San Salvador, 11 sep (EFE).- La condena de más de 130 años dictada este viernes contra el exviceministro de Seguridad de El Salvador Inocente Montano en España marca el camino que debería de seguir la Justicia salvadoreña en el proceso local por la masacre de seis padres jesuitas y dos mujeres en 1989, según Manuel Escalante, subdirector de un instituto de derechos humanos.
La Audiencia Nacional española condenó a 133 años y cuatro meses de prisión a Montano por su responsabilidad en la planificación y ejecución, junto a la cúpula militar y el expresidente Alfredo Cristiani, de los asesinatos de cinco jesuitas españoles.
“Es histórica y emblemática porque le marca al sistema judicial lo que debería hacer acá en El Salvador, cómo debería actuar los jefes y los mismo abogados”, dijo a Efe Escalante, del jesuita Instituto de Derechos Humanos de la Universidad Centroamericana (Idhuca).
El proceso contra supuestos autores intelectuales, entre ellos Cristiani, lleva más de 6 meses estancado en la Sala de lo Penal de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), dado que no se ha resuelto un recurso de casación que busca anular la reapertura.
Una corte de paz salvadoreña, a raíz de la anulación de una ley de amnistía de 1993 y a petición del Idhuca, ordenó reabrir el proceso, pero los recursos presentados por la defensa han retrasado el inicio de las diligencias de la Fiscalía General de la República (FGR).
“Esperamos que la Sala de lo Penal no tarde más”, sino que “impulse esto para superar la impunidad aquí en El Salvador.
Escalante, quien señaló que la condena es “ejemplarizante”, destacó que el fallo judicial determinó que el “Estado salvadoreño durante el conflicto armado sí ejercía terror a través de acciones judiciales”.
Apuntó que el proceso penal en El Salvador podría nutrirse del expediente judicial de la Audiencia Nacional de España y ser trasladado al país centroamericano.
Recordó que el juez español Eloy Velasco solicitó este tipo de ayuda a la Justicia salvadoreña en 2010.
Para la activista salvadoreña Celia Medrano, en El Salvador “aún falta esclarecer y juzgar a las autorías intelectuales y procesar a aquellos cómplices necesarios que ocultaron evidencia y mintieron al mundo sobre la responsabilidad institucional de la fuerza armada”.
“El coronel Montano apenas ha sido un eslabón de esta larga cadena de impunidad”, subrayó.
Por su parte, David Morales, exprocurador de Derechos Humanos y miembro de la organización Cristosal, destacó que esta condena es un “signo de esperanza” para las víctimas salvadoreñas.
En el país centroamericano únicamente dos personas guardan prisión por los crímenes de guerra atribuidos al Ejército, entre ellos Guillermo Benavides, quien purga 30 años por el crimen contra los jesuitas.
REACCIÓN GUBERNAMENTAL
El secretario jurídico de la Presidencia, Conan Castro, dijo a periodistas que “se está haciendo justicia”, pero que “aún falta más”.
“Hay otros actores que todavía no han sido juzgados y deben ser juzgados”, dijo Castro y señaló directamente al diputado de la Asamblea Legislativa Rodolfo Parker.
Este legislador es señalado por un informe de la ONU de 1993 de alterar declaraciones sobre la masacre “para ocultar las responsabilidades de altos oficiales en el asesinato”, cuando era miembro de una comisión especial nombrada por el Gobierno salvadoreño para investigar el caso.
“Llegará su momento, estoy seguro, y esta sentencia representa de alguna manera la justicia que esperamos los salvadoreños”, apuntó el funcionario, quien no hizo referencia a los otros militares involucrados.
De acuerdo con reportes de la prensa local, el ministro de la Defensa, René Merino Monroy, condecoró en julio de 2019 a Orlando Zepeda, uno de los militares cuya extradición a España para enfrentar el mismo proceso fue negada por la Corte Suprema de Justicia.
La madrugada del 16 de noviembre de 1989, en medio de la mayor ofensiva guerrillera registrada durante la guerra civil salvadoreña (1980-1992), un comando de soldados de elite mató a los religiosos en el campus de la Universidad Centroamericana.
Los jesuitas asesinados fueron los españoles Ignacio Ellacuría, Segundo Montes, Ignacio Martín-Baró, Amando López y Juan Ramón Moreno. También murieron junto a ellos los salvadoreños Joaquín López (sacerdote), la empleada doméstica de la universidad Julia Elba y su hija menor Celina Mariceth Ramos.