El pasaporte de inmunidad, un experimento descartado en todo el mundo que ya hizo rectificar al gobierno de Chile

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha presentado este martes un “proyecto experimental de cartilla COVID-19” para que quienes tengan anticuerpos tras hacerse una prueba eviten las medidas de confinamiento. La dirigente madrileña ha defendido que es el “comienzo de un lenguaje internacional” que debería extenderse también a otros países.

Sin embargo, la idea de entregar un documento que permita a las personas sortear restricciones por suponerse que están protegidas contra la reinfección está lejos de ser nueva. Otros Gobiernos ya coquetearon con ella durante los primeros meses de la pandemia, como el de Alemania o el de Reino Unido, sin llegar a materializarla de momento. También el de Chile, que dio un paso más y presentó un “carnet COVID-19”. Las autoridades chilenas tuvieron que paralizar su puesta en marcha semanas después del anuncio tras la lluvia de críticas recibidas, ya que este tipo de proyectos están plagados de problemas éticos, legales y científicos. 

La Organización Mundial de la Salud (OMS) ha dejado claro que actualmente no existen datos científicos que demuestren que las personas que hayan pasado la COVID-19 y presenten anticuerpos estén protegidas frente a una segunda infección, y que la evidencia no es suficiente para garantizar la exactitud este tipo de medidas. “Las personas que den por hecho que son inmunes por haber obtenido un resultado positivo en la prueba podrían hacer caso omiso de las recomendaciones de salud pública, por lo que el uso de estos certificados podría aumentar el riesgo de transmisión continuada”, ha alertado la agencia de Naciones Unidas. Los críticos también están preocupados por que los pasaportes puedan crear una sociedad de dos clases.

Debate en Alemania, Reino Unido o EEUU

La idea de los pasaportes de inmunidad comenzó a resonar durante el apogeo de la pandemia en Europa, a finales de marzo. En Alemania, el epidemiólogo Gerard Krause, encargado de un estudio a gran escala sobre anticuerpos auspiciado por el Gobierno sugirió la cuestión en la prensa. “Los que ya han desarrollado anticuerpos podrían tener una especie de certificado de vacunación que, por ejemplo, les exima de las restricciones sobre su actividad”, señaló el experto del Centro Helmholtz para el Estudio de Enfermedades Infecciosas.

Los socialdemócratas alemanes, socios del Gobierno de coalición, se posicionaron firmemente en contra y a principios de mayo, en pleno comienzo de la desescalada, el ministro de Sanidad pidió al Consejo de Ética, que asesora al Ejecutivo, que emitiera una opinión experta sobre cómo se podrían poner en marcha estos certificados. Jens Spahn dijo que el hecho de que algunas personas se vean afectadas por restricciones y otras no “toca los fundamentos de cómo funciona la sociedad en conjunto”, y señaló que aunque las que dan positivo en los test de anticuerpos pueden cuestionar por qué se restringen sus movimientos, otras podrían tratar de infectarse de manera equivocada, si estos documentos les otorgan mayores libertades. “Hasta que esto se aclare, hemos acordado no emprender ninguna regulación legal”, sostuvo. El debate ha cobrado de nuevo fuerza hace un mes, y los socialdemócratas han suavizado su posición: aunque piden evitar que se cree una sociedad “de dos clases”, se mostraron abiertos a unos futuros certificados si se apoyan en evidencia científica sobre la inmunidad a la COVID-19.

La propuesta también ha encontrado su eco en Reino Unido, donde el Secretario de Salud, Matt Hancock, ha insinuado el posible uso de un “certificado” para aquellos con anticuerpos para el coronavirus que permitiera que parte de la población vuelva a la vida “normal”. Sin embargo, parece que el Gobierno británico se ha alejado del término a medida que continúan surgiendo pruebas sobre cómo se desarrolla la inmunidad tras pasar la COVID-19, apunta The Guardian. También en abril, Anthony Fauci, director del Instituto Nacional de Alergias y Enfermedades Infecciosas de Estados Unidos, dijo que los certificados de inmunidad se estaban sopesando en el país y que “en realidad podrían justificarse bajo ciertas circunstancias”.

El sector privado ya ha empezado a desarrollar la idea. La app Sidehide, que permite hacer reservas hoteleras, está creando junto a la empresa de verificación Onfido un pasaporte de inmunidad de uso en hoteles. En Estonia se está probando un proyecto piloto en esta línea desarrollado por compañías tecnológicas con el objetivo de que la gente comparta sus datos de pruebas con un tercero, como un empleador, utilizando un código QR. Sin embargo, uno de sus impulsores reconoció el pasado mayo a Reuters que “todavía no conocemos muchos detalles y matices sobre la inmunidad”.

Marcha atrás en Chile sobre el 'carnet COVID-19'

La idea llegó a cobrar cierta forma en Chile, donde generó una fuerte polémica. El exministro de Sanidad, Jaime Mañalich, presentó en abril su plan para entregar un documento, denominado Carnet COVID-19, para identificar, dijo, “a las personas que con altísima probabilidad ya tuvieron la infección por coronavirus y son inmunes a adquirir una nueva enfermedad, a reinfectarse, y tampoco son capaces de transmitir esta enfermedad a otros”. Para defender la propuesta, el que era entonces titular de Salud llegó a asegurar que “la inmunidad que produce la infección por coronavirus dura mucho tiempo”, por lo menos “un año”. Según sus planes, quienes tuvieran este carnet iban a quedar liberados de todo tipo de cuarentena o restricción “porque no presentan un riesgo”.

El inicio de la medida se aplazó en varias ocasiones. A finales de abril, a pocos días de comenzar la primera entrega, Mañalich cambió el tono y explicó que su intención era dar el certificado, asimilable a un “carnet de alta” médica, a las personas que ya superaron la enfermedad –con prueba PCR positiva, con o sin síntomas, y una vez cumplida la cuarentena–, “sin pronunciarnos respecto a la inmunidad en este primera fase”. Sin embargo, el ministro, que dejó de serlo el pasado junio, volvió a insistir durante aquellos días en que este carnet significa que la persona “tiene una probabilidad alta, al menos por tres meses, de no contagiar la enfermedad”. Según indicó, se iba a distribuir de forma digital pero también presencial.

El debate en el país latinoamericano se intensificó con la nota de la OMS, publicada el 24 de abril, en la que recordaba que los datos científicos sobre la eficacia de la inmunidad mediada por anticuerpos no son suficientes para garantizar la exactitud de un “pasaporte de inmunidad” o “certificado de ausencia de riesgo” que habían sugerido algunos Gobiernos. Asimismo, recibió una tromba de críticas de expertos y autoridades, incluyendo a la expresidenta Michelle Bachelet, ahora Alta Comisionada para los Derechos Humanos de Naciones Unidas, que manifestó sus reservas sobre el proyecto.

Desde el ministerio de salud chileno trataron, sin éxito, de diferenciar su medida de los llamados pasaportes de inmunidad. Finalmente, el 11 de mayo, alrededor de un mes después del anuncio, el ministro reculó y suspendió la entrega. “Se nos ha hecho ver que podría desencadenarse un problema de discriminación bastante severo” en el sentido, reconoció, “de que podría ocurrir que una persona que se le entrega un Carnet COVID-19 tenga frente a otro que no lo tiene, determinados privilegios a la hora de, por ejemplo, ser contratado, recontratado en su trabajo, entrar a un recinto público”.