Una polémica ley que prohíbe el aborto a las seis semanas de gestación ha entrado en vigor este miércoles en Texas (EEUU) después de que el Tribunal Supremo del país no se pronunciara sobre una solicitud de urgencia presentada por clínicas en ese estado para bloquearla.
La ausencia de intervención judicial ha hecho que la norma, conocida como Ley 8 del Senado, entre en vigor a la espera de que el Supremo, que cuenta con una mayoría conservadora reforzada, adopte una resolución.
La legislación permite a particulares presentar demandas civiles contra cualquier persona que ayude a una embarazada a abortar infringiendo la prohibición. La medida supone que prácticamente el veto al aborto en Texas, ya que ni siquiera contempla excepciones en casos de incesto o violación.
Ninguna otra ley similar que prohíba abortar a las seis semanas de gestación, cuando se puede detectar el latido del corazón del feto y muchas mujeres no saben aún que están embarazadas, ha entrado en vigor en Estados Unidos.
En su solicitud de emergencia para bloquear la legislación, las clínicas de servicios abortivos advirtieron de que la ley “reduce inmediatamente y catastróficamente el acceso al aborto en Texas, y prohíbe cuidados a al menos el 85% de las pacientes” que requieren de una intervención de este tipo.
También avisaron de que posiblemente muchas clínicas abortivas tengan que cerrar sus puertas.
Una de las clínicas demandantes, Whole Woman's Health, ha dicho que ha estado ofreciendo servicios hasta antes de la pasada medianoche. “Nuestro personal clínico ha visto a pacientes hasta las 23.56, justo tres minutos antes de que la prohibición del aborto entrara en vigor en Texas”, ha tuiteado.
Los precedentes marcados por el Supremo vetan a los estados prohibir el aborto antes de que el feto sea viable, es decir, cuando puede sobrevivir fuera del cuerpo de la madre, a las 22 o 24 semanas.
Sin embargo, la norma de Texas fue redactada para ponérselo difícil a los tribunales, ya que normalmente una demanda que busca bloquear una ley al considerarla inconstitucional nombra a funcionarios gubernamentales como acusados. Pero dicha ley prohíbe a los funcionarios estatales aplicar la legislación al delegar en particulares la posibilidad de denunciar a cualquiera que lleve a cabo un aborto.
Todo esto se produce cuando el Supremo se prepara para escuchar en su próximo periodo de sesiones, que comienza en octubre, una apelación sobre una ley de Misisipi que prohíbe la mayoría de los abortos después de las 15 semanas de embarazo.
El aborto fue reconocido como un derecho constitucional en EEUU en 1973 gracias al fallo de la Corte Suprema en el caso “Roe contra Wade”, en el que reconoció que una mujer puede acabar con su embarazo durante los primeros seis meses de gestación.