Al menos 77 exguerrilleros de las FARC fueron asesinados en Colombia este año, con lo cual se eleva a 173 el total desde que se firmó la paz con el Gobierno, en noviembre de 2016, según un informe del secretario general de la ONU sobre los avances de la Misión de Verificación divulgado este martes.
“El número total de asesinatos desde la firma del Acuerdo Final de Paz llega ahora a 173, además de 14 desapariciones y 29 intentos de homicidio”, señala el documento publicado en Bogotá y que será presentado ante el Consejo de Seguridad de la ONU en Nueva York el 13 de enero de 2020.
En el informe, el secretario general de la ONU, António Guterres, reitera su llamado “para que se adopten medidas más efectivas para proteger la vida de los y las excombatientes, teniendo en cuenta especialmente que el 2019 ha sido el año más violento para los exmiembros de las FARC-EP”.
El documento, que hace un balance de los avances en la implementación del acuerdo de paz referidos a la reincorporación económica, social y política de los miembros de las FARC en el último trimestre del año, dedica buena parte a la situación de seguridad de los exguerrilleros.
Durante el período analizado, que cubre del 27 de septiembre al 26 de diciembre de 2019, “la Misión verificó 20 homicidios de exmiembros de las FARC-EP, sumando 77 asesinatos en 2019, 65 en 2018 y 31 en 2017”.
Entre esos crímenes destaca “como particularmente preocupante” el de Alexander Parra Uribe, conocido con el alias de “Rodolfo Fierro”, quien fue asesinado el pasado 24 de octubre en el antiguo Espacio Territorial de Capacitación y Reincorporación (ETCR) de Mesetas, en el departamento del Meta (centro).
Parra Uribe era “un respetado líder” en ese territorio y el suyo fue “el primer asesinato ocurrido dentro del perímetro de protección en un antiguo ETCR”, recuerda la ONU.
“A pesar de las mejoras a nivel general en la seguridad posterior a la firma del acuerdo de paz, los numerosos casos que se siguen presentando en algunas regiones confirman el desafío aún pendiente de estabilizar territorios”, añade el documento.
Esa tarea es especialmente necesaria “en áreas donde la presencia limitada del Estado ha dejado vacíos institucionales y donde la falta de oportunidades económicas los ha dejado vulnerables (a los exguerrilleros) a las economías lícitas”.
El informe señala también que desde la firma de la paz, la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos “ha verificado 303 asesinatos de defensores de derechos humanos y líderes sociales, 86 de los cuales ocurrieron en 2019 (incluidas 12 mujeres)”.
“El secretario general de la ONU hace énfasis en que la seguridad de los líderes sociales y de los defensores de derechos humanos, así como de los excombatientes, está intrínsicamente vinculada a la seguridad de sus comunidades”, añade el texto.