El juez de Lula, luego ministro y ahora enfrentado a Bolsonaro, abrió las puertas de Brasil al FBI

Sergio Moro, quien fuera juez del caso Lava Jato, la mayor operación contra la corrupción en la historia de Brasil, abandonó este 24 de abril su cargo al frente del Ministerio de Justicia clamando por la independencia de la Policía Federal. Pero un análisis de sus 16 meses en el Ministerio muestra una inclinación muy diferente con respecto a la influencia del FBI en la Policía brasileña.

Varios meses de investigación de Agência Pública en documentos oficiales han revelado que, al asumir su responsabilidad como Ministro de Justicia y Seguridad Pública, Moro y el exdirector de la Policía Federal firmaron acuerdos con el FBI que amplían la influencia estadounidense en diferentes áreas de la lucha contra el delito, incluyendo la presencia de agentes extranjeros en un centro de inteligencia en la frontera, investigaciones sobre corrupción y acceso a datos biométricos brasileños.

A fines de 2019, la oficina del FBI en Brasil solicitó más recursos al gobierno estadounidense para ampliar su equipo y atender más solicitudes de cooperación internacional en investigaciones en el país. En teoría, el FBI tiene prohibido hacer investigaciones en territorios extranjeros, incluido Brasil, porque la Policía estadounidense no tiene jurisdicción en el país.

Sin embargo, la presencia del FBI fue revelada en 2004, cuando el exdirector del FBI en el país, Carlos Costa, en una declaración ante el Ministerio Público Federal, afirmó que el FBI dirigía y financiaba las operaciones de la Policía Federal, lo que establecía una relación de “subordinación a las autoridades estadounidenses”.

En los años venideros, los gobiernos de Luís Inácio Lula da Silva y Dilma Rousseff buscaron una postura más independiente en relación con las investigaciones federales, mejorando la estructura de la Policía Federal brasileña. Sin embargo, durante el mandato de Bolsonaro, las acciones de Sergio Moro implican un nuevo acercamiento con el FBI, hasta ahora desconocido para la opinión pública.

Investigando en Brasil

Aunque las dos investigaciones más importantes sobre Lava Jato por parte del Departamento de Justicia de Estados Unidos ya finalizaron, con los acuerdos de Odebrecht y Petrobras, el FBI aún tiene mucho que hacer para investigar la corrupción en Brasil, en palabras del jefe del FBI en el país, David Brassanini, durante una conferencia en el 7° Congreso Internacional de Procedimientos, en mayo de 2019, en São Paulo.

Brassino elogió la alianza  con la Policía Federal en las investigaciones de la operación Lava Jato. Fue a partir de entonces que la relación entre los agentes se intensificó. Un reportaje conjunto de The Intercept Brasil y Agência Pública reveló que desde 2015 agentes del FBI han estado en Curitiba para interrogar a los delatores que estaban cerrando tratos con los fiscales brasileños.

El FBI actúa para investigar la corrupción transnacional gracias a la FCPA (Acta de Prácticas Corruptas en el Extranjero), una ley que permite al gobierno estadounidense investigar y sancionar, en Estados Unidos, los actos de corrupción que involucren a autoridades extranjeras cometidos por empresas y personas extranjeras. No es necesario que los crímenes hayan tenido lugar en suelo estadounidense: basta, por ejemplo, que haya una transferencia de dinero mediante un banco estadounidense o que las empresas involucradas vendan acciones en la bolsa de valores estadounidense. En el marco de esta ley, el gobierno estadounidense castigó con multas millonarias a las empresas brasileñas que fueron blanco de la operación Lava Jato, entre ellas Petrobras y Odebrecht.

Brassanini también relató, durante la Conferencia de 2019, que los agentes del FBI vienen a São Paulo “cada semana para tratar diferentes casos relacionados con la FCPA y el lavado de dinero”. Aseguró que la colaboración con la Policía Federal ya ha cristalizado con la obtención de mucha información para los próximos años.

Desde agosto de 2017, David Brassanini es el jefe del FBI para Brasil, pero desde 2006 ha trabajado en sus oficinas viviendo en el país. Actualmente gestiona el trabajo del FBI en la embajada en Brasilia y en los consulados de São Paulo, Río de Janeiro, Recife, Belo Horizonte y Porto Alegre –incluida la cooperación con la Lava Jato–, un equipo de 20 personas, según la publicación especializada Global Investigative Review.

