¿Deberían las personas vacunadas contra la COVID-19 tener menos restricciones para viajar o para poder entrar en determinados locales? ¿Es un pasaporte de vacunas una vía para volver a abrir la economía y el turismo? Algunos países, entre ellos Islandia, Suecia, Dinamarca e Israel, han anunciado planes para crear certificados que verifiquen que una persona ha sido inoculada con la intención de utilizarlos para la reapertura de las fronteras o las actividades económicas. En la Unión Europea, la propuesta de un documento armonizado ha cobrado fuerza, pero de momento no hay una posición común y se acotará a un certificado con “fines médicos”. Algunas empresas también tantean y trabajan en la idea.
Sin embargo, hay cuestiones científicas y éticas de fondo por las que muchos expertos y la Organización Mundial de la Salud (OMS) no están a favor en estos momentos. Según las voces críticas, el debate es prematuro, principalmente por las incertidumbres que aún existen sobre el papel de las vacunas en reducir la transmisión y por la baja proporción de personas que tienen en estos momentos acceso a las mismas. La UE va muy por detrás de Reino Unido o Estados Unidos en la campaña de inmunización, y la Comisión Europea ya está retrasando sus previsiones de cuándo estará vacunado el 70% de la población. Ursula von Der Leyen, la presidenta, apuntó este viernes a que el objetivo se puede conseguir en septiembre, apurando hasta el final del verano.
Mientras en muchas partes del mundo la vacunación ni siquiera ha empezado.
Uno de los primeros países en lanzarse a poner en marcha pasaportes para personas vacunadas ha sido Islandia. El país, que no es miembro de la UE pero forma parte del espacio Schengen de libre circulación, anunció a finales de enero que las autoridades sanitarias estaban ultimando una solución digital que permite a quienes hayan recibido la inmunización obtener de manera online un certificado que acredite que están completamente vacunadas. El objetivo, explicaron, es “facilitar el movimiento entre países, de modo que las personas puedan presentar un certificado de vacuna en la frontera y estar exentos de las medidas fronterizas contra la COVID-19 de acuerdo con las normas del país en cuestión”. Sin embargo, el valor real de los certificados islandeses dependerá del resto de países.
El anuncio de Islandia llegó en pleno debate en la UE a raíz de una propuesta de Grecia de crear un certificado europeo común con el objetivo de “facilitar la libertad de circulación de los ciudadanos que han sido vacunados”. Es decir, para reabrir la economía y los viajes. España vio con buenos ojos la propuesta.
Sin embargo, tras la falta de respaldo de varios Estados (entre ellos, Francia o Alemania), los países de la UE se han limitado a acordar una prueba estandarizada de vacunación “con fines médicos”. El certificado que diseña la Comisión Europea no es, de momento, como querrían los países más dependientes del turismo, una suerte de pasaporte que agilice la movilidad al liberar de cuarentenas y las PCR. Según Bruselas, se trata de un conjunto de datos mínimo y uniforme para cada persona vacunada. “Las directrices apuntan a un esquema que pueda adaptarse tanto a medios impresos como digitales”. Pero la puerta queda abierta para un futuro pasaporte europeo de vacunación. “Creemos que deberíamos poder acordar elementos comunes para incluir en los certificados con fines médicos. Y en una etapa posterior podremos ver en qué circunstancias se pueden utilizar estos certificados”, dijo Charles Michel, presidente del Consejo Europeo.
Desde entonces, Dinamarca y Suecia, países miembros de la UE, han hecho público que están trabajando en sus propios pasaportes de vacunación. El pasado 3 de febrero, el ministro de Hacienda en funciones danés, Morten Bødskov, anunció que el Gobierno de su país lanzará un “pasaporte corona digital” que se pueda utilizar, en tres o cuatro meses, con el objetivo de documentar la inmunización para viajes al extranjero, en concreto, para viajes de negocios. Explicó que se está desarrollando con representantes de los sectores empresarial y cultural y la idea es que se pueda llevar en el teléfono móvil. El objetivo es que “contribuya a una reapertura gradual, sólida y adecuada” del país. Sin embargo, el Ejecutivo decidirá más adelante si debe usarse para otros fines que no sean viajes como parte de la desescalada del país, ya que aún se desconoce si las personas vacunadas pueden propagar la infección. De momento, el Gobierno ha publicado pocos detalles de sus planes. Dinamarca es el país de la UE que más dosis ha puesto por cada 100.000 habitantes tras Malta.
