Miles de adictos a las drogas, encerrados en la cárcel para acabar con la crisis de opiáceos en Massachusetts
La escena se repite a diario en Massachusetts. Miles de veces al año.
Un ser querido está enganchado a los opiáceos. Su vida gira fuera de control y cada vez consume más. Su familia entra en pánico. El coste de la rehabilitación puede ser inaccesible y puede que haya que esperar para una plaza. Pero necesitan llevar a su ser querido a algún sitio en el que no pueda consumir antes de que sea demasiado tarde.
Es en este punto en el que pueden invocar a la Sección 35, un proceso en el estado de Massachusetts en el que las personas que abusan del alcohol o las drogas pueden ser sometidas involuntariamente a tratamiento hasta 90 días si un miembro de la familia, un tutor o un agente de las fuerzas de seguridad se lo pide a un juez. Muchos estados tienen leyes similares en vigor y han recurrido a ellas para luchar contra la crisis de opiáceos que asola la nación. Pero en Massachusetts, los hombres ingresados involuntariamente pueden acabar en prisión aunque no se hayan presentado cargos en su contra. Solo en 2018 se registraron 10.770 solicitudes de este mecanismo, que pueden cursar familiares del afectado.
Así es como Jim, un estudiante de 29 años, acabó en la prisión del condado de Hampden, en la ciudad de Ludlow, tras sufrir una sobredosis de opiáceos. A pesar de haber sido encarcelado sin cargos afirma que estaba contento de estar allí. “Nunca he tenido problemas con la ley, pero fue totalmente necesario que un policía viniese a casa, me pusiese las esposas y me llevase a la cárcel”, afirma. Tras pasar ocho días encarcelado, Jim ya pensaba que el ingreso era lo mejor que le había pasado nunca.
El encarcelamiento ha emergido como una de las tácticas más polémicas (y única en todo el país) para luchar contra la adicción en Massachusetts. El estado se enfrenta a una crisis de opiáceos que mata cinco veces más personas al año que los accidentes de coche.
Para los defensores de la medida, el proceso establecido en la Sección 35 sirve para salvar vidas ya que pone a la gente en un lugar donde no puede conseguir drogas y de donde simplemente no puede salir. Sin embargo, sus detractores alegan que la rehabilitación forzosa no funciona, que recluir a los pacientes en instalaciones penitenciarias es inconstitucional, perjudicial para la recuperación y aumenta el riesgo de recaída una vez que los pacientes son puestos en libertad.
A las mujeres con problemas de adicción también se las encerraba en centros penitenciarios en Massachusetts, pero tras una demanda de ACLU, el estado acabó con esta práctica en 2016. Sin embargo, el estado ha incrementado el encarcelamiento de hombres. Según la ONG Prisoners' Legal Services, que ha sido un fuerte opositor a esta práctica, Massachusetts mete en prisión a más de 2.000 hombres al año por abuso de sustancias.
Avergonzado y estigmatizado
En marzo, el despacho de abogados PLS presentó una demanda contra el Departamento de Prisiones y el Departamento de Sanidad Pública en nombre de 10 pacientes anónimos recluidos en el Centro de Abuso de Alcohol y Sustancias de Massachusetts (MASAC), unas instalaciones gestionadas por el Departamento de Prisiones en la ciudad de Plymouth.
La demanda alega que retener a hombres en centros penitenciarios es inconstitucional, constituye una discriminación ilegal por género y minusvalía y es perjudicial para la recuperación. La documentación presentada describe también un ambiente de abusos donde los agentes de prisiones humillan “rutinariamente” a los pacientes y donde estos no tienen acceso a medicamentos en sustitución de los opiáceos, tales como Suboxone.
“Esta gente está siendo avergonzada y estigmatizada por una enfermedad reconocida como minusvalía”, indica Bonnie Tenneriello, abogado de PLS. Uno de los demandantes anónimos señala que los agentes de prisiones llaman maricones, putas, yonkis e hijos de puta a los pacientes.