Fue el organizador principal de una postura más “altiva” de la Policía estadounidense en el ministerio dirigido por Moro. Además de reunirse con el propio ministro al comienzo de su mandato, Brassanini mantuvo encuentros con secretarios y llegó a tener una reunión con el controvertido asesor especial del presidente Jair Bolsonaro, Filipe Martins, en julio de 2019. El joven ultraderechista es uno de los nombres influyen en la política exterior del gobierno, junto con Eduardo Bolsonaro.

El FBI accede a datos biométricos de “sospechosos”

Mientras que en 2018, durante el gobierno de Michel Temer, Brassanini solo hizo una “visita de cortesía” al entonces secretario de Justicia Nacional, Rogério Galloro, en 2019 hubo al menos cuatro citas oficiales. Además, hubo otras cinco reuniones de miembros del Ministerio de Justicia con agregados de la embajada estadounidense.

La primera visita tuvo lugar poco después de que Bolsonaro llegara al poder. En enero de 2019, el ministro Moro recibió a una delegación de las autoridades estadounidenses para analizar maneras de profundizar la cooperación legal de Brasil con Estados Unidos, según la web del Ministerio de Justicia. Las reuniones mantenidas en agosto de 2019  giraron en torno a dos proyectos de cooperación: “Discusiones sobre el proyecto de biometría y la creación del centro de fusión”, según los registros oficiales.

La información biométrica es el tema principal de un acuerdo firmado el 18 de marzo de 2019, cuando Moro y el exdirector general de la Policía Federal acompañaron a Jair Bolsonaro en su primera visita oficial a Washington. Moro se reunió con la entonces secretaria de Seguridad Nacional y el director del FBI, Christopher A. Wray.

El acuerdo firmado, obtenido para este artículo mediante la Ley de Acceso a la Información, tiene como objetivo el intercambio de información sobre grupos criminales y terroristas, partiendo de compartir huellas dactilares de ciudadanos de ambos países a los fines de investigaciones criminales.

Cualquiera de las dos policías puede solicitar huellas digitales y otros datos de identificación, como el nombre, el número de seguro social, el número de identidad y el lugar y la fecha de nacimiento en casos que involucren a “una persona sobre la cual exista una sospecha razonable de que sea terrorista” o “personas sospechosas de haber cometido delitos graves o actividades delictivas transnacionales”. Los delitos graves, según el acuerdo, son todos aquellos que se castiguen con más de un año de prisión.

El documento indica que El FBI incorporará las huellas digitales en las bases de datos nacionales estadounidenses, a las cuales otras agencias del gobierno federal de Estados Unidos y las autoridades estatales tienen acceso.

En octubre del año pasado, Bolsonaro firmó un decreto que establece una base de datos única, el Registro Básico del Ciudadano, que vinculará diferentes bases de datos sobre ciudadanos brasileños, incluyendo números de registros y documentos, datos biográficos y biométricos, como “palma de la mano, huellas digitales, de la retina o el iris de los ojos, la forma de la cara, la voz y la forma de caminar”. El decreto se puso en marcha al mismo tiempo que avanzaba la recopilación de datos biométricos de la población, como, por ejemplo, la biometría para las elecciones, que alcanzó a 120 millones de votantes este año.

“Los datos biométricos, de acuerdo con la Ley General de Protección de Datos, son datos sensibles. Que se compartan para formar este Registro Básico Ciudadano permite que se utilicen más datos, sensibles o no, para extrapolar los fines para los que fueron recolectados”, asevera Joana Varon, directora de la organización Coding Rights, que defiende la privacidad de los datos. Varon afirma que el acuerdo firmado por Valeixo puede conducir a abusos, ya que la definición de lo que sería un “sospechoso” es bastante amplia.

De acuerdo con Varon, el tratado puede tener más peso en un contexto de amenaza institucional a la Policía Federal. “Estos límites son aún más importantes si consideramos que el Gobierno de Bolsonaro lleva a cabo una política de sumisión total al Gobierno estadounidense, así como si tenemos en cuenta que vivimos en momentos de crisis democrática y amenazas de injerencia política en la Policía Federal”, concluye.

