La pandemia provocada por la COVID-19 ha vuelto a poner de actualidad los debates sobre la regulación y el consumo de tabaco. En primer lugar, porque una de las principales manifestaciones del virus en las personas afectadas es de tipo respiratorio. En segundo lugar, porque se ha debatido sobre si el humo del tabaco que expulsan los fumadores puede facilitar la transmisión del virus.
En España, el Ministerio de Sanidad y las comunidades autónomas aprobaron hace unas semanas la prohibición de fumar en la calle si no hay posibilidad de mantener distancia de seguridad entre personas, con el objetivo de controlar el virus. En la Comunidad de Madrid, un juez anuló la medida porque hacía referencia a una orden que no se había publicado en el BOE.
Para la Organización Mundial de la Salud (OMS) el tabaquismo es una epidemia global que “está lejos de terminar”, según recoge en su Informe sobre la Epidemia Global de Tabaco de 2019, centrado en las medidas desarrolladas por los diferentes países para ofrecer ayuda para dejar el tabaco. El tabaquismo mata a más de 8 millones de personas al año: 7 millones son consumidores directos y alrededor de 1,2 millones son no fumadores expuestos al humo ajeno.
La situación sanitaria actual ha hecho a las administraciones replantearse los espacios libres de humo, también fuera de las fronteras españolas. En Japón está prohibido fumar en la calle, excepto en las zonas habilitadas para ello, que han sido cerradas en muchas ciudades, como Tokio, para evitar más contagios por COVID-19.
Hace tres años el país pensó en aprobar una nueva ley de tabaco, con la vista puesta en la reducción del tabaquismo en Tokio con motivo de los Juegos Olímpicos 2020, que han tenido que ser aplazados. Incluso una empresa japonesa decidió dar días de vacaciones a sus trabajadores no fumadores como incentivo para reducir el consumo de tabaco y aumentar la productividad. Con la situación actual, la fecha para poner en marcha la nueva ley, que ampliaba las restricciones del tabaco y que fue aprobada en 2018, ha tenido que ser aplazada.
También para evitar más contagios por coronavirus, Sudáfrica ha prohibido la venta de cigarrillos y productos de tabaco. La medida, que entró en vigor en junio, tiene como objetivo proteger la salud de los ciudadanos, reducir la tensión en el sistema sanitario y ayudar a que muchos fumadores dejen de fumar.
Entre los motivos de la prohibición se encuentra el hecho de que en las comunidades pobres hay “mayor posibilidad” de que las personas compartan cigarrillos o pipas, según la ministra de gobierno cooperativo y asuntos tradicionales, Nkosazana Dlamini-Zuma. Sudáfrica es el país con más casos de COVID-19 del continente: casi 615.800 y más de 13.500 muertes.
El caso de Bután llama la atención. El país asiático situado entre India y China prohibió la venta de tabaco a finales de 2004. Desde entonces, los fumadores han conseguido tabaco principalmente a través del contrabando. Sin embargo, las restricciones de movilidad provocadas por la pandemia y el miedo a un aumento de casos al intentar conseguir tabaco han hecho que el Gobierno permitiera, de manera controlada, la apertura de puntos de venta de tabaco en el país.
“Se trata de un acuerdo para que los consumidores de tabaco disfruten de su derecho y una solución al creciente problema de incumplimiento de los protocolos fronterizos. Reconociendo que el aumento de los incidentes de cruce de fronteras y el contacto con personas al otro lado de la frontera podrían socavar nuestras medidas preventivas, se permitió la venta controlada”, informa Kuenselonline.com, el periódico nacional de Bután.
Porcentaje de impuestos del tabaco en el mundo
La OMS analiza en su informe de 2019 seis aspectos diferentes en cada país, que se resumen en el concepto ‘MPOWER’, por sus siglas en inglés: control del consumo y políticas de prevención, protección de las personas frente al humo, ayuda para dejar de fumar, advertencias sobre los peligros, prohibiciones de publicidad, promoción y patrocinio y aumento de impuestos del tabaco.
En líneas generales, destaca Brasil, que junto con Turquía ya ha puesto en marcha y en un nivel elevado todas las medidas antitabaco. Los esfuerzos para disminuir el consumo del tabaco en el país de América del Sur comenzaron en 1981, cuando el Ministerio de Salud creó la Comisión sobre el Estudio de las Consecuencias del Tabaco. Desde entonces, se han desarrollado un gran número de estrategias, incluidas incluso en la Constitución de 1988.
