El anuncio cayó como un bombazo en la semana de Ferragosto, la fiesta grande del verano italiano, y sirvió para despertar del sopor de agosto en medio de un debate político para las elecciones del próximo 25 de septiembre que se percibe como muy alejado de las preocupaciones más acuciantes de los ciudadanos. El presidente de Calabria, Roberto Occhiuto, líder de una administración del centro-derecha, informó de la decisión, ante la escasez de médicos en la región del sur, de contratar a 497 médicos cubanos “para garantizar el derecho a la cura de los ciudadanos”.
El acuerdo se firmó el 17 de agosto con la Comercializadora de Servicios de Médicos Cubanos (CSMC), sociedad controlada por el Gobierno de la Habana, y prevé un coste mensual para la región del 4.700 euros por cada médico, 1.200 para los gastos de mantenimiento de cada profesional y 3.500 transferidos directamente a la CSMC. Un primer grupo debería llegar desde la isla caribeña a mediados de septiembre.
No es la primera vez que los profesionales cubanos llegan en Italia, ya que un contingente se desplazó en 2020 a Lombardía y Piamonte durante los meses más duros de la pandemia de la COVID que dejó en evidencia la falta de profesionales sobre todo en la medicina de urgencia y en algunas especializaciones. Pero la idea de que, en este caso, se recurra a su contratación para paliar un problema estructural ha vuelto a reabrir el debate sobre las razones de la escasez de profesionales en un país cuyo sistema universal de acceso a la salud se ha visto minado, sobre todo en algunas regiones, por los recortes y la mala gestión, ahondando en las desigualdades en términos de asistencia entre norte y sur del país. Y el anuncio ha levantado una oleada de críticas que apuntan a la necesidad de abordar los problemas saliendo de la lógica de la emergencia.
Fuga de cerebros
“Antes de recurrir a médicos cubanos, israelíes o de otros sitios, ¿por qué no se ha intentado buscar una vía para atraer a nuestros médicos?”, comenta a elDiario.es Pierino Di Silverio, secretario general de Anaao Assomed, el principal sindicato de los médicos hospitalarios, quien se opone a lo que tacha de progresiva externalización y precarización del trabajo en los hospitales. Uno de los problemas, explica, es la fuga de profesionales al sector privado o al extranjero donde encuentran mejores condiciones salariales y de trabajo.
“En el último año pre-COVID, 2.500 compañeros se han ido al extranjero”, dice Di Silverio quien recuerda que los profesionales contratados en la red de hospitales públicos del país llegan a trabajar 60 horas semanales, con un modesto aumento de la retribución. “Cada día siete médicos dejan los hospitales para ir al sector privado o fuera del país”, asegura.
A esta situación también se ha llegado por lo que las asociaciones definen como una mala programación de las plazas de especialización, con números inadecuados para cubrir las necesidades del sistema sanitario. “En los últimos dos años ha habido un aumento de las plazas que permitirá una mejora de la situación, pero mientras tanto para salir de la emergencia habría que echar mano de los médicos residentes en los últimos años de especialización, con contratos temporales que se convierten en indefinidos al acabar los estudios”, explica Giammaria Liuzzi, responsable nacional de Anaao Giovani. Una propuesta que, tras las polémicas de los últimos días, ha sido recibida por el presidente de Calabria que ha anunciado nuevas contrataciones también por esta vía.
La brecha norte-sur
Los presidentes de los colegios de médicos de las cinco provincias de la región en una carta al presidente expresaron esta semana “fuertes perplejidades sobre las garantías de calidad de la asistencia que realizarán estos profesionales extranjeros” debido a la barrera del idioma y a la necesidad del conocimiento de la normativa italiana.
También invitaron al presidente, quien había asegurado que no se había presentado nadie a las últimas convocatorias para plazas de médicos en la región, a analizar por qué cientos de profesionales dejan la región para ir a trabajar en otras zonas del país. Porque aunque la falta de profesional es un problema nacional, el caso de Calabria es especialmente sangrante.
La gestión de la sanidad ha estado intervenida durante los últimos 12 años por una mala gestión que la ha llevado al borde de la bancarrota y también por casos de infiltración mafiosa. Pero los recortes aplicados en una década larga por los muchos comisarios nombrados a lo largo de los años han esquilmado de recursos materiales y humanos un sistema ya frágil, así que es menos apetecible para los médicos quedarse y más difícil para los pacientes acceder a las curas. Y los enfermos “emigran” a los hospitales del centro y del norte del país así como lo hacen los médicos, con un coste de 300 millones del euros al año para la región.
Es uno de los ejemplos más claros de la brecha que persiste entre el norte y el sur de país, que se expresa con datos como este: el número de camas hospitalarias por cada mil habitantes es en promedio 2,4 en las regiones meridionales frente al 3,4 del norte. “No podemos aceptar que la diferencia en la esperanza de vida entre Bolzano [en el norte de Italia] y Regio de Calabria sea proporcional al número de kilómetros que las separan. Pretendemos para todos los ciudadanos el mismo estatus”, dice Di Silverio subrayando cómo el sistema de distribución de los fondos públicos acaba alimentando un círculo vicioso que corre el riesgo de penalizar aún más a los habitantes de las regiones que menos cumplen.
En la misma semana en la que se anunciaba la contratación de médicos cubanos, los vecinos de la ciudad de Palmi, en la provincia de Regio de Calabria, decidieron lanzar una protesta para denunciar las condiciones de la sanidad en la región ante las elecciones generales del 25 de septiembre: devolver el certificado electoral, el documento necesario para votar. “Es nuestro acto extremo pero claro de protesta –denuncian en un comunicado– con el que decimos 'no' a la negación de nuestro derecho consagrado en el artículo 32 de la Constitución, el derecho al tratamiento y el derecho a la salud”.