Meloni intensifica su ofensiva contra los hijos de parejas homosexuales

Más de 30 familias han empezado a recibir notificaciones de las autoridades de Padua, después de que la Fiscalía de esta ciudad del norte de Italia decidiera que deben eliminarse de los libros de familia el nombre de las madres no biológicas, por lo que estas perderían todos sus derechos sobre el menor, que dejaría de llevar el apellido de ese progenitor.

Este viernes, las familias llamadas “arcoíris” se han manifestado enfrente del Tribunal Civil de Padua, donde han colocado 33 muñecas en el suelo, que representan a 33 menores que se verán afectados por la medida adoptada por la nueva fiscal de Padua, Valeria Sanzari.

Según el periódico italiano La Stampa, las familias han protestado de esa forma por la decisión que afecta no sólo a los bebés registrados en los últimos meses (desde que el Ministerio del Interior italiano ordenara a los alcaldes que dejaran de registrar a los hijos de parejas homosexuales), sino a niños que nacieron y fueron inscritos desde el año 2017 hasta el presente.

“Lo que ha decidido la Fiscalía, que se aplica también de forma retroactiva, es una acción política que tendrá efectos desastrosos también en la vida futura de estos niños”, dijo a los medios el diputado Alessandro Zan, del principal partido de la oposición (PD), que ha acudido a la protesta silenciosa en Padua.

Duras críticas

“Esta derecha que la toma con los derechos de los niños da miedo”, dice Nicola Fratoianni, del partido Izquierda Italiana. Se imagina las repercusiones de la impugnación de los registros: “Pensemos a un niño que está acostumbrado que lo llamen por un apellido y que, a lo mejor, lo verá cambiado por un acto burocrático”.  

Incluso algunos aliados de Giorgia Meloni han criticado la decisión de la Fiscalía de Padua: la eurodiputada Alessandra Mussolini, nieta del dictador fascista italiano, ha dicho que “es como lanzar una bomba sobre una familia que golpea sólo a los niños”. La eurodiputada del grupo conservador, que hace tiempo ha mostrado sus simpatías por el colectivo LGTBI, ha agregado en un vídeo difundido en su cuenta de Twitter que “se está intentando romper una cadena de afectos que ya está consolidada”.

La asociación Famiglie Arcobaleno (familias arcoíris) han denunciado este “acto vergonzoso e indigno en un país civilizado”. En un comunicado de esta semana, la asociación afirma que en los pasados años ningún certificado había sido impugnado, pero que “el Gobierno, desde su toma de posesión (el pasado octubre), ha actuado de forma sistemática para borrar los derechos de los hijos” de las familias LGTBQI+ que integran esta asociación. “Es bueno que la sociedad civil italiana se dé cuenta de que está teniendo lugar una verdadera persecución de los niños con dos mamás o dos papás, y tome una posición en consecuencia”, agrega.

Por ello, Famiglie Arcobaleno se ha ofrecido a defender y asistir económicamente a los más de 30 afectados en Padua: “Defenderemos la legitimidad de estas actas de nacimiento (...) que no hacen sino reconocer y representar la identidad familiar de estos niños y niñas”, ha anunciado en un tuit, en el que ha afirmado “No pararemos, no nos pararéis!”.

Alcaldes rebeldes

Lo que ha ocurrido en Padua podría repetirse en otros ayuntamientos cuyos alcaldes han desobedecido las directrices del ministro del Interior, Matteo Piantedosi, que hace unos tres meses envió un documento a las administraciones locales para que suspendieran la inscripción de recién nacidos de parejas homosexuales así como la trascripción de actas de nacimiento de niños nacidos en el extranjero por gestación subrogada.

El ministro explicó en la Cámara de Diputados que, según las normas vigentes en Italia, “las actas de nacimiento en las que se indiquen padres del mismo sexo, así como el reconocimiento de filiación por parte del progenitor del mismo sexo de la madre gestante, no están permitidas”. Tampoco se permite la trascripción de actas de nacimiento de niños en el extranjero “procedentes de la gestación subrogada”, tal y como señaló el titular de Interior en respuesta a una pregunta en el hemiciclo.

Sin embargo, varios alcaldes de la oposición, al frente de algunas ciudades destacadas, incluidas Milán y Roma, han desobedecido esas normas y las directrices del Gobierno ultraderechista. Este mes de junio, el alcalde de Roma, Roberto Gualtieri, ha inscrito a los hijos de dos parejas de lesbianas, nacidos en el extranjero, en un “acto legítimo”, según sus propias palabras.

Los niños de una pareja italo-francesa y de otra italo-británica ya contaban con un certificado en el que aparecían las dos madres, emitido en sus países de nacimiento, por lo que el alcalde capitolino no ha querido “excluir a la madre no biológica” en Italia. “Estamos inaugurando la normalidad para un país civilizado, es el reconocimiento pleno de la realidad”, declaraba Gualtieri tras desafiar al Gobierno central.

Por su parte, la ministra de la Familia, Eugenia Roccella, no ha valorado la decisión de la Fiscalía de Padua, pero ha dejado claro, en una entrevista en el canal Nove (crítico con el Gobierno), que el problema lo han causado esos alcaldes desobedientes.

La ministra de Meloni ha recordado que existe un procedimiento que se denomina “adopción en casos especiales”, a la que puede recurrir el progenitor no biológico en una pareja del mismo sexo, tal y como estableció la Corte de Casación en una sentencia del pasado diciembre. Y agregó que también las parejas heterosexuales obtienen el reconocimiento de un hijo no biológico a través de esta vía y, si las homosexuales lo hicieran de otra forma, sería “discriminatorio” para las primeras.

La gestación subrogada

Sin embargo, la ministra Roccella ha admitido que es necesaria una solución para los niños nacidos y registrados hasta el momento, y se ha mostrado a favor de una “moratoria”. También ha dicho que hay que distinguir entre las personas que recurren a la gestación subrogada y las mujeres gestantes.

De esa forma, la exponente del partido de Meloni, Hermanos de Italia, ha vinculado una vez más a las parejas homosexuales con la gestación subrogada, algo que ha hecho el Gobierno en los últimos meses. La formación política ha impulsado una propuesta de ley para que la gestación subrogada sea considerada “delito universal” y, por tanto, las parejas italianas que se vayan a otro país para evitar la prohibición de este método podrán ser perseguidas en Italia, donde se enfrentarían a hasta dos años de cárcel.

A pesar de que la norma afectaría en mayor medida a las parejas heterosexuales, las que más recurren a este tipo de gestación, las asociaciones y representantes LGTBI han denunciado que el Gobierno busca atacar a este colectivo y quitarle derechos con esa propuesta de ley que está siendo debatida.

Este viernes, se ha conocido también la decisión de un tribunal de Milán que establece la anulación de la transcripción del acta de nacimiento de un niño, nacido por gestación subrogada y registrado en el extranjero como hijo de dos hombres italianos, que pierden así la paternidad en Italia, donde está prohibido “alquilar” un vientre.

El mismo tribunal ha desestimado la cancelación del nombre de la madre no biológica del acta de nacimiento de tres niños concebidos por reproducción asistida, también fuera del país. Uno de los abogados de las tres parejas ha celebrado la decisión y, en declaraciones recogidas por la agencia italiana ANSA, ha dicho que “no se puede borrar de un plumazo la filiación, según el ordenamiento jurídico de Italia, tal y como pretenden el Gobierno y algunas fiscalías”. Y se ha mostrado convencido de que el tribunal de Padua también adoptará una decisión que dé la razón a las familias arcoíris.