San Salvador, 11 sep (EFE).- El rector de la jesuita Universidad Centroamericana (UCA) de El Salvador, Andreu Oliva, dijo este viernes que acudirán a la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) si no se resuelve el estancamiento del caso por la masacre de seis padres jesuitas y dos mujeres en 1989.
La declaración de Oliva se da en el marco de la condena a 133 años de prisión impuesta por la Audiencia Nacional española al exviceministro de Seguridad Pública Inocente Montano por la planificación y ejecución de este crimen.
“Eso (la condena) obliga, moralmente al menos, a la Justicia salvadoreña a continuar con ese proceso que se inició en el año 2017, que nosotros vamos a seguir empujando y que en algún momento, si no nos resuelven, tendremos que plantear ante la Sala de lo Constitucional que se nos está afectando el derecho a la verdad y a la justicia”, dijo el jesuita en una conferencia de prensa virtual.
En abril de 2018, una corte de Paz ordenó la reapertura del proceso para determinar la autoría intelectual y este se encuentra estancado en la Sala de lo Penal de la Corte Suprema, que debe resolver un recurso de casación de los militares vinculados.
Oliva señaló que la Fuerza Armada “si quiere mostrar ante el país que está a favor de la justicia y de la paz, debe poner a disposición del órgano Judicial” sus archivos para que se puedan investigar los crímenes de lesa humanidad perpetrados durante la guerra civil (1980-1992).
El director del Instituto de Derechos Humanos de la UCA (Idhuca) y exrector del centro de estudios, José María Tojeira, añadió que “entiendo que la Fiscalía está investigando elementos del caso” y que “han llamado a algunas personas a declarar”.
“Ojalá la respuesta de la Sala de lo Penal sea pronto y entonces la Fiscalía entre en acción”, apuntó.
Añadió que la Fuerza Armada “ha procedido arbitraria y violentamente”, por lo que debe revisar su comportamiento y “pedir perdón” como institución.
La sentencia condena al excoronel Montano, único dirigente del alto mando enjuiciado por estos hechos en España, como autor de cinco delitos de asesinatos de carácter terrorista de los jesuitas de origen español y le impone una pena de 133 años de prisión, cuatro meses y cinco días.
También le atribuye los asesinatos del otro jesuita salvadoreño, así como de la cocinera de la universidad y su hija de 15 años, aunque no pudo ser condenado por estos tres crímenes al ser extraditado de EE.UU. a España únicamente por los homicidios de los jesuitas españoles.
Montano no podrá estar en la cárcel más de 30 años, a lo que hay que restar los que lleva en prisión provisional, desde 2017, año en que fue extraditado a España.
Según lo jueces, los ocho asesinatos “fueron urdidos, planeados, acordados y ordenados por los miembros del alto mando de las Fuerzas Armadas, órgano al que pertenecía Inocente Orlando como viceministro de la Seguridad Pública” y el entonces presidente salvadoreño Alfredo Cristiani.
Los señalados, cuya inclusión en el salvadoreño proceso está en manos de la Fiscalía, son el expresidente Cristiani, los generales Humberto Larios, Juan Bustillo, Francisco Fuentes, Rafael Zepeda y el fallecido René Emilio Ponce.
Por este crimen únicamente está encarcelado el coronel Guillermo Benavides, condenado a 30 años de prisión en 1991 por trasladar la orden de asesinar a los jesuitas al grupo que irrumpió en la UCA y a quien la Justicia le ha negado el indulto y conmutación de la pena.
Los jesuitas asesinados en 1989 fueron los españoles Ignacio Ellacuría, Segundo Montes, Ignacio Martín-Baró, Amando López y Juan Ramón Moreno, y el salvadoreño Joaquín López, también la trabajadora de la UCA Elba y su hija de 16 años, Celina Ramos.