Cuatro años después de la entrada en vigor del Brexit, decenas de miles de personas de la Unión Europea que viven y trabajan en el Reino Unido y sus familiares siguen esperando la aclaración de su estatus, entre ellas más de 5.700 personas con ciudadanía de España. Entretanto, los agentes de frontera británicos cada vez rechazan a más ciudadanos europeos en la frontera con la sospecha de que pueden romper las reglas.
El caso de la española que vive y trabaja en el Reino Unido y fue expulsada y enviada de vuelta a España desde el aeropuerto de Luton después de cuatro días de vacaciones en Navidad es un ejemplo del limbo en el que se encuentran ciudadanos de la UE desde la aplicación de las reglas impuestas por el Brexit y que dejan zonas grises para muchos. En este caso, según publicó el The Guardian, la afectada fue una mujer de 34 años identificada como María, que vive con su marido y sus suegros en Bedfordshire, en el centro de Inglaterra, estaba trabajando como aprendiz de veterinaria y tenía un papel oficial que decía que podía trabajar en el Reino Unido. Según su testimonio, está a la espera de la resolución de su estatus migratorio por haber solicitado fuera de plazo el papeleo de residencia en plenas restricciones de viaje durante la pandemia. Un portavoz del Ministerio del Interior aseguró a The Guardian sobre este caso que los agentes de frontera actúan “con la prioridad número uno de mantener” las fronteras del Reino Unido “seguras” y “nunca” pondrían esto en riesgo.
El acuerdo de salida
Según el acuerdo de salida que el Gobierno británico firmó con la UE, todos los ciudadanos de la Unión que vivieran en el Reino Unido a 31 de diciembre de 2020 tienen derecho a residir y trabajar en el país con los mismos derechos que antes del Brexit.
El plazo para completar el papeleo era el 30 de junio de 2021, si bien hay excepciones para presentarlo fuera de plazo por motivos justificados en un periodo difícil por el cierre de fronteras por la pandemia (especialmente duro en el caso del Reino Unido). Hasta septiembre de 2023, Reino Unido tenía pendiente la revisión de más de 142.000 solicitudes, según los datos del Gobierno publicados y analizados cada trimestre por the3million, una organización que defiende los derechos de los ciudadanos de la UE en el Reino Unido. Más de 11.000 personas llevan dos años esperando. Entre las solicitudes pendientes, había 5.760 de ciudadanos de España, según los últimos datos disponibles. Esto incluye apelaciones para casos denegados y solicitudes para reunificar a familias. La mayoría de las peticiones en espera, más de 50.000, son de ciudadanos de Rumanía, seguidos de lejos por Bulgaria, Polonia y Portugal.
“Mientras esperan, su situación es precaria”, explica a elDiario.es Andreea Dumitrache, consejera delegada de the3million. “Los retrasos significativos en las solicitudes y el aumento del porcentaje de rechazo significa que cientos de miles de ciudadanos de la UE no tienen una respuesta clara para probar su estatus migratorio”.
Las personas que esperan no serán deportadas mientras estén en el país con sus rutinas habituales, según el acuerdo con la UE. “Sin embargo, la situación en la frontera, cuando vuelven al Reino Unido, es diferente. Están en mayor riesgo de que no se les permita volver a entrar en el país ya que los agentes del control de fronteras pueden tomar una decisión sobre la marcha si no están convencidos de que esa persona tiene el derecho de vivir y trabajar en el Reino Unido, basándose en la documentación que se les presenta y sin importar las peticiones que esa persona tenga”.
En el Reino Unido, hay unos 300.000 españoles que tienen estatus de “asentados” o “pre-asentados” introducido como transición después del Brexit en el Reino Unido y que les permite trabajar, ir al médico o abrir una cuenta. La española es la cuarta comunidad más numerosa con este estatus después de la de Rumanía, Italia y Portugal.
Papeleo complicado
El papeleo para los ciudadanos de la UE, que la Comisión Europea ha cuestionado, ha sido impugnado en parte por la justicia británica como una complicación innecesaria.
En diciembre de 2022, el Alto Tribunal británico dictó sentencia contra el mecanismo del Gobierno por el cual después de cinco años de tener el llamado “pre-asentamiento” quien no repitiera el papeleo para lograr el “asentamiento” perdería todos sus derechos.
Después de cierto debate interno, el Gobierno conservador decidió no apelar y acatar la sentencia, pero sigue sin terminar de diseñar el nuevo sistema que le pide su propia justicia. De momento, ha aprobado una extensión de dos años para los ciudadanos cuyo estatus sea el de “pre-asentamiento”. Es fácil que haya zonas grises por la que ciudadanos de la UE que deberían tener derecho a quedarse en el Reino Unido no lo tengan tan claro y también lo contrario.