“La publicidad comercial de tabaco (...) estará sujeta a restricciones legales y contendrá, siempre que fuese necesario, advertencia sobre los perjuicios derivados de su uso”, indica el cuarto punto del artículo 220 de la Constitución. En 2002 ya ofrecía ayuda para abandonar el tabaquismo. En la actualidad, un 83% del precio final de un paquete de tabaco son impuestos, siendo una de las tasas más altas del mundo.
En España, un 78,2% del precio son impuestos. En el mismo porcentaje se sitúan países vecinos en Europa y otros como Australia, Tailandia o Colombia, que destaca por haber triplicado el porcentaje de las tasas del tabaco en dos años, de 2016 a 2018. Nueva Zelanda, Chile, Turquía y Grecia tienen un porcentaje de impuestos superior al 80%.
En Colombia, para contrarrestar el argumento de la industria tabacalera de que el aumento de impuestos crearía un aumento del comercio ilegal del tabaco, la sociedad civil se organizó para elaborar el que fue el primer estudio sobre el comercio ilegal de tabaco en el país y concluyó que solo un 3,5% de las ventas en las cinco ciudades estudiadas eran ilícitas.
Leyes antitabaco
La OMS recoge en su informe que cada vez se amplían más las legislaciones sobre ambientes libres de humo. En la actualidad, este tipo de leyes afectan a más de 1.600 millones de personas en 62 países, lo que significa que aproximadamente el 22% de la población mundial está bajo este tipo de normativas. Sin embargo, la entidad denuncia que dos de cada tres países continúan dejando a sus poblaciones vulnerables, entre las que incluye niños, ancianos y embarazadas, frente a los peligros del humo ajeno, ya que sus leyes al respecto son “débiles”.
Gambia aprobó en 2015 una ley que ampliaba los espacios libres de humo. Si bien la legislación anterior prohibía fumar en los interiores de espacios públicos, permitía un espacio exclusivo para fumadores en casi todos los lugares. En 2018 se estableció un comité nacional de control del tabaco para facilitar la implementación de la nueva normativa. También la ciudad china Xian, uno de los destinos turísticos más populares del país, puso en 2018 un reglamento para prohibir fumar en el interior de todos lugares de trabajo, transporte y espacios públicos.
Para la organización, aunque las leyes antitabaco son “muy eficaces”, también deben ser integrales. La entidad considera “un error” pensar que los espacios o habitaciones destinados a los fumadores protegen a los no fumadores del conocido como humo de segunda mano. Es decir, el humo exhalado que convierte a las personas no fumadoras en fumadores pasivos.
De los 505 millones de personas (6,6% del población mundial) que viven en las 100 ciudades más grandes del mundo, solo 284 millones (en 47 ciudades) están protegidas por leyes integrales de ambientes libres de humo.
Australia también tiene delimitados los espacios en los que se puede fumar en la calle, donde hay zonas habilitadas para ello. Además, en 2012 se convirtió en el primer Estado Miembro de la OMS que estableció en su legislación el empaquetado neutro de los productos de tabaco, en el que se reducen del paquete logotipos, colores e imágenes promocionales. Desde entonces, Francia, Irlanda y el Reino Unido han aprobado leyes para implantar ese empaquetado.
También Australia prohibió a finales del año fumar en una de sus principales zonas comerciales. Las personas que fumen dentro de las zonas delimitadas pueden ser penalizadas con una multa de unos 100 dólares australianos (aproximadamente 61,50 euros), aunque la medida no se aplica a los cigarrillos electrónicos. Quienes tiren colillas al suelo también se enfrentan a multas de entre 330 y 660 dólares.
Sin embargo, la OMS ya se ha posicionado en numerosas ocasiones en contra de los productos calentados, como los cigarrillos electrónicos. De hecho, publicó a finales de julio de este año un comunicado recordando a los Estados Miembros que los productos de tabaco calentado siguen siendo tabaco, lo que significa que se debe aplicar el Convenio Marco para el Control del Tabaco y prohibir “toda forma de publicidad, promoción y patrocinio que promueva un producto de tabaco por cualquier medio que sea falso, equívoco o engañoso en alguna otra forma o que pueda crear una impresión errónea con respecto a sus características, efectos para la salud, riesgos o emisiones”.