La sed de venganza y los abusos que a menudo la acompañan están siendo documentados desde que empezó la ofensiva en Gaza por los soldados israelíes desplegados en la Franja en las imágenes que ellos mismos dejan en las redes sociales. Allí, en las últimas semanas, se acumulan evidencias del saqueo de viviendas de ciudadanos palestinos y del robo de sus bienes. “Si al comienzo de la guerra en las redes sociales había sobre todo mofas, maltrato y excesos innecesarios con los detenidos, ahora lo común es exhibir pertenencias árabes como si fueran trofeos”, explica a elDiario.es Oren Ziv, fotoperiodista israelí del sitio de noticias Sicha Mekomit (“llamada local” en hebreo) vinculado a la revista de periodismo ciudadano +972.
Según Ziv, quien recientemente publicó una investigación tras semanas de entrevistas con soldados desplegados en la Franja, a Internet se suben fotos y vídeos con todo tipo de objetos sustraídos de hogares destruidos o desalojados: alfombras, libros, cafeteras, joyas, ropa interior femenina... “Alguna de las conclusiones es que el fenómeno está extendido y que una gran parte de los mandos directos lo ha consentido durante meses”, explica Ziv.
De acuerdo con uno de los testimonios anónimos recogidos en su estudio, los saqueos no son un secreto. “[Los comandantes] no nos dijeron que no se podían coger cosas. Todo el mundo sabe que se está haciendo. Se considera divertido. La gente dice ‘que me envíen a La Haya’. A nadie parece importarle”, señala uno de los militares entrevistados, quien afirma incluso haber visto a alguno de sus mandos directos participar en los pillajes.
Este militar es el único de entre todos los soldados entrevistados por Oren Ziv que mostró inquietud al presenciar los robos. “En mi experiencia, por supuesto, el saqueo está prohibido (por la ley militar)”, dijo el combatiente, “pero nadie supervisa a los reservistas. Cogen todo lo que es fácil y accesible, como si fueran los dueños de la tierra”.
A la pregunta de este diario sobre cómo de extendidas son estas prácticas, desde la oficina de portavoces de las Fuerzas de Defensa de Israel (IDF por sus siglas en inglés) responden que “las IDF examinan sucesos de de este tipo, así como las denuncias de vídeos subidos a las redes sociales y las maneja con medidas disciplinarias y de mando”. Y añaden: “Cabe aclarar que en algunos de los casos examinados se concluyó que la expresión o comportamiento de los soldados en el video eran inapropiados y fueron manejados en consecuencia, pero el acto documentado se realizó con un propósito militar y de acuerdo con las órdenes”.
Para Ziv el fenómeno pone de manifiesto una realidad más grave: que la venganza es una política oficial extendida no solo entre los soldados desplazados en Gaza, sino en las más altas instancias del Estado. “Desgraciadamente la impresión es que no hay límites, que todo vale. Se sabe que no se pagará un precio por ello, ni local, ni internacional y bajo esa premisa incluso se llega a presumir de ello”, concluye.
Destrucción gratuita y sin fines operativos
La destrucción de viviendas, mezquitas, hospitales y edificios enteros de Gaza sin aparentes fines operativos para el Ejército israelí es otra de las realidades denunciadas por organizaciones de derechos humanos y, también, por algunas voces dentro de Israel. El analista jefe del diario Yediot Aharonot (Ynet en su versión digital), Nahum Barcea, en una de sus recientes columnas de opinión denunció que en el punto álgido del conflicto, cuando había entre 70.000 y 80.000 soldados en Gaza, los oficiales hablaban con preocupación de una pérdida de control.
“La política estipulaba que una casa sólo sería destruida si en ella se encontraba un cuartel general, una posición, un depósito de armas o un apartamento de un comandante de Hamás (…). En el terreno, la consideración fue más amplia. Si interfería con la observación de las IDF, la seguridad de un eje o se percibía como una amenaza porque estuvieran estacionados los combatientes, lo más probable es que esa casa fuese destruida”, escribe.
Barcea pone el ejemplo de lo sucedido en noviembre con la voladura del edificio que albergaba en Gaza el Consejo Legislativo. “Al Jefe del Estado Mayor –Hertzi Halevi– no le gustó la decisión (…). La tomó un comandante en el terreno. No tenía ninguna justificación operativa y el daño informativo fue grande”, dice.
A casi cinco meses del inicio de la ofensiva israelí en Gaza, y a solo una semana de que terminase el plazo para que Israel presentase ante la Corte Internacional de Justicia evidencias que demostrasen –tal y como le exigió el tribunal– el cumplimiento de las “medidas inmediatas y efectivas” para proteger a la población palestina del riesgo de genocidio, la principal abogada de las IDF, la mayor general Alofa Yifat Tomer-Yorushalmi, envió una carta a los comandantes en el terreno donde afirmaba haber encontrado acciones (declaraciones inapropiadas, uso de la fuerza operacionalmente injustificado, saqueos o destrucción de bienes civiles en contra de las órdenes) “que no siguen los valores de las IDF, van más allá de las órdenes y cruzan la línea”. Estos actos, destacó la letrada, “causan al Estado de Israel y a las IDF daños estratégicos en el ámbito internacional cuya gravedad es difícil de exagerar”.
En la misma línea el jefe del Estado Mayor, Herzi Halevi, reconoció en otra misiva la existencia de saqueos y abusos. “Actuamos como seres humanos y, a diferencia de nuestro enemigo, preservamos la humanidad. Debemos tener cuidado de no usar la fuerza donde no es necesaria, de distinguir entre un terrorista y un no terrorista, no tomar nada que no sea nuestro –un souvenir o un equipo militar– y no filmar videos de venganza”, rezaba el escrito.
Según el profesor Eliav Lieblich, experto en derecho internacional de la Universidad de Tel Aviv, ambas misivas fueron presumiblemente añadidas por Israel como prueba de medidas adoptadas en el caso de Sudáfrica contra Israel en la CIJ y posiblemente también lo estén en el informe que preparan funcionarios israelíes en su otro frente abierto: la audiencia que solicitó al mismo tribunal la Asamblea General de la ONU en 2022 para que éste se pronunciase sobre la legalidad de la continua ocupación de Israel de los territorios palestinos.
Una opinión consultiva que tendrá especial repercusión mediática tras la guerra que comenzó el pasado octubre, pero que no será vinculante. “Además, las misivas presentadas por Israel llegan tarde. Deberían haberse escrito mucho antes”, remarca Lieblich.
La última vez que la Corte emitió su dictamen sobre un caso relacionado con Israel fue en 2004 y vinculado con la construcción del muro/valla de separación que el Estado hebreo impulsó dos años antes, en plena Segunda Intifada. El tribunal concluyó que esta barrera, que hoy serpentea a lo largo de 700 kilómetros, violaba el derecho internacional y pedía que fuera derribada. Israel ignoró esa decisión.
Las organizaciones humanitarias tampoco esperan que adopte medidas contundentes en los últimos casos de abusos cometidos en Gaza ateniéndose a su experiencia tras la guerra de 2014. Años después de la ofensiva, las organizaciones palestinas Adalah (con base en Haifa) y Al Mezan (en Gaza), señalaron que el 46% de las denuncias remitidas al Ejército por posibles violaciones de derechos humanos o de las leyes de la guerra terminaron siendo cerradas sin que abriese una investigación criminal ni se ordenaran nuevas medidas contra los implicados. Tiempo después, el restante 43% de los incidentes denunciados seguía siendo examinado o nunca recibió respuesta.