Una playa de arena blanca y aguas turquesas en la Isla de Barú, en el Caribe colombiano, se convirtió el 10 de mayo en un trágico escenario. Ni la presencia de turistas ni el momento del día –eran las 10.30 de la mañana– impidieron que dos hombres armados asesinaran a tiros al fiscal paraguayo Marcelo Pecci, quien se encontraba junto a su esposa, la periodista Claudia Aguilera, disfrutando de su luna de miel.
Pecci, de 45 años, era el fiscal especializado en la lucha contra el crimen organizado, narcotráfico, lavado de dinero y financiación del terrorismo en Paraguay, y uno de los fiscales más respetados en el país.
La semana pasada el fiscal general de Colombia, Francisco Barbosa, aseguró que cuentan con “más de 120 evidencias y elementos materiales probatorios” que les ayudarán no solo a dar con los autores materiales del crimen, sino también con quienes dieron la orden de asesinar a Pecci. El mismo día del asesinato, el Gobierno colombiano ofreció una recompensa de unos 475.000 euros a cambio de información que ayude a dar con el paradero de los dos sicarios.
Llamó especialmente la atención que el funcionario paraguayo viajara a Colombia sin escoltas, pero su mujer aseguró a la prensa que no había recibido ningún tipo de amenazas y que se sentía seguro.
En Paraguay, a diferencia de otros países latinoamericanos, “el tema de la seguridad no se toma muy en serio y uno puede entrar en la oficina de un cargo importante sin mucho requerimiento”, según dice a elDiario.es el abogado Jorge Rolón Luna, exdirector del Observatorio de Seguridad y Convivencia Ciudadana del Ministerio del Interior.
A su juicio, el hecho de que el fiscal antimafia viajara a Colombia sin seguridad “es una falla tremenda de los servicios de Inteligencia paraguayos y del Ministerio Público por no tener un protocolo de seguridad básico”.
“La decisión del fiscal de ir a Colombia y la información que se dio del viaje facilitaron la labor de los sicarios, si bien es cierto que tampoco en Paraguay se toma en serio la seguridad de funcionarios de alto perfil y de trabajos de riesgo como Pecci”, dice Luna.
La investigación colombiana
La principal hipótesis que baraja la policía colombiana, que trabaja junto a autoridades de Paraguay y Estados Unidos, es que Pecci fue asesinado debido a su trabajo como fiscal, aunque todas las vías de investigación están abiertas. Entre otros casos complejos, el fiscal estuvo al frente de “A Ultranza PY”, considerado el mayor operativo contra el crimen organizado y lavado de dinero en la historia de Paraguay.
La operación puso al descubierto una red criminal que desde el país transportaba cocaína en contenedores de productos agrícolas hacia diferentes puertos de Europa. Si bien las investigaciones comenzaron a finales de 2019, el despliegue más visible comenzó en febrero y desde entonces se han incautado bienes valorados en más de 95 millones de euros. También hay 24 personas imputadas y ocho detenidas por supuestos vínculos con el narcotráfico, entre las que se encuentran empresarios y políticos del gobernante Partido Colorado (conservador), como es el caso de Juan Carlos Ozorio, quien renunció como diputado.
El fiscal Pecci también había asumido la investigación del tiroteo ocurrido en enero en un festival de música en la ciudad de San Bernardino, donde varios hombres armados dispararon y causaron la muerte a dos personas –entre ellas la influencer Cristina “Vita” Aranda– e hirieron a otras cinco. En realidad, el ataque era un ajuste de cuentas entre dos bandas de narcotraficantes y el objetivo era acabar precisamente con uno de los heridos.
Otras de las investigaciones en las que recientemente participó Pecci fue por el asesinato del empresario Mauricio Schwartzman, a quien mataron a tiros frente a su casa en septiembre del año pasado, así como el crimen de Haylee Acevedo, hija del gobernador del departamento fronterizo de Amambay, ocurrido en octubre en plena víspera de las elecciones municipales.
Amedrentar a quienes investigan
Luna considera, sin embargo, que el crimen del fiscal antidrogas “es más una advertencia, una amenaza a futuro para quienes quieran investigar a fondo en estos temas, para decirles que ni siquiera van a poder viajar tranquilos”. El abogado y docente recuerda que, si bien ha habido asesinatos de policías, alcaldes y concejales en Paraguay, esta es la primera vez que matan a un fiscal en ejercicio de sus funciones.
Por otro lado, indica Luna, el Ministerio Público es una institución “muy desacreditada en Paraguay, debido a temas de corrupción, complicidad con el poder y un doble estándar a la hora de actuar, pues a ciertos actores les caen con todo el peso de la ley y a otros no les ocurre nada”. El experto pone de ejemplo el operativo “A Ultranza PY”, donde “algunos actores importantes ni siquiera han sido imputados a pesar de que estaba claro que tenían nexos con estos negocios ilícitos”, como es el caso del diputado colorado Erico Galeano.
