El acuerdo comercial de la UE con Mercosur (Argentina, Brasil, Uruguay y Paraguay) se resiste desde el siglo pasado. Fue en 1999 cuando la Comisión Europea recibió el mandato de iniciar unas negociaciones que se prolongaron 20 años hasta que en junio de 2019 se alcanzó un principio de acuerdo que fue aplaudido, entre otros, por España.
Sin embargo, la letra pequeña –y la rúbrica de un acuerdo de esas características con el entonces presidente ultraderechista de Brasil Jair Bolsonaro– se toparon con resistencias, fundamentalmente, en el Parlamento Europeo y en países como Alemania, Francia, Austria, Holanda o Irlanda, entre otros. La deforestación de la Amazonia y la emergencia climática fueron las principales excusas en aquel momento, además del reconocimiento más o menos explícito de la preocupación por el sector agrario europeo.
Con la UE dividida, el acuerdo sufrió un frenazo. Comenzaron entonces otras conversaciones –sepultadas en la opacidad que suele caracterizar a las negociaciones en las que están en juego ingentes cantidades de dinero– para agregar al acuerdo un instrumento conjunto en el que se recogieran algunas de las preocupaciones relativas al cuidado del medioambiente o los derechos de los trabajadores, especialmente el combate contra la explotación de menores.
El borrador de ese documento se ha filtrado en los últimos días a través de un grupo de ONG y, a pesar de que contempla declaraciones de intenciones poco ambiciosas o incluso inviables, no ha logrado desencallar el asunto, que será uno de los que sobrevuele la cumbre de la UE y los Estados latinoamericanos y caribeños (CELAC) que se celebrará en Bruselas a mediados de julio, en el arranque de la presidencia española.
“De acuerdo con las decisiones del secretariado de Cambio Climático de la ONU, el papel de los bosques en las emisiones del cambio climático y el almacenamiento de carbono se reflejarán en sus Contribuciones Nacionales Determinadas bajo el Acuerdo de París y en los informes de las mismas, incluidas las acciones para reducir la deforestación y aumentar la repoblación”, señala el instrumento conjunto.
Un camino difícil
Sin embargo, el cumplimiento de ese camino es complicado, por no decir inviable. “El último informe del IPCC [panel intergubernamental de expertos sobre cambio climático] afirma muy claramente que con las políticas existentes a finales de 2020 vamos camino de alcanzar un calentamiento global medio de 3,2 grados en 2100 y en lugar de reducir a la mitad las emisiones globales para 2030, que es lo que se necesita para respetar el límite de calentamiento del Acuerdo de París, no habría reducción de emisiones antes de 2030”, contrapone Tom Kucharz, miembro de Ecologistas en Acción y de la Coalición Stop UE-Mercosur. .
En la misma línea, el documento reitera la “urgencia” de alcanzar la meta 15.2 de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, que establecía: “Para 2020, promover la gestión sostenible de todos los tipos de bosques, poner fin a la deforestación, recuperar los bosques degradados e incrementar la forestación y la reforestación a nivel mundial”. Ese ya es de por sí un reto inalcanzable. “En realidad, ni la UE ni el Mercosur lo lograron para 2020”, recuerda Kucharz.
Además, el instrumento recoge el compromiso de ambas partes para revertir y detener la destrucción de los bosques y la degradación de la tierra para 2030 estableciendo un objetivo intermedio de reducir la deforestación al menos un 50% desde los niveles actuales hasta 2025. En el hipotético caso de que se aprobara el acuerdo de manera inminente, el plazo para cumplir esa promesa sería de apenas año y medio. “Las importaciones de la UE procedentes del Mercosur de productos como la soja, el maíz, la caña de azúcar y los minerales que contribuyen a la deforestación están aumentando y el acuerdo incrementará aún más estas exportaciones”, explican en Ecologistas en Acción.
A pesar del cambio de paradigma que se ha producido a nivel global, con la victoria de Lula da Silva en Brasil o la actual batalla comercial que está obligando a la UE a fijarse en nuevos mercados como parte del desarrollo de su autonomía estratégica, el acuerdo comercial con Mercosur sigue topándose con escollos que lo dejan en el limbo.
A pesar de los avances del instrumento conjunto, los países de Mercosur han alzado la voz contra las exigencias que llegaron de la UE. En una declaración conjunta, los presidentes de Brasil y Argentina expresan la “preocupación por las recientes medidas unilaterales proteccionistas europeas, amparadas bajo supuestas preocupaciones ambientales, que pueden afectar el equilibrio del acuerdo”. “También señalaron la necesidad de seguir contando con un diálogo fructífero y con instrumentos de cooperación económica efectiva para evitar que las iniciativas en curso de la UE, en particular en el marco del Pacto Verde y los nuevos compromisos sobre sostenibilidad ambiental, afecten negativamente los equilibrios necesarios para incrementar el bienestar económico y social de ambos bloques”, señala el texto rubricado por Lula da Silva y Alberto Fernández.
Argentina ha aprovechado la debilidad europea con motivo de la guerra para intentar sacar algunas concesiones en materias como los transgénicos o el biodiésel. En cuanto a los plazos, quiere negociar una apertura más progresiva para suavizar el impacto en aquellas empresas que tienen mayores dificultades para competir y también quiere aumentar algunas inversiones. En definitiva, Fernández aspira a revisar el acuerdo negociado entre los dos bloques tras las modificaciones impuestas bajo la premisa del Pacto Verde Europeo que implican un perjuicio para el bloque sudamericano.
“Argentina plantea preocupaciones sobre decisiones que están en marcha en Europa”, reconoció el alto representante, Josep Borrell, en declaraciones a eldiarioAR durante la cumbre Iberoamericana celebrada la semana pasada en Santo Domingo. “Quedan muchos pasos que dar”, dijo el político catalán.
Y es que no solo en ese lado del Atlántico existen dudas. Países como Austria o Francia han reiterado su firme oposición al tratado comercial en los términos actuales. La principal exigencia es que se incluyan unas “cláusulas espejo” que no figuran ni en el preacuerdo de 2019 ni en el instrumento conjunto. “Un acuerdo con los países del continente latinoamericano no es posible si no respetan, como nosotros, los Acuerdos de París, y si no tienen las mismas restricciones ambientales y sanitarias que nosotros le imponemos a nuestros productores”, zanjó Emmanuel Macron.
El temor de las organizaciones ecologistas es que el acuerdo acabe aprobado, aunque sea por mayoría cualificada, y que se desgaje para que sólo entre en vigor la parte comercial, que es sobre la que la UE tiene competencias y que quede para la ratificación posterior de los Estados miembros el resto de patas relacionadas con temas como la cooperación, como sucedió con el tratado sellado con Centroamérica, que funciona desde hace una década.
A pesar de los escollos, en Bruselas confían en que se pueda dar luz verde al acuerdo en el último semestre del año y, entre tanto, las visitas al continente se han multiplicado desde una UE que busca desesperadamente reforzar su competitividad.