Nicaragua cumple este jueves tres meses de su crisis más sangrienta desde la década de 1980. Se inició con unas manifestaciones contra una reforma a la seguridad social y se convirtió en un grito nacional que pide la salida del presidente Daniel Ortega y que ha polarizado al país.
Después de 92 días, Nicaragua suma al menos 351 muertos, según cifras de organismos humanitarios, miles de heridos, denuncias de “desapariciones forzosas”, cientos de detenidos y miles solicitando refugio en la vecina Costa Rica.
Este pasado miércoles, cientos de efectivos de las “fuerzas combinadas” del Gobierno celebraron, con vítores y música, la toma de control de Masaya, donde el martes derribaron las barricadas y borraron pintadas con frases contra el presidente Ortega.
Efectivos de la Policía Nacional, parapolicías, paramilitares y antimotines llevaron a cabo en Masaya la llamada “Operación Limpieza”, que consistió en derribar los “tranques” que seguían levantados y eliminar cualquier resto que recordase que el pueblo se declaró “territorio libre del dictador”, en referencia a Ortega.
El operativo policial, que se llevó a cabo de forma violenta por parte de las fuerzas estatales hacia la población, se saldó con tres personas fallecidas en la localidad.
Este miércoles, la comunidad Monimbó, de tradición indígena, amaneció atestado de miembros de las “fuerzas combinadas”, quienes aseguraron que “ha vuelto la paz y la tranquilidad” para los pobladores, afirmación que contrasta con la escena del entierro de un joven de 15 años asesinado en la refriega de ayer.
Una tía del fallecido, quien rehusó brindar su identidad, dijo a Efe que la aparente calma que se respira en Masaya es “falsa”, pero “la gente tiene miedo a salir”, debido a la fuerte presencia de miembros de las “fuerzas combinadas”.
La vicepresidenta Rosario Murillo proclamó la “victoria sobre esas fuerzas tenebrosas”, en referencia a los manifestantes antigubernamentales que, a juicio del Ejecutivo, intentan derrocar al Gobierno.
“Hoy 18 de julio proclamamos nuestra victoria, nuestro avance sobre esas fuerzas diabólicas, tenebrosas, terroristas, criminales, que durante tres meses azotaron, quisieron secuestrar la paz en Nicaragua, pero no pudieron”, señaló la también primera dama en un mensaje en medios oficiales.
Estados Unidos aseguró que el asalto a la ciudad de Masaya por parte de las fuerzas del Gobierno supone “otro claro ejemplo” del deseo de Ortega de “aferrarse al poder”.
“El ataque de ayer en Masaya es otro claro ejemplo de la voluntad de Ortega de aferrarse al poder sin importarle el precio que tenga que pagar el pueblo nicaragüense”, denunció en una rueda de prensa la portavoz del Departamento de Estado, Heather Nauert.
La portavoz instó al Ejecutivo nicaragüense a convocar elecciones para así poner fin de manera “inmediata” a la ola de violencia.
Esta petición se sumó a la resolución aprobada hoy por la Organización de Estados Americanos (OEA), que pidió a Ortega que “apoye un calendario electoral” acordado en el diálogo nacional, mediado por la Iglesia Católica, en una fórmula que busca elecciones anticipadas como vía para salir de la crisis.
El partido opositor Ciudadanos por la Libertad (CxL) también exigió “elecciones adelantadas, transparentes y plenamente observadas, para que sea el pueblo quien elija en libertad a sus gobernantes”, a fin de superar la crisis.
Ciudadanos y varios sectores de la sociedad de Nicaragua también celebraron esa resolución de la OEA en la que se pide adelantar a marzo de 2019 las elecciones fijadas para 2021.
“Que esta votación (en la OEA) sea en memoria de los que ya no nos acompañan y por los presos políticos. Gran triunfo para Nicaragua”, comentó Juan Sebastián Chamorro, uno de los representantes del sector empresarial en la Alianza Cívica.
“¡Gracias hermanos países del continente americano que se han solidarizado con el dolor y la lucha del pueblo de Nicaragua!”, publicó el obispo auxiliar de Managua, Silvio Báez, en sus redes sociales.
Durante la jornada en Nicaragua, la opositora Irlanda Jerez, dirigente de un grupo de comerciantes del mercado más grande de Nicaragua a los que llamó a la “desobediencia civil”, fue detenida “de forma arbitraria” por la Policía en Managua, denunció ese movimiento.
Además, Amnistía Internacional (AI) exigió al Gobierno “poner fin a la represión tras tres meses de insensata matanza”.
Las protestas contra el Gobierno comenzaron el 18 de abril por unas fallidas reformas a la seguridad social y se convirtieron en un reclamo que pide la renuncia del mandatario, después de once años en el poder, con acusaciones de abuso y corrupción en su contra.