La ONU ha afirmado este miércoles que, tras una larga investigación independiente, ha concluido que China pudo cometer crímenes contra la humanidad contra los uigures y otras minorías étnicas musulmanas, al aplicar políticas que han implicado su detención arbitraria masiva y otros graves abusos en su contra.
En una histórica toma de posición frente a China, que fue difundida minutos antes de la medianoche (hora local) en que acababa el mandato de la alta comisionada de la ONU para los derechos humanos, Michelle Bachelet, su organismo ha confirmado que la legislación antiterrorista provocó la “privación de la libertad a gran escala” de esas minorías, al menos entre 2017 y 2019.
Desde entonces el patrón parece haber variado y los centros de internamiento -denominados por el gobierno “centros de educación vocacional”- se han reducido en tamaño y número, pero las detenciones siguen ocurriendo mediante procesos penales que dan lugar al encarcelamiento sobre todo de uigures.
Para ello, el Gobierno chino sigue utilizando el mismo argumento: la lucha contra el terrorismo y el extremismo, con el que desde hace décadas la política oficial identifica a las minorías musulmanas asentadas en Xinjiang, una de las cinco regiones autónomas de China, de gran extensión territorial y que es su acceso a Asia central.
Los tipos de abusos
La Alta Comisaría para los Derechos Humanos sostiene que considera creíbles las denuncias de que en los centros de internamiento se practicaban torturas, que en algunos casos incluían tratamientos médicos forzados, aunque reconoce que no puede sacar conclusiones definitivas sobre la amplitud de estos abusos.
La actitud del Gobierno central hacia los uigures se ha fundamentado en su percepción de que son una amenaza, lo que ha llevado a que se les restrinjan sus libertades y derechos. Entre ellos el derecho a la libertad de religión, de expresión, de movimiento y a la privacidad.
Incluso “hay graves indicios de violaciones de los derechos reproductivos a través de la aplicación forzada de programas de planificación familiar y de control de nacimientos”.
Las políticas de Pekín contra ésta y otras minorías -como los kazajos- también incluye la separación de familias y la interrupción de los contactos con otras personas.
Testimonios directos
Pese a las dificultades y a que China no autorizó a los expertos de derechos humanos de la ONU visitar la región para recabar información directamente, la Oficina de Bachelet pudo entrevistar a personas que estuvieron detenidas en los centros de internamiento y que explican que su calvario empezó con una detención inicial en una comisaria.
Allí muchos contaron haber sido interrogados antes de ser enviados a los centros de internamiento, sin haber tenido acceso a una defensa legal o modo de oponerse a su traslado.
“Ninguno de los entrevistados dijo que pudo salir de las instalaciones o visitar su hogar”, con tiempos de confinamiento que variaban de dos hasta 18 meses. En ningún caso se les informó cuanto tiempo permanecerían en esos lugares, que eran vigilados por personal armado.
Todos fueron advertidos que una vez fuera debían hablar bien del centro y abstenerse de dar información sobre su naturaleza real.
Esta situación fue posible gracias a que la legislación antiterrorista china es vaga y sus conceptos muy amplios, lo que permite a los funcionarios interpretarla a su discreción, según el informe.
Cálculo de la población afectada
En esta investigación, la ONU no ofrece cifras concretas del número de personas que llegaron a estar en estos campos, donde en los últimos años se ha afirmado que un millón de personas llegaron a estar internadas.
No obstante el análisis de distintas fuentes de información -incluyendo de tipo oficial- le permite calcular que entre el 1 % y el 20% de la población adulta perteneciente a una minoría étnica residente en varias comarcas y pueblos de Xinjiang pudo estar detenida entre 2017 y 2018.
Las razones para correr tal suerte eran tan amplias como absurdas: tener demasiados hijos, haber nacido en ciertos años, haber estado en la cárcel, usar velo o tener barba, haber pedido un pasaporte y no haber salido del país, haber viajado al extranjero o haberse descargado la aplicación de mensajería WhatsApp.
Xinjiang ha sido durante décadas una región china de clara mayoría musulmana aunque el equilibro demográfico se ha modificado en los últimos tiempos con incentivos dados a chinos de la etnia han (mayoritaria) para que se trasladen a vivir allí.
Según un informe de 2021 de la organización de derechos humanos Human Rights Watch, el 21% de arrestos registrados en toda China ocurrían en Xinjiang, a pesar de tener menos del 2% de la población nacional.
Como corolario, la Oficina de Bachelet pide que se libere a todos los detenidos arbitrariamente en Xinjiang, que se esclarezca el paradero de aquellos que son buscados por sus familias, que se revise la legislación contra el terrorismo en su integridad y que se investiguen los casos de destrucción de mezquitas y cementerios musulmanes.
“Provocaron que la tarea fuera más difícil
Después de más de un año trabajando en el informe, la Oficina de Bachelet retrasó su publicación hasta este miércoles tras la invitación que China hizo a la alta comisionada para que visite el país, el pasado mayo, lo que resultó en una misión restringida justificada por las restricciones de la pandemia.
La exalta comisionada ha lamentado este jueves que las presiones de determinados Estados miembros de Naciones Unidas dificultaran la elaboración del informe crítico sobre China. “Dije que publicaría el informe antes de que acabara mi mandato, y lo he hecho”, ha dicho en un comunicado la también expresidenta chilena, quien ha afirmado que “para ser honestos, la politización de estas graves cuestiones de derechos humanos por determinados Estados no ayudó”.
“Provocaron que la tarea fuera más difícil”, ha dicho Bachelet, quien también ha señalado que esas presiones afectaron a la posibilidad de que el informe pueda tener un impacto real.
Bachelet no ha querido citar qué gobiernos concretos han presionado, aunque la semana pasada, en su última rueda de prensa al frente de la Oficina de la ONU para los Derechos Humanos, reconoció que algunos Estados miembros de Naciones Unidas le habían pedido que el informe no viera la luz.
Tras la publicación del documento, Bachelet ha llamado a la comunidad internacional a “no instrumentalizar cuestiones reales y graves de derechos humanos con fines políticos”.
Frente a ello, debe primar el diálogo, “pero este no debe significar mirar hacia otro lado”, ha dicho Bachelet, quien fue muy criticada en meses recientes por organizaciones de derechos humanos tras un viaje de trabajo a China en el que la acusaron de ser condescendiente hacia los abusos de Pekín.