“Nadie cree en la independencia y autonomía de la fiscalía, que además está muy ligada al expresidente Horacio Cartes (2013-2018), a su vez muy ligado a negocios turbios que van desde la evasión de divisas y lavado de dinero al narcotráfico”, añade.
Un país de paso para la cocaína
Los asesinatos por encargo no son algo nuevo en Paraguay, sobre todo en lugares de frontera, pero en los últimos años los casos han aumentado en todo el ámbito geográfico, explica el investigador, que ante la falta de estadísticas oficiales ha recopilado datos en base a fuentes periodísticas.
Según esas cifras, el departamento de Amambay (noreste) es el más violento del país, al acumular 29 ataques perpetrados por sicarios durante los primeros cuatro meses de este año, casi uno cada cuatro días. Le siguen los departamentos de Concepción (13 ataques), Central (9) y Canindeyú (8). Los datos evidencian que los ataques han aumentado respecto al mismo periodo del año anterior y que el fenómeno del sicariato se está extendiendo más allá de la frontera tradicional como Amambay.
“Existe una unión entre el importante aumento de la violencia de las organizaciones criminales, que se expresan especialmente en el sicariato, y la creciente importancia del tráfico de cocaína en el país como un eslabón dentro de la cadena internacional del narcotráfico”, dice Luna, y eso en Paraguay se evidencia en la gran cantidad de droga decomisada tanto en el propio territorio como en Europa. En febrero de 2021 se incautaron 23 toneladas de cocaína en Alemania y Bélgica procedentes de Paraguay, la mayor cantidad de esta droga encontrada en Europa hasta el momento y que ascendía a varios miles de millones de euros.
El papel de Paraguay en ese mapa mundial del tráfico de drogas siempre ha estado vinculado a la marihuana –las primeras plantaciones aparecieron en los años 60– y de hecho es el mayor productor de cannabis de Sudamérica y en uno de los mayores distribuidores del mundo. Pero ese negocio tradicional “se ha transformado por la cocaína”, una droga que genera mayores ganancias que la marihuana y que ha cobrado una importante relevancia en los últimos años.
“La ubicación geográfica de Paraguay influye mucho en este nuevo rol, ya que es la puerta de salida de la cocaína andina (de Perú, Bolivia y Colombia) hacia el mercado brasileño, el segundo consumidor mundial de esta sustancia”, explica Luna. Además, también se utilizan las rutas fluviales paraguayas para mover cocaína hacia el Atlántico, con destino a África Occidental y Europa.
Todo ese negocio ha generado nuevos actores, por fuera de los tradicionales de la frontera con Brasil. “Hay nuevos actores en la región metropolitana y en los alrededores de Asunción –la capital paraguaya–, que involucran a organizaciones brasileñas y también a actores de mafias europeas con los que se acuerda la entrada de esas sustancias a Europa”, añade el abogado.
El Estado “es cómplice”
La proliferación del narcotráfico en Paraguay no habría sido posible “sin la complicidad del Estado y el empresariado privado”, sostiene el experto, pues a su juicio, los pilares de este negocio, como son el cultivo y la producción, el transporte de la mercadería, el narcomenudeo y el lavado de dinero, “solo funcionan a base de redes de macro criminalidad en las que participan actores estatales”.
Luna recuerda además que el narcotráfico comenzó en Paraguay durante la dictadura militar de Alfredo Stroessner, quien gobernó el país entre 1954 y 1989 a base de una dura represión policial, escuadrones de la muerte y una ley marcial, lo que provocó una profunda desigualdad en el país que es palpable a día de hoy. Tanto generales como otros actores importantes del régimen, sostiene, iniciaron este negocio ilícito en el país y fueron por tanto “quienes empezaron a hacer que el narcotráfico sea lo que es hoy”. “Hoy en día sufrimos la metástasis de lo que se inició en la dictadura”, critica.
En la actualidad, asegura Luna, “hay vastos sectores del partido de gobierno metidos en el negocio, sobre todo en zonas de frontera, o bien están metidos directamente o son financiados con el dinero del narco”, y de hecho en los últimos años se han producido varios asesinatos de alcaldes y concejales en esas zonas. “También hay políticos en ámbitos nacionales vinculados a estos negocios, al igual que actores de la oposición, pero en menor proporción”, apunta.
El ministro del Interior, Federico González, admitió recientemente ante la prensa local que Paraguay no cuenta con los recursos económicos suficientes para hacer frente al crimen organizado, aunque sí “voluntad y decisión firme”. Sin embargo, más que un problema de presupuestos, considera Luna, se trata de que la política paraguaya y las fuerzas de seguridad “están infectadas por el virus del narcotráfico” y el país debería “depurarlas”.