Otro demandante cuenta cómo durante la desintoxicación, su compañero de celda se orinó y defecó encima, pero nadie lo limpió. Otros describen haber tenido demasiado miedo como para llamar a los empleados o a sus seres queridos dado que todas las llamadas que salen de la prisión informan a la gente de que está recibiendo una llamada de un centro penitenciario.
PLS asegura que hay pacientes que han sido encerrados en régimen de aislamiento por faltas menores como fumar un cigarro, no responder a las preguntas o coger leche adicional en sus comidas.
“Todo esto es contraproducente y traumatizante. Es decirle a la gente que no eres un ciudadano pleno, que no eres de confianza, que eres una mala persona”, señala Tenneriello sobre el encierro de pacientes en centros penitenciarios
“Es la mentalidad de prisión”
Joel Kergaravat, de 36 años, se enganchó a la heroína y a la metanfetamina cuando el verano pasado su madre pidió que se le aplicase la Sección 35. Ambos pensaban que su reclusión significaría rehabilitación, pero en lugar de eso fue maniatado y metido en una furgoneta para iniciar un largo viaje hasta MASAC.
Su experiencia en MASAC parece ser un reflejo de las acusaciones que se presentan en la demanda. Una vez llegó al centro, no tuvo acceso a medicamentos de desintoxicación. “Es una barbarie no darle a la gente esa medicación porque básicamente vomitas y te cagas encima durante seis días”, señala. “Es lo que pasa. No es bonito”.
Dentro, los guardias eran agresivos, recuerda. Le daba la sensación de que el lugar no era higiénico, que estaba sucio y le preocupaba ponerse enfermo. A menudo los pacientes se peleaban a puñetazos. “Es la mentalidad de la cárcel”, señala. “Te mantienen en una prisión y la gente se comporta como tal”.
Cuando salió, Kergaravat estaba traumatizado. Volvió a las drogas e incluso intentó suicidarse mediante sobredosis como resultado de su experiencia en el centro, asegura.
“Si vas a forzar a alguien a someterse a tratamiento, está bien, sométele a tratamiento. Lo que no se puede hacer es cambiar el nombre a una prisión o a una sección de una prisión y llamarlo tratamiento”, señala.
El sheriff que defiende la Sección 35
El sheriff del condado de Hampden, Nick Cocchi, puede que sea el mayor defensor del estado de la Sección 35. Cocchi ve su misión como una labor de rehabilitación. Sus agentes penitenciarios no llevan armas de ningún tipo y aquellos en el ala de la Sección 35 de la prisión llevan polos por uniforme para no parecer guardias.
El sheriff guarda en su bolsillo un viejo papel doblado con la lista de nombres de aquellos que han muerto en la cárcel en los 26 años que ha trabajado allí. Cuando residentes de la parte occidental de Massachusetts le llaman y le mandan mensajes de Facebook pidiendo consejo sobre seres queridos que han quedado atrapados por la adicción, les invita a su oficina, aunque sea fin de semana. Los hombres que han sido previamente ingresados le llaman cuando tienen una recaída.
Cocchi afirma que cuando se hace bien, la rehabilitación forzosa funciona. Su entusiasmo por la Sección 35 nació de un deseo por dar a los residentes de la parte oeste de Massachusetts un tratamiento más cercano a sus hogares.
“No sirve de nada llevar a alguien a dos horas y media de su casa, desintoxicarlo y después decirle 'aquí tienes el billete de bus de vuelta'. ¿Dónde está el apoyo?, se pregunta. ”No hay apoyo y, cuando no hay apoyo, hay recaída“, añade.
Cocchi asegura que los abusos denunciados contra MASAC en la denuncia presentada por PLS no ocurren en su prisión. El sheriff señala que la Sección 35 requiere reformas, pero que sus instalaciones son “insuperables”.
