Han sido más de 90 días, y 90 noches, de ataques constantes por tierra, mar y aire contra la Franja de Gaza. Más de 90 días en los que han muerto 22.722 personas, de las que unos 10.000 son niños; unas 7.000 se encuentran desaparecidas o bajo los escombros, según las autoridades locales y, a medida que pasa el tiempo, hay menos probabilidades de que sean rescatadas con vida.
Casi dos millones de gazatíes –el 85% de la población de la Franja– han tenido que abandonar sus hogares y se han visto desplazados una y otra vez, en busca de un refugio seguro. Muchos no podrán volver a sus casas porque están destruidas (69.000 viviendas han quedado destrozadas) y los demás no saben si podrán regresar ni cuándo. Las perspectivas son más inciertas que nunca e Israel manda mensajes contradictorios e incluso alarmantes sobre el futuro que les espera a los habitantes del enclave.
El Ministerio de Defensa israelí ha afirmado esta semana que “Israel no gobernará a los civiles de Gaza” y que “organismos palestinos” se harán cargo de este territorio y de sus residentes, siempre y cuando “no haya acciones hostiles o amenazas contra el Estado de Israel”. Sin embargo, esa declaración de intenciones de Defensa choca con la postura expresada anteriormente por el primer ministro, Benjamín Netanyahu, quien ha dicho que no va a entregar el control de la Franja a la Autoridad Nacional Palestina (ANP), con sede en Cisjordania.
El futuro de los gazatíes
Desde el Gobierno han llegado palabras realmente preocupantes sobre el destino de los gazatíes por parte de los ministros más polémicos y ultraderechistas: el de Seguridad Nacional, Itamar Ben Gvir, y el de Finanzas, Bezalel Smotrich, ambos colonos.
Los titulares de ambas carteras defendieron de nuevo la marcha de los palestinos de la Franja para que Israel pueda recolonizar el territorio, del que se retiró en 2005 y desmanteló los asentamientos. “Debemos fomentar la migración de los residentes de Gaza. Es una solución correcta, justa, moral y humana”, dijo Ben Gvir. Mientras que Smotrich consideró que “si hubiera entre 100.000 y 200.000 árabes en la Franja y no dos millones, toda la conversación sobre el día después sería completamente diferente”.
Sus declaraciones provocaron las condenas de muchos países, incluido el principal apoyo internacional de Israel: Estados Unidos rechazó la posibilidad de un desplazamiento masivo de la población palestina de Gaza, aunque coincide con Israel en que Hamás no debe seguir gobernando la Franja. El portavoz del Departamento de Estado estadounidense, Matthew Miller, dijo en un comunicado que la “retórica [de Ben Gvir y Smotrich] es inflamatoria e irresponsable” y aseguró que Tel Aviv ha trasladado a su aliado “repetidamente y de manera consistente” que ese tipo de declaraciones no reflejan la postura oficial del Ejecutivo israelí.
También desde la Unión Europea, aparte del rechazo de varios países miembros, el alto representante para la Política Exterior, Josep Borrell, ha calificado las declaraciones de los ministros ultras de “inflamatorias” e “irresponsables”. “El desplazamiento forzado está estrictamente prohibido como una grave violación del Derecho Internacional Humanitario y las palabras cuentan”, afirmó Borrell en su cuenta de X (antes Twitter).
En Ginebra, el alto comisionado de la ONU para los Derechos Humanos, Volker Türk, dijo que desde el organismo están “muy alarmados por las declaraciones de altos funcionarios de Israel sobre los planes de transferir a civiles de Gaza a terceros países” y recordó que el traslado forzoso de la población de un territorio ocupado está prohibido por el Derecho Internacional. Por ello, Israel habla de traslado “voluntario” e, incluso, el Gobierno estaría negociando con países africanos para reubicar en ese continente a los gazatíes, tal y como desvelaba hace pocos días el periódico The Times of Israel.
La ANP –que EEUU y otros ven como un posible reemplazo de Hamás en el gobierno de la Franja– ha denunciado que Israel intenta expulsar a los habitantes de Gaza. El Ministerio de Exteriores palestino advirtió en un comunicado que el Gobierno israelí está promoviendo “el concepto de inmigración voluntaria para ocultar el delito de desplazamiento forzado impuesto por las fuerzas de ocupación de forma directa o indirecta sobre la población de Gaza”.
Una guerra larga
A pesar de que Israel no ha aclarado aún sus planes para la posguerra en Gaza, sí ha dejado claro que no tiene prisa y que no detendrá su ofensiva hasta alcanzar los objetivos prefijados: eliminar a Hamás, en primer lugar, y rescatar a todos los rehenes que aún están en manos de los milicianos islamistas –se calcula que son unos 130, después del centenar que fue liberado y los que han fallecido–.
Según un alto funcionario israelí citado por la agencia de noticias Reuters, el Ejército ha dado comienzo a una nueva fase de la ofensiva, que “llevará seis meses como mínimo e implicará intensas misiones de limpieza contra los terroristas” de Hamás en toda la Franja.
Además, Israel también tiene parte de su atención y esfuerzos bélicos dirigidos a su frontera norte con el Líbano, donde la tensión ha aumentado esta semana después del asesinato en Beirut del número dos de la oficina política de Hamás, Saleh Al Arouri, en un ataque selectivo atribuido a Israel. “No se permitirá que continúe la situación en el frente libanés. Este próximo período de seis meses es un momento crítico”, ha agregado ese funcionario. A ello se suman las tensiones en el Mar Rojo, donde los hutíes han lanzado una campaña en apoyo a Palestina atacando barcos cargueros en una ruta fundamental para la economía mundial.