Un día después que su vecino danés, el Gobierno sueco anunció que también había dado instrucciones a varias agencias estatales para que trabajen en la digitalización de un certificado de vacunación, de cara a que esté listo para el verano. El objetivo será demostrar que el titular ha sido vacunado y la ministra de Salud, Lena Hallengren, dijo que podría utilizarse como pasaporte de vacunación, “para viajar al extranjero de vacaciones o para encontrarse con un ser querido”. “Cuando Suecia y los países que nos rodean comiencen a abrir nuestras sociedades nuevamente es probable que se requieran certificados de vacunación para viajar y posiblemente para participar en otras actividades”, explicó el ministro de digitalización, Anders Ygeman. En un comunicado, el Gobierno sueco dice que algunos países “pueden exigir certificados de vacunación para entrar, o en otros contextos, como eventos culturales y deportivos”.
No solo hay países que trabajan para emitir certificados que permitan viajar, también hay algunas naciones europeas que han dicho que planean solicitarlos para autorizar la entrada sin restricciones. Chipre anunció en diciembre planes para que los vacunados no tengan que presentar una prueba negativa a su llegada a partir de marzo. Islandia, que exige actualmente a todos los viajeros que se sometan a test en la frontera, acepta certificados de vacunación como excepción de los mismos. Tienen que proceder del Espacio Económico Europeo con una vacuna autorizada por la Agencia Europea de Medicamento, pueden estar en papel o en formato electrónico, y deben incluir varios datos, entre ellos las fechas en las que recibieron las dosis. Eso sí, “la decisión final de si un certificado es válido queda a discreción del Epidemiólogo Jefe”, especifica la Dirección de Salud del país.
La idea de un documento que acredite la vacunación para reabrir la economía lleva tiempo sonando en Israel, el país con mayor proporción de personas que han recibido al menos una dosis. El Gobierno israelí planea lanzar una aplicación oficial que permitirá a los usuarios conectarse a sus archivos del Ministerio de Sanidad y mostrar si se han vacunado contra la COVID-19 para poder entrar en locales de ocio, entre ellos hoteles o gimnasios. Para los inoculados, el documento será efectivo la semana después de recibir la segunda dosis y estará en vigor durante seis meses. El plan ha sido recibido con escepticismo.
El sistema, inicialmente denominado “pasaporte Verde”, ha sido rebautizado como “pase verde” en un aparente intento de evitar las especulaciones de que también permitiría viajar sin restricciones al extranjero, informa Reuters. El ministro de sanidad dijo que la fecha estimada para implantarlo es el 23 de febrero. El sistema también valdrá para pacientes recuperados –una suerte de pasaporte de inmunidad, que ha sido una idea polémica durante la pandemia– y también para quienes hayan dado negativo por coronavirus dentro de las 72 horas anteriores.
Paralelamente, este lunes, Grecia e Israel firmaron un acuerdo para aliviar las restricciones de viaje a Grecia para los israelíes con prueba de vacunación, una medida que Atenas espera que apoye su intento de usar certificados de vacunación para salvar su golpeado sector turístico de cara a la temporada estival. Según el Gobierno griego, la medida puede marcar el camino para acuerdos similares con otros países más adelante, permitiendo a los turistas visitar sin restricciones adicionales, recoge Reuters.
Pero no solo hay en marcha proyectos de gobiernos: empresas privadas y asociaciones internacionales también están trabajando en este tipo de requisitos o insinuando planes en esta línea, lo que para muchos presagia algo que puede convertirse en una práctica común. Es el caso de algunas aerolíneas y compañías de cruceros. La Asociación de Transporte Aéreo Internacional (IATA) está creando un Travel Pass que permitiría a los pasajeros crear un “pasaporte digital” así como “verificar que su vacunación cumple la normativa y compartir los certificados de vacunación con las autoridades”.
