una buena idea en septiembre de 2021, el 69% en marzo de 2023 y el 65% en octubre de 2023.
Comité organizador, Gobierno, Ayuntamiento y la región parisina han trabajado para que este gran acontecimiento deportivo, con múltiples desafíos logísticos, sea un éxito. Un entendimiento a veces complicado entre personalidades políticas de diferentes partidos políticos. Las relaciones de Hidalgo con la presidenta regional de Isla de Francia, Valérie Pécrese, son particularmente malas. No con el ministro del Interior, ex-conservador convertido a macronista, Gérald Darmanin, del que la alcaldesa ha elogiado varias veces “el gran trabajo realizado”.
Inversión
Además de todo lo que París se juega en imagen, el balance al final de los Juegos será una cuestión escrutada por los ciudadanos y los responsables políticos. Oficialmente, su coste total asciende a casi 9.000 millones de euros, repartido a partes casi iguales entre infraestructuras y organización (en París sólo se ha creado una infraestructura desde cero, el Arena Porte de la Chapelle). Y, desde el principio, los organizadores repiten que esperan conseguir ingresos suficientes para que el resultado final sea de equilibrio presupuestario.
No obstante, las cifras de la organización no tienen en cuenta todos los gastos e inversiones alrededor de los Juegos. Por ejemplo, las primas concedidas por el Estado (a la policía, la sanidad, etc.), o las empresas públicas como la RATP y la SNCF, cuyos trabajadores han conseguido importantes avances en negociaciones sindicales utilizando los Juegos como elemento de presión. Ni los costes generados por el saneamiento del Sena, que se elevan alrededor de 1.500 millones de euros.
Aunque varios expertos se han mostrado escépticos con las estimaciones de las autoridades, que consideran demasiado optimistas, el balance final se conocerá pasado el evento. Entonces se realizarán una docena de estudios de impacto económico (turismo, empresas, etc.), a través de la Delegación Interministerial para los Juegos Olímpicos y Paralímpicos (Dijop).