Además de la creciente presión internacional, la campaña israelí se enfrentará en los próximos días a su mayor desafío legal en una denuncia interpuesta por Sudáfrica en la Corte Internacional de Justicia, principal órgano judicial de la ONU, por genocidio. La primera vista tendrá lugar en La Haya la próxima semana y la corte podría emitir un fallo provisional en cuestión de semanas para dictar medidas cautelares que impidan que Israel cometa actos de posible genocidio, esto es, que ordene su ofensiva, en primer lugar. Aunque sus decisiones son vinculantes, los Estados parte no siempre las cumplen.
En su demanda, presentada a finales de diciembre, Sudáfrica alega que los “actos y omisiones de Israel... son de carácter genocida, ya que se cometen con la intención específica requerida... de destruir a los palestinos de Gaza como parte de un grupo nacional, racial y étnico más amplio”. Por su parte, Israel ha dicho que se defenderá en los tribunales, por primera vez después de décadas de boicot al máximo tribunal de Naciones Unidas, aunque eso no significa que cumplirá con una sentencia de la CIJ, pero un fallo en su contra supondría una mayor presión para que detenga la matanza de palestinos.
El Ejército ha ido extendiendo sus operaciones y su presencia en el sur de la Franja, donde los gazatíes están cada vez más hacinados y arrinconados entre el frente de batalla y la frontera egipcia –a través de la que sólo se permite la salida de contados enfermos y heridos para recibir tratamiento médico–.
Desde el 1 de diciembre, Israel ha ordenado a los residentes de varias áreas del centro y sur de Gaza que evacúen un territorio de 128 kilómetros cuadrados, donde residían más de un millón de habitantes (alrededor del 45% de la población) y en la que también se habían refugiado más de medio millón de desplazados que huyeron del norte –de donde fueron expulsaron en la primera fase de la guerra–.
Desplazamiento masivo
Las localidades del norte de Gaza han quedado reducidas a escombros, incluidos barrios enteros de la principal urbe, la Ciudad de Gaza. Los combates entre los militares y los miembros de Hamás se concentran ahora entorno a Jan Yunis, la mayor localidad del sur, adonde habían llegado muchos desplazados, que en las pasadas semanas se han reubicado en Rafah, donde se concentran más un millón de personas en estos momentos, según la Agencia de la ONU para los Refugiados Palestinos (UNRWA). Esa agencia, que es la que ofrece más asistencia en Gaza, está acogiendo a 1,4 millones de desplazados en sus instalaciones en toda la Franja. Juliette Touma, directora de comunicación de la UNRWA, explica a elDiario.es que “los refugios están muy llenos, la mayoría acoge a cuatro o cinco veces más personas de su capacidad”, agrega, mientras que otros desplazados viven en acampamentos informales porque ya no hay sitio en los centros de la ONU.
“Les gustaría volver a casa, sobre todo porque estas personas son refugiados originariamente, por lo que el trauma del desarraigo y la desposesión es muy profundo para ellas. Los más mayores han tenido que desplazarse dos veces [desde la fundación del Estado de Israel], o han sufrido el trauma de sus padres y sus abuelos”, lamenta Touma. “Por supuesto que quieren regresar, pero ¿adónde? El nivel de destrucción es muy grande, especialmente en el norte” de la Franja, que el Ejército israelí bombardeó masivamente antes de irrumpir por tierra.
“Estas personas han perdido sus casas, pero muchos de ellos también han perdido sus seres queridos: vecinos, familiares amigos...”, dice Touma. “Necesitan protección, comida, agua para beber, para lavarse, necesitan tener un baño o una ducha, el saneamiento en muy malo en los refugios”, lamenta. Por ello, la Organización Mundial de la Salud ha alertado de la propagación de enfermedades por las pobres condiciones higiénicas y por el hacinamiento en los centros, campamentos y otros refugios informales. Los casos de diarrea infantil han aumentado un 50% en la última semana de diciembre en Gaza, con 3.200 casos en niños menores de 5 años cada día, según los datos de la Agencia de la ONU para la Infancia (UNICEF).
Touma denuncia que esta situación “no es sostenible a largo plazo” y destaca que el de Gaza es “el mayor desplazamiento de palestinos desde 1948”, cuando se produjo la llamada Nakba o catástrofe y una buena parte de la población palestina fue expulsada de sus tierras por el recién creado Estado de Israel.
También el jefe de la UNRWA ha denunciado en su cuenta de X (antes Twitter) estos “tres largos meses de una guerra brutal: desplazamientos masivos, pérdidas humanas y heridos y destrucción masiva”.
Una vez más, cuando se cumplen tres meses del comienzo del conflicto, el jefe de Asuntos Humanitarios de Naciones Unidas, Martin Griffiths, ha pedido el fin de la guerra “para las generaciones venideras, que nunca olvidarán estos 90 días de infierno y de asaltos a los preceptos más básicos de la humanidad”. Pero ha admitido que “la esperanza nunca ha sido tan elusiva” como en estos momentos, en los que incluso una tregua temporal parece imposible.