El Foro Económico Mundial y la fundación Commons Project dicen que han convocado a más de 350 líderes del sector público y privado de 52 países para crear una plataforma tecnológica llamada CommonPass, que tiene como objetivo que los viajeros documenten su estado de COVID-19, incluyendo vacunas, para satisfacer requisitos de entrada en países.
También hay ejemplos en el mundo de los eventos culturales y deportivos. Ticketmaster, que vende entradas para espectáculos y conciertos, explicó en noviembre que está explorando opciones para los organizadores de eventos que quieran exigir en el futuro a los asistentes que presenten una prueba de inoculación. Una idea potencial, dijo la compañía, es encontrar una forma de que los asistentes vinculen su entrada digital al registro de vacunas, para que puedan entrar con un solo escaneo de su entrada. El presidente de la federación italiana de fútbol, Gabriele Gravina, se ha reunido con científicos que asesoran al Gobierno del país para abordar la reapertura parcial de los estadios del país a aficionados vacunados.
La idea de un documento que registre las vacunas recibidas porque algunos países lo requieren antes de ingresar no es nueva y tiene un estándar mundial oficial, el Certificado Internacional de Vacunación o Profilaxis, también conocido como carte jaune o tarjeta amarilla. Fue creado por la Organización Mundial de la Salud (OMS) y está reconocido a nivel mundial. Según el reglamento sanitario internacional, los Estados pueden exigir a los viajeros que presenten certificados de vacunación, pero esto se limita a enfermedades específicas enumeradas expresamente en uno de los anexos, que actualmente solo incluye la fiebre amarilla, y solo si se incluye en las recomendaciones de la OMS.
La OMS dice que está trabajando con sus socios para establecer las especificaciones de un certificado de vacunación digital para su posible uso tanto a nivel nacional como internacional. Y explica que independientemente de cualquier tecnología, la vacunación contra la COVID-19 de los viajeros internacionales “debe registrarse a través del certificado internacional” conforme al reglamento. “El mismo formato podría adaptarse una vez que las vacunas COVID-19 precalificadas por la OMS estén disponibles universalmente y se proporcionen recomendaciones relevantes”. Algunos expertos en enfermedades infecciosas han defendido que las vacunas contra el coronavirus podrían incluirse fácilmente en el certificado.
Este documento no es lo mismo que lo que se ha llamado pasaportes de inmunidad, una idea polémica que consiste en reflejar si una persona ha desarrollado anticuerpos en respuesta a la infección natural por coronavirus. El certificado de vacunación acredita si alguien ha recibido una vacuna COVID-19. “La principal distinción entre los dos es la naturaleza del incentivo. Los certificados de vacunación incentivan a las personas a vacunarse contra el virus, que es un bien social. Por el contrario, los pasaportes de inmunidad incentivan la infección”, explica en este artículo de la revista The Lancet Alexandra L. Phelan, de la facultad del Centro para la Ciencia y Seguridad de la Salud Global en la Facultad de Medicina de la Universidad de Georgetown.
Con el debate elevándose en muchos países, el 5 de febrero, la OMS publicó su posicionamiento provisional. Al menos por ahora, se opone a la idea de un pasaporte de vacunas contra la COVID-19 para viajeros internacionales. La agencia sanitaria ha pedido a los gobiernos y las empresas de transporte que no requieran una prueba de vacunación contra la COVID-19 como condición para la salida o la entrada en los países. Una de las razones es científica, la otra es ética.
En primer lugar, sigue habiendo una serie de incógnitas científicas, como la eficacia de las vacunas a la hora de reducir la transmisión –también para las nuevas variantes–, la duración de la protección, la protección contra la infección asintomática o cuánto tiempo antes de viajar deben administrarse las vacunas. La OMS dice que su recomendación evolucionará a medida que se recopile más evidencia.
La parte ética se centra en la disponibilidad aún limitada de vacunas y su distribución desigual en el mundo, que a su juicio puede profundizar las desigualdades ya existentes e introducir otras nuevas. En estos momentos, más del 90% de los países que están poniendo en marcha la vacunación contra el coronavirus son ricos. El 75% de los 128 millones de dosis desplegadas se concentran en solo diez países que representan el 60% del PIB mundial. Mientras tanto, casi 130 países, con 2.500 millones de personas, aún no han administrado ni una sola dosis.