“Fusion Center” en la Triple Frontera

El “Fusion Center” –o Centro Integrado de Operaciones en la Frontera (CIOF)– es una oficina de inteligencia en la triple frontera de Foz de Iguazú (una localidad de Brasil ubicada en el extremo oeste del estado de Paraná, que linda con Argentina y Paraguay) que se propone reunir a agentes de 16 instituciones y unificar bases de datos. El modelo está inspirado en el centro dirigido por la DEA, la agencia antidrogas estadounidense, en la frontera con México, que Moro visitó en junio del año pasado.

El CIOF es el proyecto soñado de la Embajada estadounidense, que durante al menos diez años ha estado presionando al Gobierno brasileño para que investigue las sospechas de actividades terroristas en la región, una postura que encontró la resistencia de los gobiernos del Partido de los Trabajadores, según revelaron los documentos diplomáticos filtrados por Wikileaks.

Finalmente, el centro fue inaugurado el 16 de diciembre de 2019 en el Parque Tecnológico de la represa de Itaipú, en Foz de Iguazú. Un mes antes, el exministro de Justicia llevó a una pequeña comitiva estadounidense para presentar el proyecto, entre ellos Brassini. Un día después de esa visita, Moro anunció la firma de un acuerdo con Paraguay, Uruguay y Argentina que permite a los policías cruzar la frontera para actuar en los países vecinos durante una persecución.

El centro administrará bases de datos unificadas de la actuación conjunta de miembros de la Policía Federal, la Policía Federal de Carreteras, la Agencia Nacional de Inteligencia, el Ministerio de Defensa, la Unidad de Inteligencia Financiera, la Receita Federal (que administra los impuestos federales), la Policía Militar, la Policía Civil y la Policía Científica para combatir el crimen organizado en la Triple Frontera, en Foz de Iguazú. También estarán presentes “agregados policiales de otros países”, dijo Moro al periódico local Tarobá News.

Esa misma semana, el FBI creó un equipo especializado en temas como terrorismo y narcotráfico para operar en Paraguay, de acuerdo con la agencia de noticias Associated Press.

Anuncios opacos que buscan “investigador de seguridad”

El FBI y la embajada se niegan a detallar públicamente lo que hacen exactamente sus agentes en Brasil. Sin embargo, un documento de la propia embajada revela cómo funciona este trabajo. Es un anuncio del 19 de octubre de 2019 en busca de un “investigador de seguridad” que trabaje en el equipo del agregado legal y pase el 70% del tiempo haciendo investigaciones. “Estas investigaciones suelen ser muy controvertidas y pueden tener importantes implicaciones sociales y políticas”, dice el texto del anuncio, escrito en inglés.

Entre las tareas enumeradas se encuentra la “asistencia en la investigación de violaciones de la legislación de los Estados Unidos” a los agentes de seguridad pública, incluidos el Departamento de Justicia, la Policía Federal, Civil y Militar, y la Procuraduría General de la República (PGR). “El puesto requiere la capacidad de interactuar a nivel profesional con los agentes de seguridad a un alto nivel y a nivel operacional en cuestiones operacionales y relaciones”, dice el anuncio.

El profesional debe “asistir con el equipo legal reuniones con miembros de alto rango del gobierno brasileño”, seguir la prensa brasileña y mantener “bases de datos de investigación y capacitación relacionadas con contactos de enlace, conferencias, temas, oradores, fotos y materiales a los que se pueda acceder fácilmente para recopilar evaluaciones según sea necesario”.

El anuncio dice que el oficial tendrá que viajar en coche, barco, tren o avión hasta un periodo de 30 días. “Se requerirán viajes a zonas fronterizas remotas y a todas las regiones del Brasil”. El salario no está estipulado.

Consultada para este reportaje, la Embajada de Estados Unidos en Brasilia no ha respondido hasta el momento a las preguntas enviadas. El exministro Moro no respondió a las preguntas enviadas por correo electrónico.

Este artículo fue publicado originalmente por Agência Pública.fue publicado originalmente por Agência Pública

Traducción de la.diaria