El sheriff invitó recientemente a The Guardian al ala de la Sección 35 de la prisión caminando con un cachorro de cinco meses de bullmastiff llamado Brooklyn. “¿Qué pasa, chicos?”, les dice a los pacientes –o “clientes” tal y como les llaman según la jerga de la cárcel. “¡Que nadie se asuste, este no es un perro para encontrar droga!”, añade.
El ala parece limpia y ordenada. Los pacientes llevan un uniforme con pantalones marrones y camisetas amarillas o azules con lemas motivadores como “la recuperación funciona” y “día a día”. Los pacientes se muestra amistosos con el sheriff y los agentes de prisiones, a quienes paran para compartir sus pensamientos y preocupaciones sobre su estancia en la unidad.
Varios pacientes se ponen rápidamente en fila para hablar con The Guardian sobre su experiencia en la prisión. Todos dicen cosas positivas. Muchos se muestran optimistas y creen que estar más cerca de casa, recibir asesoramiento sobre su alta y tener acceso a consejos una vez hayan sido liberados les ayudará a mantenerse alejados de las drogas y el alcohol.
Muchos de ellos han pasado antes un tiempo en el MASAC de Plymouth y afirman que su entorno actual es mucho mejor. Jim, un estudiante de 29 años que fue ingresado tras una sobredosis, señala: “Los agentes de prisiones no te tratan como a un preso, te tratan básicamente como a un paciente”.
Esta ala de la prisión lleva recibiendo a pacientes de acuerdo con la Sección 35 desde mayo, pero Cocchi confía en que las estadísticas muestren finalmente que su programa tiene una tasa de éxito mayor que cualquier otra instalación de tratamiento.
“También hay un grupo que dice que el tratamiento forzado no funciona, pero eso es absolutamente falso”, afirma. Si la gente que intenta acabar con estos ingresos en prisión lo consigue, “devastarán Massachusetts, especialmente la parte occidental... pero yo no me voy a rendir”.
“Preparándolos para la muerte”
Los opositores a encarcelar a los pacientes bajo la Sección 35 afirman que aunque los abusos de los que se acusa a MASAC no estén presentes en un centro penitenciario, mantener a los pacientes recluidos allí es peligroso y no es correcto.
“No importa lo bien que esté dirigida una prisión, decimos que es una enfermedad y encarcelar a gente porque tiene una enfermedad no está bien”, señala Tenneriello, abogado de PLS.
Leo Beletsky, profesor asociado de Derecho y Ciencias de la Salud en la Northeastern University de Boston, es un experto en la epidemia de opiáceos y es parte de la comisión de la Sección 35 del estado.
Beletsky apunta a estudios, como uno del Departamento de Sanidad de Massachusetts, que muestran que las personas liberadas recientemente tienen 120 veces más posibilidades de morir por sobredosis de opiáceos que el resto de la gente. “Encerrando a la gente en centros penitenciarios básicamente les estamos preparando para morir”, afirma.
La física Sarah Wakeman, especialista en medicina de la adicción y directora médica de la Iniciativa de Trastornos por Consumo de Sustancias en el hospital general de Boston, afirma que aquellos que salen de la rehabilitación forzosa están en riesgo particular de sobredosis dado que en un primer momento no querían estar ahí y que su tolerancia se ha reducido.
Para Wakeman se tiene que poner el foco en hacer que el tratamiento voluntario por el abuso de sustancias esté accesible más rápidamente.“La realidad es que el amor duro no es una intervención útil para ayudar a una persona que sufre adicción”, señala.
Por su parte, Beletsky afirma que el sistema de la Sección 35 sigue siendo popular dado que su acceso es mucho más fácil que los programas de tratamiento voluntario. “El sistema de la Sección 35 es el camino con menos resistencia para el tratamiento”, señala. “Es inmediato y gratis”. “Eso ilustra lo quebrado que está nuestro sistema de cuidados. Es más fácil llevarse a alguien que acceder a la asistencia sanitaria normal”, añade.
Traducido por Javier Biosca Azcoiti