“En el contexto actual, introducir este requisito tiene el potencial de obstaculizar el acceso global equitativo a un suministro limitado de vacunas y es poco probable que maximice los beneficios de la vacunación para las sociedades individuales y la salud global en general”, dice la agencia sanitaria. La OMS cree que un contexto como el actual, de reparto desigual, las personas que no tienen acceso a una vacuna autorizada verían “obstaculizadas injustamente” su libertad de movimiento. En caso de que en el futuro se introdujera este requisito, dice que “las vacunas deben ser aprobadas por la OMS, ser de calidad adecuada y estar disponibles universalmente”, para la protección de todas las personas.
Muy similar es la preocupación que planteó en diciembre Ana Beduschi, profesora de Derecho en la Universidad de Exeter (Reino Unido) en un informe sobre el impacto que puede tener el uso de “pasaportes de salud digitales” para viajar o acceder a espacios públicos y privados como restaurantes, iglesias o el transporte público. Si bien cree que la idea puede contribuir a la gestión de la pandemia a largo plazo, considera que hay cuestiones esenciales que afectan a la protección de la privacidad de los datos y los derechos humanos consagrados, dado que utilizan información sanitaria personal sensible, “crean una nueva distinción entre individuos basada en su estado de salud” y pueden determinar los derechos de los que se puede disfrutar, entre ellos a la intimidad, la igualdad y la no discriminación, así como las libertades de circulación o de reunión.
Una vez más, el problema principal es la falta de acceso. En otras palabras, los responsables políticos deben asegurarse de que las vacunas están disponibles y son accesibles antes de desplegar a gran escala estos pasaportes. Si no, corren el riesgo de “segmentar desproporcionadamente a la sociedad”, dice Beduschi. “Si las personas no pueden acceder a las vacunas, no podrán usar los pasaportes sanitarios y eso podría restringir considerablemente sus derechos si la tecnología correspondiente se utiliza para determinar, por ejemplo, quién puede o no puede viajar, entrar en un lugar de trabajo y asistir a reuniones públicas o privadas, como eventos deportivos y servicios religiosos”. Estos resultados, añade, se verían agravados por el efecto desproporcionado que la COVID-19 ha tenido en las comunidades de minorías étnicas y raciales en Reino Unido. También expresa su temor por el posible uso de tecnologías de reconocimiento facial para verificar la identidad.
El Consejo de ética de Alemania, que incluye a expertos en Derecho, Medicina y Filosofía y es una guía importante durante la crisis sanitaria en el país, también se ha pronunciado sobre el tema recientemente. En concreto, se centra en si debe haber o no reglas especiales para personas vacunadas y su conclusión es que en la actualidad es “inaceptable levantar las restricciones estatales a las libertades civiles de forma individual”, entre otras cosas porque “no se puede excluir con suficiente certeza la posibilidad” de que las personas inoculadas sigan propagando el virus. También temen que introducir privilegios especiales para los vacunados que los que aún están en la cola estén menos dispuestos a esperar su turno. Sí creen que puede estar éticamente justificado que se alivien las medidas como las limitaciones de visitas en el caso de las personas mayores que viven en residencias de ancianos y hayan sido vacunadas por la carga que ya han soportado. Sobre el sector privado, consideran que también hay que tener en cuenta la libertad de empresa.
El debate también ha cobrado fuerza en Francia, un país que tiene altos niveles de reticencia a las vacunas y donde varios críticos piensan que los pasaportes de vacunación podrían ser vistos como una forma de hacer obligatoria la inoculación. El presidente Emmanuel Macron defendió en la UE que la posibilidad de un pasaporte comunitario sea tratada “con mucha cautela”. El secretario de Estado de Asuntos Europeos galo ha explicado las reservas: “Este debate de hoy no es necesario, sería chocante decir, al empezar la campaña en toda Europa, que hay un pasaporte con más derechos para unos que para otros”.
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