La jefa del ejecutivo hongkonés, Carrie Lam, aseguró nunca haber ofrecido su dimisión al Gobierno de Pekín tras la filtración de un audios en que se escucha a la líder decir que dimitiría si pudiese. “No dimitir es mi propia elección”, ha señalado la gobernadora tras casi tres meses de manifestaciones.
“Jamás he ofrecido mi dimisión al Gobierno Popular Central (el Ejecutivo de Pekín). Nunca me he planteado dimitir. La elección de no dimitir es mía, propia”, ha afirmado Lam durante su rueda de prensa semanal.
La gobernadora responde así a unas grabaciones obtenidas por la agencia de noticias Reuters durante una reunión con empresarios locales en la que se escucha a Lam decir: “Es imperdonable que un líder ejecutivo haya causado este enorme caos a Hong Kong. Si tuviera la elección, lo primero [que haría] sería dimitir, después de haberme disculpado profundamente”.
En los audios de la reunión, celebrada la semana pasada, Lam agrega que “el espacio político de maniobra para el jefe ejecutivo [de Hong Kong], que tiene que responder constitucionalmente ante dos soberanos, que son el Gobierno Popular Central y el pueblo de Hong Kong, es muy, muy limitado”. La gobernante también explica que, para el Gobierno chino, la situación ha generado preocupación “a nivel de soberanía y seguridad”, agravado por la tensión entre Estados Unidos y la China continental.
Asimismo, la gobernante asegura que el Gobierno de Pekín está dispuesto a “jugar a largo plazo” y que es consciente de que no hay “una solución a corto plazo” para el problema hongkonés. Lam asegura en la grabación que China “no tiene absolutamente ningún plan de enviar a Hong Kong al Ejército Popular de Liberación (EPL)”.
El audio muestra además la cara humana de Lam, cuyo Gobierno ha permanecido casi inamovible ante la reciente oleada de protestas, y se le escucha quejarse de que no puede “salir a la calle o ir al centro comercial o la peluquería”.
La filtración de los audios el lunes coincidió con la huelga estudiantil que marcó el retorno a las aulas de los jóvenes hongkoneses, que han impulsado la mayoría de las protestas este verano. Según los organizadores, más de 10.000 alumnos de secundaria se sumaron a las manifestaciones en vez de regresar a clase.
La ciudad vive un punto de máxima tensión tras trece semanas de protestas, marcadas por escaramuzas violentas entre la Policía hongkonesa y los manifestantes, y la situación solo ha empeorado con la detención de tres conocidos activistas el fin de semana pasado. Se hospitalizaron 31 personas después de las manifestaciones del sábado, en el quinto aniversario desde la 'Revolución de los Paraguas'. Desde el inicio de las protestas, la Policía ha detenido 1.140 personas, ha soltado 2.313 botes de gas lacrimógeno y ha disparado 468 balas de goma. En las últimas semanas la gobernadora Lam ha insinuado que se podrá implementar la Ordenanza de Regulaciones de Emergencia, una ley de la época colonial que otorgaría al Ejecutivo hongkonés el poder necesario para implementar un toque de queda o censurar el Internet para restaurar el orden público.
La líder hongkonesa se mostró “muy apesadumbrada” de que sus declaraciones, realizadas “en una sesión totalmente privada, se grabaran y se facilitaran a la prensa. Es inaceptable”, ha dicho, y negó que pudiera tratarse de una filtración suya o de su propio gobierno. “Es infundado pensar que yo misma o el Gobierno [de Hong Kong] han jugado papel alguno [en una supuesta filtración de esas declaraciones]”, ha apuntado hoy Lam.
Lam explicó que, a título individual, dimitir “podría haber sido el camino más fácil”, una senda que ella ha elegido no tomar: “Nos quedamos para ayudar a Hong Kong en una situación difícil”.
“Mi elección es quedarme, y quedarme con el pueblo de Hong Kong”, apostilló Lam, cuya popularidad cayó a mínimos históricos en comparación con cualquier líder de la ciudad semiautónoma, según una encuesta publicada a mediados del pasado mes de agosto.
Las declaraciones de Lam llegan en un momento en el que la excolonia británica cumple tres meses consecutivos de protestas. Las manifestaciones comenzaron el pasado mes de marzo como oposición a una polémica propuesta de ley de extradición que, según abogados y activistas, podría haber permitido a Pekín acceder a “fugitivos” refugiados en territorio hongkonés. Los activistas consideraban el proyecto de ley un atentado contra la fórmula de “un país, dos sistemas”, bajo la cual se rige la región semiautónoma desde 1997, cuando la China continental recuperó la soberanía del territorio de manos británicas. En ese momento, el Gobierno chino se comprometió a mantener la autonomía de Hong Kong y a respetar hasta 2047 una serie de libertades de las que no gozan los ciudadanos de la China continental.
El descontento social en Hong Kong ha movilizado desde junio a cientos de miles de personas y han dejado enfrentamientos entre algunos manifestantes violentos y la policía, a la que se ha acusado de abusar de su poder a la hora de disuadir las protestas. Aunque a principios de julio las autoridades hongkonesas declararon “muerta” la propuesta de ley, los manifestantes exigen que se retire oficialmente y han ampliado sus demandas con el objetivo de mejorar los mecanismos democráticos de la ciudad y, en definitiva, oponerse al autoritarismo chino. Por su parte, Pekín asegura que detrás de las protestas existe una “mano negra” y señala a “algunas fuerzas de Estados Unidos” como responsables.