Qué ha pasado en Finlandia con la entrada de la extrema derecha en el Gobierno

Finlandia da un claro giro hacia la derecha con el anuncio de la formación y el programa del nuevo gobierno para los próximos cuatro años marcado por recortes presupuestarios, barreras para migrantes y menos medidas para mitigar los efectos del cambio climático.

El líder del partido conservador de Coalición Nacional, Petteri Orpo, será el próximo primer ministro en un ejecutivo que prevé recortes de 4.200 millones de euros en los servicios públicos.

El acuerdo se ha cerrado con la formación de ultraderecha, Partido de los Finlandeses, que obtiene más poder que nunca al ocupar siete de los 19 ministerios, entre ellos Finanzas, Interior y Justicia, uno más que los conservadores de la Coalición Nacional, que ganaron las elecciones y ocuparán ocho ministerios. El nuevo Gobierno estará también compuesto por dos grupos más pequeños, el Partido Democratacristiano y el Partido Popular Sueco, una formación liberal de centro que representa a la minoría sueca en el país y que también fue parte de la coalición de gobierno en la pasada legislatura.

El acuerdo ha costado dos meses de conversaciones tras las elecciones generales de abril. Las divergencias y el choque de opiniones entre el Partido de los Finlandeses y el Partido Popular Sueco en temas como la inmigración y las políticas climáticas hicieron peligrar seriamente las negociaciones.

Al final, más allá del plan de austeridad ya anunciado, el acuerdo de gobierno también prevé poner más trabas a la llegada de inmigrantes, reducir las cuotas de refugiados en el país y limitar las políticas para reducir las emisiones de CO2. El Gobierno que sucede al de centro-izquierda liderado por la socialdemócrata Sanna Marin es “el más derechista de la historia en el país”, según el Helsingin Sanomat, el periódico con más tirada en Finlandia.

No es la primera vez

Esta no será la primera vez que el Partido de los Finlandeses, una formación populista con un discurso xenófobo y euroescéptico, forme parte del ejecutivo. Ya lo hizo en 2015 en el Gobierno liderado por Juha Sipilä, del Partido de Centro, y en el que el conservador Orpo fue ministro del Interior y de Finanzas. Pero la formación de ultraderecha no terminó la legislatura tras un cambio en la dirección del partido en 2017. Este partido eligió entonces como presidente a Jussi Halla-aho, representante del ala más radical, lo que provocó la expulsión del grupo de la coalición.

Hoy el Partido de los Finlandeses se considera una formación más radicalizada que entonces, ya que varios de sus diputados han sido condenados por delitos relacionados con los discursos de odio y el racismo, mientras que los miembros de las juventudes del partido no esconden sus simpatías por Donald Trump. En las últimas elecciones, bajo el liderazgo de Riika Purra, que será la ministra de Finanzas, el partido ha conseguido ser la segunda fuerza en el Parlamento y ha colocado su agenda de intereses en el programa oficial.

Orpo también tendrá que lidiar con el ala más euroescéptica de su partido, a pesar de que de momento la reticencia hacia la Unión Europea de algunos miembros de su bancada no se ha visto reflejada en el programa. Entre las filas del Partido Democratacristiano, una de las líderes más destacadas es la diputada Paivi Rasanen, quien se hizo famosa entre los grupos de la derecha cristiana estadounidense cuando apareció enseñando una biblia delante de un tribunal que la procesaba por unas declaraciones homófobas, una causa por la que finalmente quedó absuelta.

De vuelta a la austeridad

El nuevo Gobierno se ha marcado el objetivo de reducir la deuda pública de Finlandia, que equivale ahora a un 71% del PIB y ha aumentado ocho puntos en los últimos cuatro años. Esto lo pretende hacer reduciendo en 4.200 millones de euros el gasto público, entre ellos 1.500 millones de los servicios de la seguridad social. Orpo justificó los recortes alegando que el país ha gastado más allá de sus posibilidades y que solo de esta forma se puede salvar el estado del bienestar.

A pesar de que las encuestas muestran que la mayoría de los finlandeses apoyan este giro hacia el ahorro y la disciplina financiera, analistas en el Helsinguin Sanomat alertan de que estas medidas pueden pasar factura a la popularidad del nuevo Gobierno cuando los recortes empiecen a afectar directamente a los ciudadanos.

El nuevo ejecutivo también prevé una rebaja de los impuestos entre las rentas más bajas, las medianas y las de los pensionistas. Esta medida se financiará con el incremento del 10% al 14% del IVA en productos como libros, periódicos, eventos culturales y medicinas. El Partido de los Finlandeses también ha insistido en revertir los subsidios culturales actuales. Los cuatro miembros del nuevo Gobierno también han acordado rebajas en las ayudas al desempleo y la eliminación de la remuneración a los trabajadores durante el primer día de baja por enfermedad.

Menos refugiados

El Partido de los Finlandeses ha ejercido presión sobre todo en las políticas de inmigración. El nuevo Gobierno ha acordado reducir la cuota anual de refugiados distribuidos por Naciones Unidas hasta las 500 personas, además de otras medidas para desincentivar la llegada de nuevos inmigrantes. En la rueda de prensa para presentar el acuerdo, Purra dijo: “Finlandia ha sido el único país nórdico con una política de inmigración laxa hasta ahora. Pero esto va a cambiar. Estoy encantada de que, junto con nuestros socios, hayamos acordado un paquete de inmigración que, con razón, puede llamarse un cambio de paradigma en la política de inmigración”.

Entre las medidas anunciadas, se endurecerán los requisitos para obtener la ciudadanía y se eliminará el estatus de refugiado permanente para otorgar sólo permisos temporales de asilo renovables cada tres años. Además, también se ha acordado subir el salario mínimo con el que un inmigrante extracomunitario puede conseguir un permiso de trabajo: el sueldo deberá ser de al menos 1.600 euros al mes.

En este sentido, el nuevo Gobierno tiene previsto introducir un modelo de país de origen para favorecer los permisos de trabajo para personas procedentes de lugares como Brasil, India, Vietnam y Filipinas.

Algunas de estas medidas y la retórica de aplicar un nuevo paradigma en el sistema de inmigración representan un calco de las políticas aplicadas primero en Dinamarca y más recientemente en Suecia. La extrema derecha también ejerce un papel relevante en el apoyo al Gobierno, en el caso de Suecia, o lo ha ejercido anteriormente, en el de Dinamarca.