Un supuesto caso de corrupción que salpica a personas próximas al líder. Portadas de periódicos, monográficos informativos, tertulias en las que no se habla de otra cosa y la oposición subiendo los decibelios del ruido político hasta el punto de deslegitimar el Gobierno. ¿Y después?
El esquema que se ha vivido estos días en España en relación con Pedro Sánchez y su esposa no es nuevo. No todos los casos son iguales, pero las campañas de deslegitimación de las derechas cuando no gobiernan vienen de lejos, y no conocen fronteras. Ha pasado recientemente en Portugal, donde los socialistas han perdido el Gobierno después de que António Costa dimitiera a causa de un supuesto caso de corrupción que ha quedado en nada.
Es verdad que si en lugar de vivir en Portugal, se vive en otros lugares, el líder puede acabar injustamente en la cárcel, como Lula da Silva, o destituida, como Dilma Rousseff; o en el exilio, como el boliviano Evo Morales –cuando le dieron un golpe de Estado–, o el ecuatoriano Rafael Correa, donde el Gobierno ahora ha cometido un asalto insólito a la embajada de México en Quito para llevarse al ex vicepresidente Jorge Lasso.
Pero también puede ocurrir que se manifiesten cada día en la puerta de la casa de los rivales de izquierdas con vuvuzelas, como les ha pasado a Pablo Iglesias e Irene Montero –además de los múltiples casos construidos mediáticamente y judicialmente que quedaron en nada, como el de Neurona, la niñera. la supuesta financiación extranjera irregular, el informe PISA, y la causa contra Vicky Rossell, entre otros–.
La espiral de deshumanización y deslegitimación del adversario político puede llevar incluso al intento de asesinato que sufrió Cristina Kirchner, por ejemplo, o al asalto del Capitolio en 2020, o de los tres poderes en Brasilia, en 2023.
Sánchez se ha apartado unos días para reflexionar sobre su futuro. El detonante es la apertura de diligencias de un juez de Madrid contra la esposa de Sánchez por una denuncia fundamentada en recortes de prensa con noticias falsas. Independientemente de que el acoso personal contra Sánchez y su esposa venga de lejos, lo cierto es que se plantea dejar el cargo a raíz de una causa judicial con las patas muy cortas.
Y por una causa judicial con las patas muy cortas, Portugal pasó de un gobierno socialista a un gobierno conservador, en un parlamento con récord de diputados de la extrema derecha y los partidos de izquierdas en mínimos –PS, Bloco y PCP–.
Pero, ¿qué pasó con el caso judicial que hizo caer al Gobierno socialista de Portugal?
La llamada operación Influencer causó un terremoto político en Portugal. Y cinco meses después de que el caso saliera a la luz, no hay ningún detenido entre los acusados, a los que solo se les aplica la medida menos grave de un plazo de identidad y residencia, ya que el Tribunal de Apelación de Lisboa ha considerado que no hay pruebas que apoyen la idea de que hubo “cualquier tipo de delito”.
¿Qué decidieron los jueces?
El Tribunal de Apelación dictó sentencia hace diez días en el marco del recurso presentado por dos acusados y por la Fiscalía contra las medidas cautelares aplicadas en esta operación judicial. Tras un largo periodo de interrogatorios en noviembre, el juez instructor dictaminó que no había pruebas suficientes para mantener en prisión preventiva a ninguno de los acusados. La Fiscalía impugnó la decisión y presentó un recurso, pero finalmente fue derrotada una vez más por ser incapaz de aportar pruebas suficientes para demostrar que había delito en los hechos supuestamente cometidos.
¿Cómo justifican los jueces la decisión?
En uno extenso escrito de más de 300 páginas, los magistrados consideran que la Fiscalía hizo “juicios especulativos” y que no había “ningún indicio” de favoritismo indebido hacia el proyecto de construcción de un centro de datos en la ciudad portuaria de Sines, siendo estas acusaciones “vagas” y “genéricas”. Se critica a la Fiscalía por crear una idea basada en escuchas telefónicas que “no muestran nada”.
Los jueces también se preguntan por qué la Fiscalía, para apoyar su tesis, decidió adjuntar al expediente más de 1.000 páginas de artículos de periódicos y revistas sobre el caso, algo que “no sirve de nada”, ya que “no constituyen prueba de los hechos que se pretenden demostrar”.
¿Qué estaba en cuestión?
El 7 de noviembre, Portugal se despertó con una serie de registros en oficinas, ministerios y la residencia oficial del primer ministro. La Fiscalía creía que el Gobierno había favorecido a la empresa Startcampus, que quería construir un centro de datos en Sines, en el suroeste del país. En la mañana de los registros, un comunicado de la Fiscalía enviado a los periodistas detallaba que “también se ha descubierto que los sospechosos han invocado el nombre y la autoridad del primer ministro para desbloquear procedimientos”, en un intento de indicar que António Costa estaba implicado en la supuesta trama de favoritismo. Costa no llegó a ser imputado, pero dimitió ese mismo día.
¿Deja esta decisión a António Costa libre de culpa?
António Costa no era uno de los acusados ni el objetivo directo del juicio, y el tribunal demuestra que no hay pruebas de la implicación del ex primer ministro en este proceso.
¿Cuál es el futuro de António Costa?
El Presidente de la República, Marcelo Rebelo de Sousa, ha afirmado recientemente que “la existencia de un portugués como presidente del Consejo Europeo está más cerca”, en clara referencia a las ambiciones europeas de António Costa.
Lo único que se sabe a ciencia cierta es que Costa volverá, de momento, a su papel de comentarista en el nuevo canal de televisión News Now.