La Autoridad Independiente de Vigilancia de los derechos de los ciudadanos (IMA, en sus siglas en inglés), un organismo público e independiente del Gobierno, consiguió está victoria. En un comunicado enviado a elDiario.es por una portavoz, la organización dice que está ahora “preocupada” por cómo se está aplicando esta decisión de la justicia y sigue pidiendo cuentas al Gobierno. También asegura que “los derechos de los ciudadanos que están esperando una decisión sobre su solicitud incluyen el derecho a trabajar, acceder a subsidios y a entrar y salir del Reino Unido”.
Este organismo anima a cualquiera en apuros a contactar con la organización y ha publicado vídeos con consejos prácticos para ciudadanos de la UE y otros países europeos afectados como Suiza, Noruega e Islandia.
La incertidumbre es uno de los grandes problemas para muchos solicitantes. “Como se ve en el caso de la señora española afectada, aunque no tienes una decisión, a veces te dan un documento de excepción y puede haber confusión dentro del Ministerio del Interior. Es bastante complicado”, explica a elDiario.es Peter Walsh, profesor de estudios sobre migración e investigador académico del Migration Observatory de la Universidad de Oxford. “A veces ni siquiera ellos entienden realmente cuáles son las reglas”.
Expulsiones en la frontera
La mayoría de las expulsiones de ciudadanos de la UE suceden en la frontera con la negativa a la entrada, como le ocurrió a María, ya sea porque han viajado mientras esperaban la resolución de su caso o porque han ido al Reino Unido para otros propósitos que no sean el turismo por un máximo de seis meses. Como turista, cualquiera de la UE puede entrar con su pasaporte en el Reino Unido y quedarse seis meses, pero no puede trabajar ni establecerse de manera permanente.
Entre enero y septiembre de 2023, los agentes de frontera del Reino Unido negaron la entrada a casi 500 personas de nacionalidad española entre los más de 10.000 casos parecidos para ciudadanos de la UE, según las estadísticas del Ministerio del Interior británico. Los casos se han multiplicado por diez desde el Brexit, como muestran la evolución de datos recogidos por el Migration Observatory.
El número de ciudadanos de la UE a los que se les niega la entrada ronda los 4.000 cada trimestre. “Esto significa que cerca del 60% de las personas a las que se les niega la entrada en el Reino Unido son ciudadanos de la UE”, explica Dumitrache, de the3million. “El número alto de ciudadanos de la UE parados en la frontera es muy preocupante. Muestra que el Ministerio del Interior sigue sometiendo a las personas a un ambiente hostil donde la carga de la prueba está siempre en el individuo que tiene que demostrar sus derechos. Es una aplicación desproporcionada y muy rígida de unas reglas migratorias excesivamente complicadas, y esto debe parar”.
Además de estas expulsiones administrativas en puntos de entrada, miles de personas son clasificadas para la deportación. Entre marzo de 2022 y marzo de 2023, el Reino Unido deportó de manera obligada a 4.193 personas; entre ellas el 46% eran ciudadanos de la UE (el país de origen que más se repite es Rumanía), según Interior.
En realidad, esto supone una bajada respecto a años anteriores. “Las cifras en general son bajas para todas las nacionalidades. Simplemente nos resulta más difícil deportar a las personas, ya sea a la UE o a otros países”, dice Walsh, del observatorio de Oxford. “Solían haber muchos miles más de retornos de personas hace 10 o 20 años. No está claro por qué. ¿Se debe a cuestiones de diplomacia y a que los países están menos dispuestos a aceptar a sus ciudadanos? ¿Es la aplicación de la ley lo que no está funcionando con tanta eficacia? No lo sabemos. Pero sí sabemos que estamos devolviendo a menos personas a sus países de origen respecto a lo que hemos hecho históricamente”.
¿Y la UE?
Las reglas del Brexit también han supuesto problemas en las fronteras para los ciudadanos británicos que viajan o viven en países de la UE, si bien los números son hasta ahora pequeños.
Según los datos disponibles de Eurostat, en 2021, un total de 4.465 fueron detenidos en las fronteras de países de la UE y en 2022, sólo 1.270. Ningún británico ha sido expulsado al llegar a la frontera de España en esos dos años.
Algunos países, como España, tampoco han registrado deportaciones forzosas de ciudadanos británicos. La ciudadanía británica no está entre las primeras 20 nacionalidades de los rechazos en fronteras, según los últimos datos de Eurostat disponibles, correspondientes a 2022. Los países más estrictos con los ciudadanos británicos han sido hasta ahora Francia, Países Bajos y Suecia.