La justicia chilena ordenó hoy un decomiso por más de 1,6 millones de dólares de los bienes de propiedad del dictador Augusto Pinochet, y condenó a tres militares en retiro por su responsabilidad en el delito de malversación de caudales públicos en el denominado 'caso Riggs'.
Según fuentes judiciales, la Corte Suprema sentenció a los militares retirados Gabriel Vergara Cifuentes, Juan Ricardo Mac-Lean Vergara y Eugenio Castillo Cadiz a penas de cuatro años de presidio con el beneficio de libertad vigilada, por su responsabilidad en los delitos económicos. Mac-Lean y Castillo deberán pagar también una multa de poco más de 525 mil pesos chileno (unos 790 dólares).
El Poder Judicial detalló en su página electrónica, que se trata de un fallo dividido, que acogió un recurso de casación deducido en contra de la sentencia que había absuelto a los condenados y revocado el comiso de primera instancia decretado por el ministro (juez especial) Manuel Antonio Valderrama.
Cabe señalar que la viuda de Pinochet, Lucía Hiriart había hecho también la solicitud para que se anulara el decomiso de los bienes.
17,86 millones sin justificación contable
En 2010 un estudio de la Universidad de Chile determinó que Pinochet acumuló una riqueza superior a 21,32 millones de dólares, de los que 17,86 millones no tenían una justificación contable.
La investigación judicial se abrió en 2004, primero a cargo del juez Sergio Muñoz, después de que una subcomisión del Senado de Estados Unidos revelara la existencia de las cuentas secretas en el Riggs Bank de Estados Unidos y otras entidades financieras.
El descubrimiento se hizo en medio de las indagaciones abiertas a raíz de los atentados de 2001 en las Torres Gemelas y el Pentágono.
Al morir, en diciembre de 2006, Pinochet estaba procesado en el “caso Riggs” por fraude al fisco y falsificación de pasaportes y desaforado (paso previo al procesamiento) por malversación de fondos públicos.
En octubre de 2007, el juez Carlos Cerda, el segundo a cargo del caso, procesó a 23 familiares y colaboradores del fallecido dictador por malversación de caudales públicos, pero un mes después la Corte Suprema revocó 15 de los procesamientos.
Esa medida benefició, entre otros, a la viuda de Pinochet, Lucía Hiriart; a sus cinco hijos; a su antiguo albacea, Óscar Aitken, y al contable José Sobarzo. En octubre de 2008, el pleno de la Corte Suprema de Chile decidió reemplazar a Carlos Cerda por el juez Manuel Valderrama.
En 2013, el juez Valderrama decidió cerrar una parte de la investigación que buscaba determinar si el tráfico de armas fue uno de los métodos con que Pinochet incrementó su fortuna a 21 millones de dólares.
Con ello, quedaron absueltos el exdirector de la Fábrica de Armamentos del Ejército (Famae) Luis Iracabal, y el ingeniero y brigadier retirado Gustavo Latorre, ambos procesados por supuestos pagos de comisiones ilegales a civiles y militares en el marco de la compra de 202 tanques Leopard I que Chile hizo a Holanda en 1998.
Pero quedaron a firme los procesamientos por malversación de los generales retirados Ramón Castro, Jorge Ballerino y Sergio Moreno Saravia, y los de los coroneles en igual situación Eugenio Castillo Cádiz, Gabriel Vergara y Juan McLean, que en junio pasado habían sido absueltos.
Los dos primeros fueron quienes presuntamente abrieron la primera cuenta de Pinochet en el Riggs, mientras que Moreno Saravia fue procesado por haber supuestamente traspasado 23.721 dólares correspondientes a gastos reservados entre dos cuentas.
Con el fallo de hoy, y después de 14 años de que estallara el escándalo de las cuentas del banco Riggs, el alto tribunal cerró definitivamente el caso.